Qué pasa cuando los criminales tienen infiltrados en las fiscalías. Una compleja investigación permitió sacar a la luz que una persona que trabaja en la Fiscalía Regional Rosario filtró información a la banda de Los Monos. En esa pesquisa una violenta facción del grupo quedó imputada por atentados, homicidios, extorsión a comerciantes y por el manejo de una red de más de 30 garitos clandestinos dispersos en la ciudad y localidades vecinas.
Antilavadodedinero / SantaFe
Cada vez que los fiscales de la unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario abren una investigación detectan sorprendentes vinculaciones del mundo del hampa local con distintos niveles de la policía, sean uniformados retirados o en actividad, que prestan colaboración directa a las bandas criminales. Los ejemplos sobran en los últimos tiempos.
Ex jefe de la Unidad Regional VI entre agosto de 2008 y diciembre de 2009.
Hasta mediados del año pasado los hermanos Martín y Marcelo Rey, miembros de la disuelta Policía de Investigaciones (PDI) fueron colaboradores estrechos de los fiscales de las unidades de Homicidios e Investigación y Juicio. Se sentaban en una mesa chica donde los funcionarios judiciales les confiaban procedimientos o información clasificada.
Sin embargo, en junio de 2019 cayó un baldazo de agua helada en los pasillos del MPA. Se determinó que esos dos policías eran parte de la organización de Esteban Lindor Alvarado, detenido por instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado y por comandar una asociación ilícita con apariencia legal sospechada del tráfico de droga a escala mayorista.
Marcelo y Martín fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley. Están acusados de sembrar pistas falsas para que los fiscales creyeran que a Maldonado lo habían mandado a matar Los Monos, enfrentado con Alvarado, el hombre para el que trabajan en las sombras.
En ese momento se sacudieron las estructuras del Centro de Justicia Penal de Virasoro y Mitre. Varios fiscales confesaron perturbados que no podían creer cómo dos uniformados con los que compartían charlas, procedimientos y medidas casi secretas, terminaran embarrados hasta el cuello.
Lo que se destapó esta semana determinó otra escala de operación de Los Monos, que diversificó negocios extorsivos con mano de obra violenta aún activa en las calles de Rosario. Se trata de un contacto civil que tendría el grupo criminal dentro de la propia Fiscalía de Rosario.
Comisario mayor retirado retirado Alejandro Torrisi.
Como ya quedó al descubierto en distintas causas, se sabe que desde la cárcel Ariel Máximo Guille Cantero, líder de Los Monos, dispone de tiratiros baratos que se dedican a exigir dinero a comerciantes, a quienes le meten “mafia o balas” si no pagan un canon mensual.
Las intimidaciones van desde una rústica esquela escrita sobre un pedazo de cartón que dejan a mano de la víctima de los aprietes con el monto de dinero exigido. Si no acceden al pedido sobrevienen las amenazas de muerte, temerarias ráfagas de disparos sobre fachadas de negocios y casas. Entre las opciones de esa perinola absurda también figura la muerte.
¿Cómo empezó todo?
Aunque el MPA ya había constatado esa modalidad en atentados al Sindicato de Peones de Taxis, a los dirigentes de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) o dueños de bares de Pichincha, el conmocionante crimen de Enrique Encino el 11 de enero en el Casino City Center Rosario fue una de las puntas de las que tiraron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para poner en evidencia la modalidad extorsiva de Los Monos.
Luego siguieron la pista de una red de garitos clandestinos, se estima que más de treinta, que regenteaba la banda en distintos barrios marginales de la ciudad y localidades cercanas. Una máquina de multiplicar dinero a costilla de la necesidad de gente humilde que van en busca de la salvación en momentos de crisis.
En el marco de esa investigación, el lunes quedó detenido el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo sorprendió al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo que intentó disimular en un sobre.
El miércoles cayó presa Flavia Broin, sobrina del comisario retirado Marcelo Villanúa y pareja de Maximiliano «Cachete» Díaz, el hombre de Los Monos detenido desde el 15 de por planificar el atentado al casino que terminó con la vida de Encino.
Contacto en la Fiscalía
Junto a otras tres personas fueron llevados a una audiencia imputativa que se desarrolló entre jueves y viernes. Allí los fiscales ventilaron detalles y roles de cada uno de los integrantes del grupo; una investigación que vincula a otras cinco personas que permanecen prófugas.
Cahete Díaz, Alejandro Alberto Torrisi, Flavia Rocío Broin, Otniel De León Almonte -un ciudadano dominicano preso como coautor del crimen del policía Cristian Ibarra, quien habría entregado el arma para la balacera al casino- y José Sebastián Perlo fueron imputados de conformar una asociación ilícita cuyo objetivo era obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando a “Guille” Cantero.
Los prófugos fueron identificados como Leonardo Andrés Peiti, Damián Díaz, Hernán “Chema” Quinteros, Claudio “Cadi” Humberto Ricaldes y Mariano Ruiz. Según los fiscales todos están involucrados en maniobras relacionadas a “la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados casinos ilegales”.
