Reabren investigación contra De Vido. La Cámara Federal declaró nulo el archivo de una investigación por delitos cometidos en la adjudicación de los contratos de fondos fiduciarios del Banco Nación vinculados con Julio De Vido– a la ampliación de dos gasoductos adjudicados a la constructora brasileña Odebrecht.
Antilavadodedinero / Clarin
Es la denuncia presentada en mayo de 2016 por el entonces presidente de Nación Fideicomisos SA sobre supuestas irregularidades en el funcionamiento y administración del «Fondo Fiduciario para atender las inversiones de transporte y distribución del Gas», que administraba ese banco estatal.
La denuncia aludió además a supuestos delitos en otro fondo fiduciario para «la contratación y adquisición de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica», en el 2004, en el marco de las obras para ampliar los gasoductos de transporte de gas natural entre 2006 y 2008 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En esa presentación se sostuvo que «durante la etapa de ejecución de las obras se habría detectado un apartamiento de las disposiciones legales vigentes, creándose procedimientos especiales para eludir los sistemas de contratación y control que resultaban aplicables al sector público, colocando en una situación ventajosa a la constructora Norberto Odebrecht S.A., ganadora de los concursos
El tribunal de alzada destacó dos hechos puntuales en relación a posibles sobreprecios. Por un lado, los costos «del proyecto de obra de adecuación de la Planta Compresora Beazley» y, por otro, «el valor de los materiales críticos fabricados e importados desde Brasil con destino a la construcción del gasoducto Bahía Blanca – Buenos Aires».
La denuncia fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas, a pedido el fiscal Ramiro González, ante «la falta de pruebas» sobre maniobras en los fideicomisos del Banco Nación, luego de haber solicitado a la jueza María Servini que se abstuviera de seguir con esta parte del caso.
A mediados de 2018, Rafecas había procesado a De Vido y otros funcionarios en otra causa conocida como «Skanska II», donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña. El ex ministro también fue procesado por el juez Sebastián Casanello por la adjudicación irregular de una planta de agua potable en Tigre y otra de cloacas para AYSA.
El gigante brasileño confesó ante la Justicia de EE.UU. que había pagado sobornos por más de 35 millones de dólares a funcionarios argentinos por varios de los contratos que tenía en el país. Pero, hasta ahora, la justicia de Brasil no envió a la Argentina la confesión de los arrepentidos de Odebrecht para avanzar sobre la ruta de los sobornos.
Pero la decisión de Rafecas de archivar esta cuarta causa fue apelada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, mientras que el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi sostuvo que estaba «mal concedida la apelación».
Sin embargo, la Cámara Federal declaró ahora nulo el archivo porque pese a la falta de impulso fiscal, la querella de la UIF y la OEA sirve para impulsar el caso.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia sostuvieron que «se ha puesto en tela de juicio la totalidad del vínculo -supuestamente espurio- entre estatales y privados en el plan de Ampliación de Gasoductos» y exige «corroborar o descartar todas o algunas de las hipótesis planteadas en ese marco».
El proceso que tocó dirigir al juez Rafecas tiene por objeto conocer «sobre diferentes delitos que se habrían cometido durante la proyección, aprobación, contratación y ejecución del conjunto de obras públicas llevadas adelante en el emprendimiento –encabezado por el Ministerio de Planificación- conocido como “Ampliación Gasoductos TGS y TGN obras 2006-2008”».
«Concretamente, se busca desde un inicio determinar si en tal contexto se produjeron maniobras de negociaciones incompatibles con la función pública, de incumplimiento de los deberes de los funcionarios estatales, de defraudaciones para el erario público y de pago de sobornos por parte de la beneficiaria Odebrecht», agregó la cámara.
Una de estas hipótesis «se vincula a la respuesta que todavía resta (después de varios años) dar con relación a otros posibles delitos cometidos en torno a los tramos de ejecución de las obras, como pago de sobornos».
«Hay variantes fácticas no examinadas ni planteadas en el dictamen del acusador que también -de corroborarse- implicarían afectación al patrimonio del Estado o a sus intereses. Piénsese, por ejemplo, en situaciones como la forma, el tiempo o los motivos de anticipos y pagos (etc). No se han considerado esas posibilidades», concluyeron al ordenar continuar la pesquisa.
En la causa están imputados ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, y directivos de la constructora brasileña.
Fue así que las situaciones de «Julio M. De Vido, Daniel Cameron, Jacinto B. Marcheschi, Cristian A. Folgar, Luis A. Beuret y Julio A. Bragulat fueron parcialmente elevadas a la instancia de debate (por la hipótesis de comisión del ilícito del art. 265, CP en una primera parte de la licitación)», recordó la cámara.
Mientras tanto, en su momento se delegó en el fiscal investigar “…lo que concierne a la fase ejecutiva de los contratos EPC celebrados en diciembre de 2006, que se encuentran bajo la sospecha…de pago de sobornos y que podrían encontrar razón de ser o motivación en probables negocios ilícitos bilaterales -cohechos- entre privados y funcionarios públicos”.
Las obras de Odebrecht se mantienen, dijo el tribunal, «en una confusa cantidad de legajos con diferentes números que tratan sobre, en esencia, algo común».
«Uno se vincula a la respuesta que todavía resta (después de varios años) dar con relación a otros posibles delitos cometidos en torno a los tramos de ejecución de las obras, como pago de sobornos.
Los hechos todavía son materia de instrucción (debidamente impulsada y en pleno trámite) en derredor de esa posibilidad. Mal puede promoverse el cierre de su investigación sin siquiera tocar ese punto«, resaltó el fallo firmado por Irurzun y Bruglia.
