El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad de las políticas antilavado se ha intensificado, especialmente en Argentina.
InSight Crime conversó, sobre los desafíos estructurales que hay detrás del lavado de activos en el país, con Juan Félix Marteau —presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires y dos veces coordinador nacional para el combate de los delitos financieros—.
InSight Crime (IC): La UNODC estima que entre el 2% y el 5% del PIB global se lava cada año, pero solo el 0,2% de esos fondos es confiscado. ¿Cuáles piensa que son los principales obstáculos que limitan la efectividad de las políticas contra este tipo de dinámica criminal, particularmente en América Latina?
Juan Félix Marteau (JFM): Como punto de partida, hay que considerar las dificultades que tienen los países de la región para adaptarse a los estándares internacionales por la falta de recursos materiales, tecnológicos y humanos; las inestabilidades políticas; las crisis económicas, entre otros. Pero también hay que contemplar que existen problemas intrínsecos al modelo y a la metodología del proceso de estandarización global en esta materia.
Con relación a esto último, considero que los sistemas antilavado de activos son ineficaces, esencialmente, porque tienen por objeto, casi único, la economía formal y, en particular, el sistema financiero regulado. Todos los países hoy desarrollan políticas de debida diligencia de sus clientes y de reporte de operaciones sospechosas. Todos producen inteligencia financiera con estos insumos. El gran problema es que nuestros sistemas nacionales desconocen no solo la naturaleza y la extensión de las economías informales en las que actúan los grupos criminales, sino también su profunda imbricación y articulación con la economía formal.
IC: ¿De modo que considera que existen diferencias respecto al lavado de activos entre Latinoamérica y otras regiones del mundo?
JFM: Definitivamente. Los estándares globales en esta materia se han diseñado siguiendo los lineamientos de un modelo económico propio de las economías desarrolladas, que son, por supuesto, las que lideran el mecanismo global rector, el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Por ejemplo, Estados Unidos tiene como referencia una economía informal que oscila entre el 5% y el 8% de su PIB. Otros países, como Inglaterra, Francia, Alemania, pueden tener algunos puntos más de informalidad de acuerdo a la coyuntura. Pero nunca estamos hablando de economías que tienen una informalidad que oscila entre el 30 y el 40% o más, como ocurre en Argentina y en la región.
IC: Y con respecto a la magnitud de esta dinámica criminal, ¿considera que existe algún tipo de dificultad para medirla en Argentina?
JFM: La evaluación mutua de Argentina ante el GAFI, finalizada a fines del año pasado, concluye que en el país se lavan US$30.000 millones y que la cantidad de bienes ilícitos decomisados es, solamente, de un poco más de US$27 millones por año. Es decir, que la cantidad que se decomisa ni siquiera llega a una ratio aceptable, siendo menor al 0,1%. Ahora, ¿cómo GAFI llegó a esa conclusión? No sabría decirlo, considerando que no fue explicitado el método utilizado para llegar a tal resultado. Aunque creo que hay una sobreestimación de la inefectividad de las políticas argentinas, eso no impide reconocer los déficits estructurales que existen en el país a la hora de llevar adelante el combate sobre la criminalidad económico-financiera.
El desafío hoy es reconstruir, con urgencia, la definición de cuáles son los intereses nacionales que afectan las amenazas de carácter transnacional, como son, no solo el narcotráfico, sino también la financiación del terrorismo en la triple frontera y la pesca ilegal en nuestra plataforma continental. Todas estas actividades generan una enorme cantidad de recursos ilícitos que debemos contrarrestar.
IC: Y, en cuanto a la respuesta penal en este tipo de delitos en Argentina, ¿cuál es su perspectiva?
JFM: Si se considera el resultado bruto de 91 condenas por lavado de activos [en cinco años], tomando los datos oficiales, parece no haber dudas de que nos encontramos frente a un nivel significativo de inefectividad del sistema penal, sobre todo si analizamos que no todas esas condenas recayeron en casos relevantes.
Para que se entienda: GAFI les propone a los países que organicen un sistema nacional ciertamente complejo donde hay objetivos de mitigación, prevención y de represión, pero si uno observa bien el funcionamiento del mismo, el punto de condensación más importante de su éxito parece estar al final de cuentas en los resultados que produce la justicia penal tradicional. Pero, esta, por default, tiene serias dificultades en su diseño y sus capacidades para absorber la complejidad que significa llevar adelante investigaciones financieras cuyo objetivo central sea desmantelar los negocios y las estructuras financieras de una criminalidad de porte.