La estremecedora revelación que hicieron los fiscales durante la audiencia es la presunta complicidad de personal del MPA con miembros del grupo delictivo, justo antes del atentado al casino, el 9 de enero, cuando dos jóvenes fueron apresados con armas en un operativo de Gendarmería.
Flavia, la novia de Cachete Díaz también detenida.
Una pericia al teléfono de Cachete Díaz determinó que le pidió a Peiti que tocara a sus contactos para conocer la situación procesal de esas dos detenidos miembros de la banda, y lograra incluso la liberación de uno de uno de ellos.
Tras recibir la orden de Cachete, Peiti le pidió ese favor al policía Torrisi. Pero el ex jefe policial le contestó que no podía hacer nada porque ya se había formado el legajo judicial. Sin embargo, Peiti apeló a su contacto en el Centro de Justicia Penal, una persona que se desempeña en Fiscalía y que hasta el momento no fue identificada.
En un mensaje de whatsapp le pasó el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera para favorecerlo. El contacto en la Fiscalía respondió al instante: dijo que Quintero había sido imputado por encubrimiento al circular en un auto robado, y que además tenía un arma calibre 9 milímetros, y que había sido imputado por la portación del arma de guerra.
El nexo en el MPA sumó un dato significativo para advertir que él no podía hacer demasiado para beneficiar al detenido. “No tengo la causa yo”, respondió el buchón. No obstante le aclaró a Piti que haría una última gestión intercalando “un comentario”. Finalmente lo tranquilizó al describir que como no tenía antecedentes, en un mes podrían salir en libertad.
Apenas recibió el mensaje de su contacto en la Fiscalía, Peiti se lo reenvió a Cachete Díaz. Su preocupación por esos dos hombres de la banda tenía sustento. Eran los elegidos para llevar a cabo el atentado al casino, que finalmente se concretó con otros gatilleros dos días después, uno de ellos el coimputado ciudadano dominicano De León Almonte.
Todos los integrante de la banda quedaron en prisión preventiva efectiva tras una decisión de la jueza Valeria Pedrana, que convalidó el encuadre legal que escogieron los fiscales. “La asociación contaba con cuatro grupos de personas cuyas tareas era involucrarse en negocios ilegales de quiniela clandestina y casinos ilegales. Y prestaban colaboración para obtener cobertura institucional en agencias policiales y/o judiciales”, remarcaron Schiappa Pietra y Edery.
Además de situar a Cachete Díaz como el líder de la banda y a su novia como la recaudadora de los negocios, los fiscales hicieron un repaso de al menos cinco hechos extorsivos donde abordaban a las víctimas y les exigían el pago de miles de pesos a cambio de no matarlos, balear a familiares o atentar contra sus negocios o propiedades. Algunas de esas personas hasta debieron abandonar la ciudad agobiadas por los aprietes.
Sacudón en el Centro de Justicia Penal
Pero el dato que ventilaron sobre la conexión dentro del MPA generó un nuevo sacudón político institucional al interior de ese organismo y en las esferas del gobierno. El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, no anduvo con vueltas y hasta aseguró que “fue un fiscal” y no un empleado el que le brindó la ayuda a la banda.
Luego de varios días sin hablar, sobre todo después de la muerte del pastor y el concejal Eduardo Trasante, Sain insistió con una idea que repite desde que asumió: “Este gobierno está dispuesto a sacar la basura debajo de la alfombra y ponerla arriba de la mesa, sea quien sea, policías, sectores de la Justicia o la política. El mundo criminal tiene éxito en la medida que cuente con una eficaz protección del Estado, a eso hay que desactivarlo”, indicó en declaraciones a LT8.
Es que a la afectación institucional de lo ocurrido con los hermanos Rey en 2019 le siguieron los cuestionamientos al fiscal regional Patricio Serjal, con pedido de suspensión y bajo investigación de la comisión Bicameral de la Legislatura por incompatibilidad ética, ya que compró dos autos en la concesionaria de un hombre al que favoreció con el archivo de una causa por estafa. Serjal también hizo declaraciones en referencia al contacto de Los Monos que se mueve a metros de su despacho: “Es de una gravedad institucional enorme”, indicó el funcionario.
La Legislatura también tiene bajo estudio el rol del fiscal de la unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta. Es por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval, el hombre que baleó la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti y fue asesinado en octubre del año pasado en un chalé de la Florida propiedad de un juez.
Se podría sumar a ellos el escándalo del ex fiscal de la unidad de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo, a cargo de investigaciones resonantes. En 2017 el funcionario quedó en el ojo de la tormenta cuando se descubrió que había ordenado escuchas a los teléfonos de su ex pareja, su padre y de dos amigas de ella, ambas profesionales ligadas al Poder Judicial.
Recién el año pasado lo imputaron como autor de los delitos de “peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad Ideológica y uso de instrumento público», todo agravado por su calidad de funcionario público.
