El Congreso de El Salvador prohibió este miércoles 20 de octubre las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, mientras que el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, negó que la medida sea para impedir protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele.
Antilavado de Dinero / DW.
La medida, aprobada solo tres días después de que miles de salvadoreños protestaron en las calles de la capital, incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal.
El decreto legislativo suspende hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que «impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad».
La iniciativa, que contó con el apoyo de 63 de los 84 diputados, señala que la Fiscalía podrá investigar de oficio su incumplimiento y que las personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas serán multadas hasta con 36.000 dólares y podrían ser acusadas penalmente por desobediencia.
Quedaron fuera de esta prohibición los eventos culturales y deportivos, a pesar de que expertos han señalado que los recientes partidos de la selección nacional de fútbol, jugados con más de 28.000 personas, han acelerado los contagios de la covid-19.
En los cuatro juegos que ha disputado El Salvador como local en la eliminatoria rumbo al mundial a Catar 2022, a pesar de la presencia de delegados del Ministerio de Salud para exigir el comprobante de vacunación, se han observado personas sin mascarillas y sin respetar la distancia física.
El decreto faculta al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional Civil (PNC) para suspender los eventos o prohibir la entrada a quienes no cumplan los requisitos.
Pese a que la misma iniciativa indica que únicamente quedan fuera la prohibición los eventos culturales y deportivos, señala que en «casos excepcionales» podrá autorizar otro tipo de concentraciones que cumplan con las medidas de bioseguridad.
Decreto aprobado sin discusión
El decreto, aprobado sin discusión en una comisión ni mayor debate parlamentario, fue promovido por Castro, también exsecretario privado del presidente Bukele, y la diputada Suecy Callejas, ambos miembros del partido Nuevas Ideas (NI, oficialista).
Castro negó que la prohibición sea para evitar las protestas contra el Gobierno.
«En ningún momento se le está coartando la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, pueden seguirlo haciendo. El único objetivo de lo que se está aprobando es que simplemente se haga con las medidas necesarias», señaló el líder de la Asamblea Legislativa.
El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno Enrique Anaya afirmó en redes sociales antes de la aprobación que el decreto implica «la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, estableciendo de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país».
La activista de derechos humanos Verónica Reyna indicó en Twitter que el partido oficialista Nuevas Ideas «busca prohibir concentraciones y eventos públicos, facultando a la @FGR_SV (Fiscalía), también afín a los intereses del presidente, a actuar de oficio contra quien las convoque o promueva».
Añadió que esto se traduce, a su juicio, en una «criminalización de la protesta».
Desde el 15 de septiembre pasado, miles de salvadoreños han protestado en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva «autoritaria».
También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema, que son señalados de ser afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.
