Aún sin tener aún los estudios de riesgos a la salud y el medioambiente frente a las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos, el Gobierno colombiano inició el proceso para que vuelva el glifosato, pero el Gobierno del presidente Duque ha insistido, aún falta tiempo.
Por El Tiempo/AL
El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Justicia de Colombia publicó el proyecto de decreto que regulará las fumigaciones, y hasta el 30 de enero se recibirán comentarios de los ciudadanos sobre el mismo, tras de lo cual entrará en vigor, pero esto no reanuda automáticamente la técnica, que fue suspendida por la Corte Constitucional hasta que se cumplan varios requisitos para proteger la salud de los ciudadanos y el medioambiente.
Para ello se necesita el aval del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), estudie las evidencias que los riesgos para la salud y el medioambiente por las fumigaciones aéreas pueden mitigarse.
La propuesta para levantar la prohibición de las fumigaciones aéreas que estudiará en ese momento el Consejo deberá ser presentada por la Policía, como ejecutor del programa de aspersión, según dijo el Ministerio.
En el Consejo, el Gobierno tiene las cartas a su favor, pues en ese organismo, que debe ponderar los riesgos frente a la seguridad y la lucha contra las drogas, las decisiones son por votación y al menos 6 de los 9 puestos son de sus ministerios (Justicia, Defensa, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Agricultura) y los otros 3 miembros son la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
Pero, aunque tenga mayoría allí, el Gobierno debe respaldar sus decretos con conceptos serios, pues estos podrían ser demandados ante el Consejo de Estado, también podrían enfrentar tutelas. Hasta marzo del 2019 contra el Estado ya había 268 demandas por fumigación o aspersión con glifosato, con pretensiones por 2,1 billones de pesos.
Hasta noviembre de 2019 fueron erradicadas forzosamente más de 80.000 hectáreas de coca, según informó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y entre mayo de 2017 y octubre de 2019 fueron arrancadas de manera voluntaria 40.506 hectáreas de coca, según el informe de la ONU con corte al 31 de octubre del 2019.
