Durante más de veinte años como comisario de la Policía Nacional de España, José Manuel Villarejo trabajó de cerca con políticos, jueces, periodistas, aristócratas y líderes empresariales. Recibió seis condecoraciones, incluyendo una por sus esfuerzos contra el terrorismo del ETA. Sin embargo, no era muy conocido entre el público español en general.
Eso cambió hace veinte meses con su arresto. Hoy Villarejo, alguna vez héroe policial, está en el centro de una maraña de diez investigaciones por parte de fiscales españoles. Lo acusan de haber trabajado concurrentemente, de manera ilícita y lucrativa, casi como investigador privado para los ricos y los poderosos de España; ellos, según los fiscales, usaron los servicios de Villarejo para espiar a sus rivales y desprestigiar a sus enemigos.
Villarejo, un hombre con gafas oscuras, gorra y barba blanca bien cuidada de 67 años, ahora es una de las caras más reconocidas en España. Sin embargo, es su voz la que ha sacudido a casi toda la élite española.
El expolicía grabó en secreto sus varios tratos. Incluso ahora que está en prisión fragmentos de las conversaciones grabadas han salido a la luz al ser publicadas en los medios españoles.
Las filtraciones dan la impresión de que él, alguna vez comisario, bien podría tener los trapos sucios de prácticamente todas las grandes figuras políticas y empresariales del país.
“Grabó absolutamente todo —todas sus llamadas y reuniones—, así que sabemos que es un archivo enorme”, dijo Joaquín Vidal, director de la publicación web Moncloa.com, que ha sacado varios de los audios de Villarejo sin explicar cómo los obtuvo.
“Era alguien a quien le permitían operar desde las sombras mientras se desempeñaba como actor frontal en algunos de los eventos clave de la historia de España”, dijo Vidal.
Las grabaciones, algunas de ellas en conjunto con testimonios de Villarejo ante tribunales, han abierto una ventana hacia un mundo de politiqueo sucio en España. Han resultado en numerosas investigaciones, incluyendo una sobre si el anterior gobierno conservador del país usó una llamada “policía patriótica” —una unidad en el Ministerio del Interior— para desprestigiar a opositores.
Villarejo empezó a adquirir experiencia encubierto en el País Vasco, como parte de una unidad antiterrorismo encargada de desmantelar al grupo ETA; por ello recibió su primera medalla en los años setenta.
Luego pasó una década fuera de la policía, en actividades empresariales no especificadas, antes de volver a unirse a las fuerzas policiales en Madrid en la década de 1990, tras lo cual fue ascendiendo. Su aparente trabajo simultáneo y encubierto iba más allá de España.
Su carrera empezó a desamarse en 2016, cuando investigadores se toparon con millones de euros que dicen que Villarejo escondía en el exterior.
De acuerdo con los fiscales, entre los hallazgos había un pago de 5,3 millones de euros (unos 5,9 millones de dólares) a Villarejo por parte del gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979, para ayudarlo a mancillar a sus opositores.
Desde el arresto de Villarejo, los jueces han congelado millones de euros en bienes controlados por empresas que él y sus asociados usaron para comprar propiedades en España, así como un hotel en Punta del Este, Uruguay.
Los fiscales buscan que sea imputado por cargos como sobornos y lavado de dinero. Otras cincuenta personas, incluyendo antiguos jefes policiales, han sido imputados en las investigaciones.
Villarejo niega las acusaciones; asegura que las empresas fueron establecidas por trabajo encubierto que fue solicitado por los niveles más altos del gobierno.
De hecho, afirma que ha realizado el trabajo a nombre del Estado español y se ha presentado como un soldado leal del gobierno, de su policía y hasta del servicio secreto; dice que ahora lo han traicionado.
“No es la figura que se ha intentado demonizar como el enemigo público número uno del Estado”, declaró en enero el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera.
Villarejo fue “una parte de la estructura del Estado” que “ayudó a los partidos políticos, a los gobiernos, en las misiones que le fueron encargadas como agente encubierto”, aseguró el abogado.“Si se saca” la información, “que se saque todo, que se explique todo”.
Tal defensa profundizó las dudas de si partes del Estado español y su gobierno usaron indebidamente a miembros de la policía y los servicios de seguridad para afectar a sus opositores.
“Este es un escándalo muy grave”, dijo Diego Muro, profesor originario de España en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.
