Los 32 narcotraficantes hondureños extraditados y otros detenidos en Estados Unidos –todos condenados por tráfico de drogas- han señalado a más de una veintena de figuras del mundo político y empresarial de Honduras de estar supuestamente implicados en las redes del crimen organizado en el país centroamericano.
Antilavadodedinero / Vozdeamerica
Entre los nombres figuran expresidentes, exdiputados, exfuncionarios de seguridad, exalcaldes y personas enroladas en los partidos políticos, de derecha, centro e izquierda.
Con la captura y apertura del proceso de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, cuya audiencia de presentación de pruebas se realizará el 15 de marzo, se pone en perspectiva la situación que entre todo toca al estamento político del país.
Voz de América explica qué podría significar para Honduras este proceso al salpicar a figuras de peso que aparecen en los documentos resguardados por los fiscales federales, y qué retos supone para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el sistema de justicia hondureño.
¿Qué personalidades están en esas listas?
Manuel Zelaya Rosales, el nombre del expresidente 2006-2009 y actual primer caballero de la nación, esposo de la presidenta Xiomara Castro, fue señalado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, excabecilla del cartel Los Cachiros, quien enumeró el monto de 500.000 dólares entregados a Zelaya para dejar operar al cartel al llegar al ejecutivo de Honduras en 2006.
El ahora convicto Héctor Emilio Fernández, extraditado en 2015 a EE.UU. conocido en el mundillo criminal como “Don H”, también aseguró en el juicio que había entregado sobornos al expresidente Zelaya, según quedó registrado en los expedientes judiciales de cortes federales.
Expresidente Zelaya se defendió de los señalamientos en marzo de 2021 durante los juicios en Nueva York, al indicar los imputados que el acuerdo era que se pondría un ministro elegido por los cárteles, a lo que Zelaya respondió en redes sociales.
sociales.
Ricardo Álvarez, el exdesignado presidencial o vicepresidente de la república 2014-2022, fue mencionado por narcotraficantes como parte de los sobornos que tuvieron que desembolsar para evitar la extradición a Estados Unidos.
Álvarez, entonces en el ejecutivo hondureño, salió al paso y negó categóricamente tener vinculaciones con redes criminales a través de un comunicado.
Y se puso a disposición de las autoridades de justicia de Honduras para indagar en sus cuentas personales para comprobar el origen legal de sus bienes. “Pongo a disposición todo mis bienes, estados financieros y cuentas bancarias, que no son muchas, dicho sea de paso”, dijo.
Porfirio Lobo Sosa, el expresidente hondureño ha tenido que bregar después de su mandato, 2010-2014, con menciones sobre vinculaciones al narcotráfico; su entorno familiar no ha contribuido a mitigar los señalamientos. En 2017 su hijo, Fabio Lobo Lobo fue condenado en Nueva York a purgar con una pena de 24 años de prisión bajo cargos de “conspiración para traficar cocaína” hacia Estados Unidos.
En la lectura de la sentencia, la jueza Lorna G. Shofield dijo que para Lobo además de los cargos de tráfico , existían suficientes elementos para destacar que “el acusado abusó de su posición y conexiones políticas”, por ser hijo del exmandatario hondureño. Su captura se produjo en Haití en 2015 de donde fue solicitado en extradición por Estados Unidos.
En 2018, la esposa del exmandatario, Rosa Elena Bonilla, fue condenada a 58 años de prisión por delitos de corrupción, a mediados de 2020, la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio condenatorio, pero este se repetirá. Este mes se reiniciaron las diligencias para el nuevo juicio por corrupción.
En julio del año pasado Porfirio Lobo, al aparecer en la Lista Engel, acudió a la fiscalía de Honduras para ponerse a disposición del fiscal general y ser investigado.
¿Por qué los narcotraficantes delatan a políticos y militares?
El convicto Devis Rivera Maradiaga testificó en el juicio contra otro narco de su cártel, Geovanny Fuentes Ramírez, el fiscal Michael Lockard dirigió preguntas directas al convicto utilizado como testigo durante el proceso en una corte federal en la ciudad de Nueva York, todo para ver las redes más allá de la propia estructura del cartel.
El narcotraficante dijo al tribunal que desde 2013 empezó a sentirse “acorralado» cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, mencionó a Los Cachiros y seguía diligencias para que se capturara y extraditara a EE UU. a sus integrantes.
¿El narcotráfico se ha infiltrado en Fuerzas Armadas y Seguridad Pública?
