EE.UU., la ONU y algunas ONG de derechos humanos han estimado que más de un millón de musulmanes habrían sido detenidos en campos de internamiento en el oeste de China. Pekín ha negado las acusaciones.
«El Gran Hermano te vigila». Esta frase de la novela 1984, de George Orwell, referida al ojo autoritario que todo lo observa, podría aplicarse a la situación que se estaría viviendo en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en las profunidades del oeste de China. Según lo que denuncia Estados Unidos, la ONU y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ciudadanos de minorías étnicas musulmanas son fuertemente vigilados en su diario vivir con la tecnología más sofisticada.
Otros –miles e incluso millones de ellos– han sido ingresados a la fuerza, y de forma arbitraria, en campos de internamiento donde son maltratados con el fin de que adquieran el idioma y las costumbres chinas.
China reconoció en octubre del año pasado, luego de presiones internacionales, la existencia de campos de «reeducación» con el fin de capacitar laboralmente a dichos grupos étnicos y poner fin al terrorismo, el separatismo y el extremismo que han afectado a esa zona: las denominadas «tres fuerzas» definidas por el gobierno de Xi Jinping.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, planteó el 27 de marzo, por este caso, que el mundo «no puede aguantar la vergonzosa hipocresía de China hacia los musulmanes».
China has detained more than one million #Uighurs, ethnic #Kazakhs, and other #Muslim minorities in internment camps in #Xinjiang since April 2017. The U.S. stands with them and their family members. China must release all those arbitrarily detained and end its repression.
Los principales afectados de estas políticas han sido los uigures, una etnia túrquica que forma parte de las 55 etnias minoritarias de China que representan el 7% de su población (la etnia han es la mayoritaria, con casi un 92%). Otros pueblos que también se han visto perjudicados han sido los kazajos y uzbecos, entre otros.El origen de la represiónsubir
La abrumadora mayoría de la etnia han no se proyecta en todo el territorio chino: los uigures son la minoría étnica de mayor número en la Región de Xinjiang. Según el último censo realizado en 2010, la población uigur representaba casi el 46% del total de la región, y la etnia han, el 40%. En conjunto, las etnias minoritarias forman parte del 59% de los casi 22 millones de habitantes de Xinjiang, que es una de las dos regiones, junto con el Tíbet, donde la etnia han es superada en número.
Al igual que el Tíbet, Xinjiang ha sido desde sus orígenes una piedra en el zapato para las autoridades chinas. Entre las décadas de 1930 y 1940 –coincidiendo con un periodo de grave debilidad de China a causa de la invasión de Japón– hubo dos intentos de formar un país independiente musulmán en la actual Xinjiang, pero tuvieron corta duración.
Luego del triunfo en 1949 de la Revolución China, fue fundada en 1955 la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Desde entonces ha sido fuente de conflictos entre las minorías étnicas musulmanas, quienes no se sienten parte del dominio chino, y el gobierno central, que ha aplicado la fuerza para reprimir estos movimientos y ha fomentado la colonización del territorio por personas de la etnia han.
El fuerte sentimiento separatista de ciertos sectores de la población musulmana se agravó a partir de la década del 90. Pero fue en 2009 cuando se produjeron los hechos de mayor violencia en la historia de Xinjiang y, según el gobierno chino, «los peores desde la fundación de la Nueva China». Miembros de las minorías étnicas salieron a las calles y se enfrentaron con la policía.
Además, según lo que denunciaron las autoridades, estos grupos atacaron a residentes y locatarios de la etnia han. Todos estos hechos se saldaron con más de 150 muertos y más de mil heridos.
Desde ese momento se empezaron a aplicar medidas más severas para controlar los intentos separatistas y aplacar la violencia. En 2016, el dirigente Chen Quanguo, reconocido en China por haber controlado el separatismo en el Tíbet, se convirtió en secretario del Partido Comunista de Xinjiang.
Desde ese momento comenzó a replicar en esta región las medidas que tan escalofriantes resultados le habían dado en el pasado, e incluso más: construcción de campos de internamiento, instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial, controles biométricos (voz, huellas dactilares e iris), cierre de mezquitas y confiscación de pasaportes para las minorías musulmanas.
«Esta es la primera vez que el Estado chino moderno intenta atacar y eliminar la cultura, la religión y las sociedades de las minorías musulmanas turcas en China. Desde el comienzo del período comunista en 1949, intentaron transformar poblaciones, borrar la religión y las sociedades, pero en el pasado intentaron hacer esto a muchos grupos de personas, no solo a musulmanes turcos. Lo que hace que la situación actual sea diferente es la forma en que el Estado ha promovido activamente la colonización de la patria uigur y ha apoyado a colonos con el Estado tecno-policial, utilizando sistemas de vigilancia y campos de internamiento», afirma a PAUTA el académico de la Universidad de Washington y especialista en Xinjiang, Darren Byler.