Es inaceptable que nuestros políticos hayan descargado esta enorme misión en fiscales y jueces que sabemos que no tienen ni esa responsabilidad ni las facultades para hacerlo. Por ello, insisto: la política tiene la última palabra en esta materia.
IC: Y, en este sentido, ¿Argentina está integrada a redes transnacionales o hay un lavado de activos que responde meramente a circuitos domésticos?
JFM: Por definición, el lavado de activos tiene una naturaleza transnacional. El propio cambio de moneda local por dólares implica ya la transnacionalización de un fenómeno que podría aparentar ser estrictamente local. Resguardar en un banco el producido de la venta de cocaína boliviana también transnacionaliza el fenómeno. Además, el banco local, tiene necesariamente vínculos con la banca internacional que le sirve necesariamente de corresponsal.
Como puede verse, la criminalidad financiera es esquiva a encapsularse en un marco nacional. A los bancos extranjeros que han protegido el producido de la corrupción sistémica en Argentina hubo que activarlos judicialmente para que reconocieran esta circunstancia. La respuesta es que, tarde o temprano, el lavado se transnacionaliza. Allí radica una de las mayores dificultades de interceptar a tiempo.
IC: Usted sostuvo, anteriormente, que una de las principales amenazas en el país proviene del narcotráfico. ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica criminal en el país? ¿Considera que se ha intensificado el vínculo con las estructuras de las financieras ilícitas?
JFM: Creo que el fenómeno del narcotráfico, definitivamente, se ha intensificado. Hace una década no estaba en la agenda como un problema de significación, en el sentido que Argentina siempre fue pensada solamente como un país de tránsito de droga. Ahora bien, esto ha mutado completamente. Se ha llegado a récords históricos. Ese problema tuvo un nombre concreto que es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Porque el acontecimiento novedoso, también inédito que produjo el narcotráfico, es la cantidad de muertes. Ese fenómeno produjo una visibilidad que nunca tuvo.
¿Entonces, cuál es el desafío? El desafío es preguntarse y poder contestar adecuadamente: si el narcotráfico produjo tantas muertes y después dejó de producirlas en la magnitud que venía haciéndolo [en 2024 la tasa de homicidios de la provincia fue de 4,83 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja después de una década] ¿cuáles son las causas? Uno puede responder: fueron juzgados y encarcelados los líderes de las bandas criminales.
Pero mi pregunta concreta es: el negocio que estaba detrás sosteniéndolo, que era estrictamente el tráfico y la comercialización de drogas en esa jurisdicción y en todo el cordón que une a la ciudad de Rosario con el conurbano de Buenos Aires y la Capital Federal, ese negocio ilícito ¿desapareció? ¿o pasó algo que tiene que ver con la propia evolución del narcotráfico que, después de que se producen los descabezamientos, después de las guerras territoriales, hay un reacomodamiento de los grupos criminales? Entonces ahí tenemos un desafío enorme que es entender en qué medida, más allá de bajar las muertes, hemos logrado deteriorar las capacidades económico-financieras de estos grupos criminales.
IC: Para finalizar, ¿cómo se encuentra hoy Argentina comparada a otros países de la región respecto a la lucha contra el lavado de activos?
JFM: Argentina está en un momento de inflexión. Tiene capacidades para golpear las estructuras del lavado de dinero. Y creo que en eso todavía tenemos un oxígeno mayor que otros países de la región, donde el crimen organizado ya tiene una musculatura enorme y ha penetrado en los sectores de decisión política.
Sabemos que la criminalidad organizada ha penetrado en las instancias de control territorial más inmediato en nuestro país: ciertos segmentos de la policía, algunos jueces, algunos legisladores, y también que la corrupción cuenta con un manto importante de impunidad. Sin embargo, nuestra dirigencia no se encuentra tomada o penetrada por completo por las mafias. Por ello, es muy importante, que las autoridades nacionales y provinciales, reconozcan la estrategia que implica obstaculizar o reducir el margen de acción de los negocios ilícitos vinculados al crimen organizado y al terrorismo.
Tenemos la chance, aún, de obstaculizar el afincamiento del dinero ilícito en nuestras campañas políticas. En definitiva, el problema de las economías criminales no afecta esencialmente a la integridad del sistema financiero, como pretenden los globalistas, sino a la seguridad de nuestra comunidad concreta, algo que está en el propio núcleo del campo político.