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce Fonseca, mencionado también por narcotraficantes enjuiciados en Nueva York, al negar categóricamente haber tenido algún vínculo o conocimiento de tratos con carteles dijo que: sí sabía que la institución castrense estaba permeada por el crimen organizado, pero que durante su gestión depuraron y denunciaron esos cuadros en las filas militares.
En entrevista concedida al noticiero TN5 de Honduras recalcó que al revisar los documentos de la corte del sur de Nueva York su nombre no aparece.
En general en retiro dijo salir con la frente en alto para defender su honor y el de su familia, y rechazó cualquier sugerencia de haber recibido órdenes para actos ilícitos de parte del entonces presidente Juan Orlando Hernández.
Otros funcionarios como Julián Pacheco Tinoco, exjefe de inteligencia y exministro de Seguridad (2015 – 2022) al ser nombrado en los expedientes en Estados Unidos rechazó los señalamientos y dijo que Rivera Maradiaga se entregó por su cuenta a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ante la captura “inminente por parte de las autoridades hondureñas” y calificó los señalamiento de “mal intencionados».
Otro exfuncionario acusado por Estados Unidos es el Juan Carlos Bonilla “Tigre”, quien fungió como el director de la Policía Nacional Civil (2012 – 2013). Su proceso de extradición está en curso desde el año pasado, queda por escuchar el veredicto final del juez que lleva la causa.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, se refirió al exjefe policial en la acusación al indicar que presuntamente “abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico”, al relacionarlo con Tony Hernández condenado a cadena perpetua en EE. UU, y su hermano el entonces presidente Juan Orlando Hernández.
¿El cambio de gobierno de Honduras supone un giro al combate al narcotráfico?
El gobierno recién estrenado de la presidente Xiomara Castro de Zelaya inició con un proceso de acercamiento a Estados Unidos y ha dicho que hará frente al principal problema del sistema político, la corrupción.
La semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras dijo a través de un comunicado que ya se había enviado la carta para solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el apoyo para crear una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
«La presidenta Castro ha reiterado que la corrupción, el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organizado, son temas prioritarios en su agenda», dijo la cancillería.
Desde Washington, el analista Douglas Farah del centro de investigaciones IBI Consultants, dice que por ahora se ven nuevas perspectivas, pero todavía queda tiempo para ver como se ajusta el ejecutivo de Xiomara Castro ante las presiones del crimen organizado.
“Estamos en un momento donde ella (Castro de Zelaya) va tener que definir si simplemente se está cambiando la administración de carteles en Honduras o si hay un cambio real, yo creo por los indicadores iniciales de quien ha nombrado como ministro de Seguridad son muy buenos, ha escogido gente que si ha luchado contra el narcotráfico”, opina Farah
¿Debe la Justicia de Estados Unidos llamar a sus tribunales a políticos del Triángulo Norte que están con el “crimen organizado”?
Ante “la caída de Juan Orlando Hernández” como tituló en una columna de opinión el fundador del medio digital El Faro, Carlos Dada, el hecho de la detención y apertura del proceso de extradición solicitado por EE. UU. contra el exmandatario hondureño, abre una puerta en la jurisprudencia “que nadie quiere ver, porque es incómodo y porque saca ronchas”.
Si el proceso culmina “como cabe esperar” en la extradición del expresidente -apuntó Dada, «se abriría un sinsentido jurídico (común en la región). Porque Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, un delito que, de probarse, el expresidente habría cometido desde suelo hondureño y con la complicidad de otras autoridades hondureñas. Es decir, JOH debería ser juzgado por narcotráfico primero en su propio país; más los delitos por corrupción que se añadan naturalmente”.
Pero lo más delicado aún es que Honduras y los otros países de la región norte de Centroamérica, como se ven las cosas “no tienen la capacidad ni política ni jurídica para llevar a cabo juicios independientes”, contra figuras del tamaño de Juan Orlando Hernández, opina.
El caso de Hernández afectaría a altos mandos del ejército, de la policía, exfuncionarios públicos, grandes empresarios, alcaldes y diputados del congreso hondureño, algunos ya mencionados en las listas de los fiscales en Estados Unidos, apunta.
Para la vicepresidenta de Proyectos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Maureen Meyer, los países centroamericanos atraviesan por “momentos muy bajos” en su sistema de justicia.
“Hubo una época de avances importantes para desmantelar la corrupción gracias a la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras, pero con Donald Trump a los presidentes centroamericanos se les envió el mensaje de hagan lo que quieran, pero no me manden migrantes”, dijo Meyer en días recientes a El País.
Para Dada es claro en que solo con el apoyo internacional, como demostraron las dos comisiones en Guatemala y Honduras, se podría ver resultados en el desmantelamiento de las redes de corrupción e impunidad.