Según una investigación de la agencia Reuters, a partir del estudio de imágenes satelitales, unos 39 campos de internamiento se encuentran en Xinjiang, cuyo número de instalaciones casi se ha duplicado entre 2017 y 2018, pasando de 539 a mil 129 edificios.
El aumento de instalaciones de detención debe ir de la mano con un incremento en el presupuesto de seguridad interna. Según un informe del académico alemán Adrian Zenz, del centro de estudios Jamestown Foundation, el gasto en instalaciones de seguridad en Xinjiang aumentó, de 2016 a 2017, en 231%, alrededor de US$ 2.900 millones. En cambio, el gasto en formación profesional disminuyó un 7%, teniendo en consideración que las autoridades chinas han dicho que los campos de internamiento son centros de capacitación laboral.
Sin embargo, no todas las minorías serían objeto de medidas represivas por parte de las autoridades chinas. Las acciones se han centrado más en la población uigur, kazaja o uzbeca, que poseen rasgos físicos e idiomáticos más distintivos respecto de los han.
«Es importante tener en cuenta que los musulmanes chinos no turcos, o hui, no son atacados de la misma manera que los musulmanes turcos. Hay al menos tres razones para esto. Los hui pueden pasar como han, hablan chino y no tienen un reclamo histórico de territorio soberano. Lo mismo no es cierto para los musulmanes turcos, particularmente los uigures.
Los uigures son vistos como un grupo etno-racial separado de la mayoría han. No pueden pasar como han, ya que son un pueblo turco que se parece más a las personas de Irán, Afganistán o Turquía que las personas que a menudo asociamos con China. También hablan un idioma diferente, uigur, como su primer idioma. En el pasado tenían su propio país, Turkistán Oriental, y siguen queriendo autonomía y, en algunos casos, independencia. Todas estas razones combinadas es lo que las hace parecer más amenazadoras para el Estado chino», asegura Byler.Estado «orwelliano»subir
La fuerte vigilancia del Estado chino a sus habitantes se da en todas las regiones del país. Sin embargo, esta se acentúa en sectores más conflictivos, como en Xinjiang.
China es, a nivel mundial, uno de los países con mayor cantidad cámaras de seguridad instaladas en su territorio; según un estudio de IHS Markit en 2016 contaban con 176 millones de cámaras –Estados Unidos tenía ese año 50 millones de cámaras–. El mismo informe estima que para 2020 tendrán cerca de 626 millones de aparatos activos para vigilar a sus cerca de mil 400 millones de habitantes.
Los proveedores de gran parte de dichos aparatos son las empresas chinas Hikvision y Dahua. Esas compañías lideran el ranking mundial de ingresos en el rubro de seguridad, según un informe elaborado por Asmag. El principal accionista de Hikvision, con casi un 42% de los activos, es el Estado chino.
Según una carta enviada por un grupo de legisladores estadounidenses, estas dos empresas chinas «se han beneficiado enormemente de la oleada en el gasto de seguridad, ganando, según informes, más de US$ 1.200 millones en contratos gubernamentales [de China] para proyectos de vigilancia a gran escala». Por lo tanto, solicitaron sanciones por ser «entidades que asisten a los funcionarios de Xinjiang en detenciones masivas y la vigilancia de minorías étnicas».
En 2017, la ONG Human Rights Watch denunció a las autoridades de Xinjiang por la recopilación de una serie de datos biométricos a sus habitantes, como escáneres de iris, huellas dactilares, muestras de sangre y de ADN para crear una base de datos de control de la población. HRW informó, además, que la empresa estadounidense Thermo Fischer Scientific proveía tecnología a los funcionarios de la Región de Xinjiang para la secuenciación de ADN.
El senador republicano Marco Rubio envió el 8 de febrero de este año una misiva al director ejecutivo de la empresa en cuestión para pedir explicaciones. Finalmente, el 20 de febrero Thermo Fischer decidió cancelar sus negocios con las autoridades de Xinjang.
También en febrero de este año, el hacker holandés Victor Gevers descubrió la existencia de una base de datos perteneciente a la compañía china de reconocimiento facial SenseNets, que contenía información detallada de más de 2,5 millones de personas, como sus direcciones, sus fechas de nacimiento, sus lugares de trabajo y los movimientos que realizan durante el día. Dicha empresa mantiene convenios con la policía de distintas regiones y provincias de China. Posteriormente se descubrió que la mayoría de los datos correspondían a habitantes de la Región de Xinjiang, y una parte de estos a personas de la etnia uigur.
Rica en recursos naturales como gas natural, carbón y petróleo, la región situada al noroeste de China –y la división administrativa de mayor superficie del país– limita con múltiples países: Mongolia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. Es un punto de gran importancia en el comercio y transporte terrestre. Por ese mismo territorio se encuentran los vestigios de la antigua Ruta de la Seda.
