La Fiscalía General solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) día y hora para la audiencia de vinculación de 22 personas al denominado caso Sobornos 2012-2016.
El pedido de la Fiscalía a la CNJ está sustentado en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se da una vez que la institución encontró elementos de convicción que servirían para formular cargos por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
Pese a que el comunicado de Fiscalía no incluye nombres, el pedido formal que hizo la fiscal Diana Salazar incluye a las siguientes personas: Rafael Vicente Correa Delgado, Jorge David Glas Espinel, Walter Hipólito Solis Valarezo, María Augusta Enríquez Argudo, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo. Christian Humberto Viteri López, Yamil Farah Massuh Jolley, Italo Romano Centanaro Villacís, Francisco Javier Noboa López, Alberto José Hidalgo Zavala, Víctor Manuel Fontana Zamora, Ramiro Leonardo Galarza Andrade, Edgar Román Salas León, Pedro Vicente Verduga Cevallos, Choi Kim Du Yeon , Bolívar Napoleón Sánchez Rivadeneira, William Wallace Phillips Cooper, Rafael Leonardo Córdova Carvajal, Cai Runguo, Teodoro Fernando Calle Enríquez y José Enrique Verdú Rodríguez.
Al momento transcurren los 90 días definidos para la instrucción fiscal, pero si se da paso a las vinculaciones el proceso se extendería por 30 días más.
El pedido de vinculación llega a pocas semanas de que al expediente del caso Sobornos 2012-2016 se incorporó información encontrada en 3.148 archivos existentes en el computador personal de la ex asistente de la Presidencia de la República Laura Terán, una de las cuatro personas que hasta el momento son investigadas.
En la información materializada de los documentos ubicados es visible encontrar datos rigurosamente establecidos que daban cuenta de recursos que habrían sido entregados por personas naturales y empresarios al movimiento Alianza PAIS (AP) para pagar gastos que esta organización realizó para mantener el proyecto político conocido como la Revolución Ciudadana.
Con esa información fueron llamados a rendir versión exfuncionarios y líderes de la Revolución Ciudadana que aparecían en los cuadros de excel por haber supuestamente recibido dinero en efectivo o participar en el cruce de facturas; así como también empresarios que tenían códigos que iban desde el V1 al V18 y eran parte del listado de personas y empresas llamadas «voluntarias» por entregar recursos.
También, el pedido a la CNJ llega a solo horas de que se registró un ataque intimidatorio contra la vivienda en la que estaban el esposo y los hijos de Laura Terán, investigada que permanece en el Centro de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito. Terán hace parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, pues ya existió una primera amenaza contra su vida y fue hecha vía telefónica.
En esta oportunidad, la amenaza que recibieron los familiares de Terán, según su defensa, no solo incluyó un corte de la energía eléctrica de la casa atacada, el corte del cerco eléctrico de seguridad, sino también una hoja dejada en la puerta de la vivienda que decía: «Los muertos no colaboran». La Policía investiga varios indicios recogidos en la casa de Terán.
El Universo