La gran interrogante, indicó Muro, es si las actividades de Villarejo son “evidencia de que hay un ‘Estado profundo’ que gobierna desde las sombras”.
En una entrevista televisiva, poco antes de entrar a prisión sin fianza, Villarejo dijo que estaba listo para divulgar sus secretos: “Asumo el riesgo de contar mi versión antes de tener un accidente de tráfico”. Al momento de su arresto, de acuerdo con policías y fiscales, confiscaron unos veinte terabytes de información encriptada de las computadoras de Villarejo.
No queda claro quién filtró sus grabaciones, pero nadie ha disputado que son auténticas; las personas que aparecen en ellas niegan que las conversaciones incluyan delitos, pero no niegan haber hablado con Villarejo. Varias figuras políticas ya se han visto afectadas.
Dolores Delgado, la ministra de Justicia, le dijo al parlamento: “Es un chantaje al Estado a través de mi persona”, por parte de opositores de la derecha, después de que se filtraron conversaciones suyas en las que Villarejo le pregunta quién del equipo de Delgado es homosexual (en la conversación usan el término “maricón”). Ella responde que Fernando Grande-Marlaska, un hombre abiertamente gay que ahora es ministro del Interior de España.
En una de las grabaciones, Villarejo menciona que tiene siete copias de conversaciones relacionadas con las finanzas de la monarquía.
En otro audio, aparece Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una mujer aristócrata danesa que ha sido vinculada al rey emérito Juan Carlos, y se queja de que fue usada por el monarca para esconder parte de su riqueza en el extranjero.
Un portavoz de la Casa Real española se rehusó a hacer comentarios.
Robin Rathmell, abogado de Zu Sayn-Wittgenstein (quien no ha sido acusada), dijo que “el abuso que sufrió, como resultado de intentos desesperados de figuras de alto nivel españolas para cubrir sus propias fechorías financieras, pronto serán exhibidas en la corte”.
En una grabación, Villarejo presume estar ganando “mucha pasta” del Estado para conseguir datos que desprestigien a políticos catalanes, cuando el conflicto independentista estaba en un momento crítico.
Esa aseveración ahora forma parte de una investigación sobre si el anterior gobierno español —conservador—, también fue tras sus opositores en el partido de izquierda Unidas Podemos.
Poco después de que Podemos fue votado al parlamento en 2015 —lo que rompió el sistema bipartidista de España—, los medios españoles publicaron artículos de cómo el grupo y su líder, Pablo Iglesias, habían sido financiados de manera ilegal con fondos venezolanos e iraníes, noticias fundamentadas en un reporte policial no identificado.
El Partido Popular de Mariano Rajoy, el entonces presidente del gobierno, usó esas noticias para establecer una comisión en el Senado que revisara el financiamiento de Podemos y de otros partidos rivales.
En marzo, Villarejo reconoció en una corte que habían investigado a Iglesias como parte de una operación policial. Sin embargo, negó haber sido parte de una campaña política para desacreditar a Podemos. Iglesias rechaza las acusaciones de haber recibido financiamiento ilegal.
Algunos periodistas han sido imputados como parte de una investigación sobre si ayudaron a Villarejo a esparcir escándalos fabricados como parte de una aparente campaña oficial contra sus opositores.
Pero Villarejo también está acusado de espiar a periodistas, como Íñigo de Barrón, reportero financiero de El País. El periodista ha dicho que su teléfono móvil fue interceptado por Villarejo a mediados de 2016, cuando reporteaba sobre cambios en la administración de BBVA, uno de los bancos más grandes de España.
BBVA ha confirmado que Villarejo trabajó para el banco durante el largo mandato de su anterior presidente, Francisco González, pero el banco no dijo por qué le pagaron a Villarejo. Queda pendiente el resultado de una investigación en la cual otros ejecutivos del banco han sido imputados y este 29 de julio, la Audiencia Nacional española agregó a BBVA como parte investigada en el caso.
González dejó BBVA en diciembre, tres meses antes de lo previsto, justo antes de que los medios españoles publicaran las grabaciones en las que Villarejo y el encargado de seguridad del banco parecen discutir intervenciones telefónicas.
“Villarejo parece haber pertenecido a un círculo de personas que creen que estaban en posiciones privilegiadas donde podían conseguir mucho dinero mientras se benefician de una impunidad total”, dijo De Barrón. “Lo que quiero saber es hasta dónde llega este sistema ilegal”.
ALD/Nytimes