Actualmente, Xinjiang es un punto medular dentro del ambicioso megaproyecto de Xi Jinping denominado como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también llamada Nueva Ruta de la Seda. Una parte de ese programa consiste, entre otras tantas medidas, en la construcción de nuevas líneas férreas, gaseoductos y oleoductos que conecten los centros indsutriales y portuarios del este de China con los países del occidente euroasiático. Para lograr aquello, el gobierno chino ha comprometido préstamos a países en desarrollo de Asia Central (de mayorías musulmanas y quienes no se han manifestado por las denuncias que recaen sobre China) para el desarrollo de infraestructura necesaria para el proyecto. Ver imagen en Twitter
El presidente chino, Xi Jinping, también lideró una vistosa gira por Europa con la promoción de este proyecto.
ALD/PautaCl
Reacciones de la comunidad internacionalsubir
Las denuncias de organizaciones de derechos humanos han hecho ruido en diversos países occidentales y en la ONU. De hecho, Estados Unidos, mediante su Departamento de Estado, ha denunciado la detención de millones de personas de minorías musulmanas en un informe emitido en diciembre del año pasado.
«Algunos de los peores abusos contra los derechos humanos se producen sin control en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Desde abril de 2017, las autoridades chinas han detenido al menos a 800.000 y posiblemente a más de dos millones de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en campos de internamiento por períodos de tiempo indefinidos. Esta es la evaluación del gobierno de los EE. UU., respaldada por nuestra comunidad de inteligencia y los informes de código abierto», dice el documento.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya había emitido un documento en septiembre de 2018 en que afirmaba estar «alarmado» por las denuncias de detenciones arbitrarias en campos de internamiento, confiscación de pasaportes para viajar, controles biométricos y control policial de los aparatos móviles de los habitantes de las etnias minoritarias musulmanas.
En agosto del año pasado, un grupo de congresistas estadounidenses, liderados por el senador Rubio, enviaron una carta al secretario de Estado Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para instarlos a aplicar sanciones, dentro del marco de la Ley Global Magnitsky, a funcionarios chinos implicados en violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. En la lista se incluye al secretario del Partido Comunista en Xinjiang, Chen Quanguo. Además, en enero de este año otros legisladores norteamericanos presentaron en el Congreso el proyecto de ley de Política de Derechos Humanos de Uyghur de 2019, con los mismos fines sancionatorios. Sin embargo, el presidente Donald Trump aún no se ha referido a lo que ocurre en Xinjiang.
Desde el 25 de febrero hasta el 22 de marzo se realizaron las sesiones del 40° Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia donde participó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. En ella se abordó el informe sobre el Examen Periódico Universal de China, que se elaboró en noviembre del año pasado. En aquel documento, 14 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Alemania, se refieren a Xinjiang y a la situación de las minorías musulmanas, especialmente a los uigures. Algunos de estos piden el cierre de los campos de internamiento y el fin de las medidas discriminatorias a los uigures, otros solicitan la visita de observadores de la ONU a la región. Chile hace tres recomendaciones, pero no hace alusión directa a la situación de Xinjiang.
«Mi oficina busca involucrarse en este tema con el gobierno [de China] para obtener un acceso completo para realizar una evaluación independiente de los informes continuos que señalan los amplios patrones de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, particularmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Esta área se encuentra en el centro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que permite corredores terrestres a Asia Central, Asia Meridional y Europa, y estoy convencida de que la estabilidad y la seguridad en esta región pueden ser facilitadas por políticas que demuestren el respeto de las autoridades a todos los derechos de las personas», dijo Bachelet el 6 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
No solo a Venezuela: los otros gobiernos a los que Bachelet criticó
El 15 de marzo, los representantes de China ante el consejo decidieron aceptar 284 de las 346 recomendaciones totales que presenta dicho examen, que se hace cada cinco años. Las 62 restantes, entre las que se incluyen las solicitudes respecto a la situación de Xinjiang, no las consideraron debido a que contenían «orientaciones políticas, se basaban en información inexacta o no se ajustaban a las prioridades nacionales». El consejo finalmente decidió aceptar el Examen Periódico Universal de China.
«Si cualquier otro gobierno en el mundo estuviera deteniendo arbitrariamente hasta un millón de musulmanes, es probable que ya hubiera habido un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, una misión de investigación a la región y/o discusiones sobre la rendición de cuentas. Pero el increíble poder político y económico de China está haciendo que otros gobiernos se muestren reacios a responsabilizarle por estas graves violaciones de derechos humanos», afirma a PAUTA la directora de China de la ONG Human Rights Watch, Sophie Richardson.
El lunes 18 de marzo el gobierno chino sacó a la luz su libro blanco, denominado El combate contra el terrorismo y el extremismo y la protección de los derechos humanos en Xinjiang. En aquel documento se establece que desde 2014 se «ha desarticulado 1.588 bandas violentas y terroristas, arrestado a 12.995 terroristas, incautado 2.052 artefactos explosivos, castigado a 30.645 personas por 4.858 actividades religiosas ilegales y confiscado 345.229 copias de material religioso ilegal», según informa el medio estatal Xinhua.
Son números. Cifras. Pero como decía Orwell en 1984: «La cordura no depende de las estadísticas».
