Una Corte de Miami, Florida, Estados Unidos, levantó una pausa en que se encontraba una demanda civil promovida por el Gobierno de México contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros socios por lavado de fondos “robados”.
La demanda civil fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el funcionario por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Integrantes de la familia Weinberg, implicados en el proceso legal, rechazaron los señalamientos hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron con el Gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Niegan desvío de recursos
A través de una carta difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, aclararon que han sido proveedores estratégicos en seguridad nacional, tanto en México como en Latinoamérica por más de 35 años y siempre han “cumplido a cabalidad los comprimidos contractuales”.
También alegan que sobre los contratos que la UIF califica como “ilegales o fraudulentos”, fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías 45-GB (Cuenta Pública 2014), 14-GB (Cuenta Pública 2015) y 18-GB (Cuenta Pública 2017).
Como resultado de estas auditorías, agregaron, “no fuimos notificados de observación o de irregularidad”.
“Durante las auditorías se constataron las facultades legales de todos los funcionarios y apoderados vinculados a los contratos, así como la utilidad de los entregables. Claramente en ningún momento existió un desvío de recursos”, señalaron.
