Fracasa el intento de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de investigar a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuyo trabajo ha permitido seguir el rastro de los fondos procedentes de la petrolera PDVSA que, entre 2011 y 2015, habrían recibido tanto el ex diplomático como su círculo más próximo.
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En total, 4.527.270 euros «carentes de toda justificación real y lógica comercial» por los que al clan Morodo se le atribuyen los presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
En un auto, al que tenido acceso OKDIARIO, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechaza las pretensiones del ex embajador y declara la improcedencia de apertura de pieza separada contra los agentes, al tiempo que deja claro que «no existe sospecha» sobre que la documentación e información manejada por la UDEF en sus pesquisas «tenga su origen en un hallazgo o incorporación ilícita o ilegal».
Es más, el magistrado Alejandro Abascal señala que los agentes se valieron de datos facilitados por el SEPBLAC incorporados al proceso a instancia de la propia Audiencia Nacional, «en virtud de mandamientos de requerimiento «validados al amparo del artículo 46 de la Ley 10/2010», que regula las políticas de prevención del blanqueo de capitales. Se apoya así el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 en los argumentos de la Fiscalía, para quien la UDEF «no hizo sino cumplir con lo dispuesto en nuestra legislación».
De este modo, la Audiencia frustra el intento de Raúl Morodo, así como de su hijo, Alejo Morodo, también imputado por recibir fondos de la petrolera PDVSA a cambio de asesorías ficticias, de revertir su situación culpando a los investigadores por haber averiguado sus presuntas corruptelas.
Y es que padre e hijo acusaban a la UDEF de «violar» su intimidad en esta causa que, tras años de investigación judicial, ha recopilado información suficiente como para acreditar la comisión de los delitos de los que ambos están acusados. En concreto, tal y como publicó OKDIARIO, el abogado del ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Zapatero culpaba a los policías de una supuesta «intrusión de primera magnitud en la esfera privada de los investigados, en la medida en que los movimientos bancarios analizados proyectaban una imagen completa del desenvolvimiento de su vida».
Un extremo que niega la Fiscalía Anticorrupción, para la que los argumentos esgrimidos por Raúl Morodo no encuentran sustento legal.
SEPBLAC
Así, y en relación con la «insistente y reiterativa afirmación del solicitante al cuestionar la licitud de la información bancaria obtenida por la policía» a través del SEPBLAC, el Ministerio Público señala que resulta «incuestionable» la legitimación de la UDEF «para utilizar en sus investigaciones, tal y como hizo en esta causa, la información bancaria» facilitada por esta unidad de inteligencia a través de sus informes.
Y aclara que a la causa se incorporó «la documentación acreditativa de las operaciones investigadas», como las transferencias y los extractos, que es precisamente «lo que debe figurar en las actuaciones».
Se acredita así, como finalmente ha manifestado la Audiencia Nacional en el auto en el que rechaza la petición de Raúl Morodo, que los agentes, con un acertado criterio, comprobaron la veracidad de las informaciones que estaban investigando para, posteriormente y siguiendo el curso de los procedimientos, dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella contra el ex embajador de España en Venezuela, ahora imputado por percibir fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe superior a los 4 millones de euros.
