La respuesta a Nicaragua tras las cuestionadas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega fue reelecto generó división el jueves 11 de noviembre en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ocho países impulsan un proyecto de resolución de condena y otros instaron a no entrometerse en asuntos internos.
Antilavado de Dinero / DW.
El proyecto de resolución es promovido por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda y pide al Consejo Permanente del organismo que haga «una evaluación colectiva inmediata (…) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas».
La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y «tenemos que respetar esta Carta», insistió en su discurso el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.
En virtud del artículo 21 de esta carta se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema.
Costa Rica fue uno de los países más combativos en las deliberaciones, que se realizan en forma virtual. La sesión continuará el viernes, cuando se clausure la asamblea general y podría adoptarse el proyecto de resolución.
Las acciones del gobierno de Ortega, que ilegalizó tres partidos y detuvo a decenas de políticos y activistas, «contravienen el libre ejercicio democrático» y el pluralismo político, sostuvo el ministro de exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano.
Canadá, por su parte, instó a la OEA a dejar de «seguir mirando» y «pasar a la acción», refiriéndose al proyecto de resolución.
Nicaragua solicitó varias veces el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron «libres» y pedir «respeto». El representante de Nicaragua, Michael Campbell, arremetió contra la OEA, a la que acusó de ser «un decadente ministerio de colonias».
No fue el único país en señalar a la OEA de interferir en los asuntos internos. También lo hicieron Argentina, que no consideró válido «el recurso a sanciones», Bolivia y México, cuyo gobierno asegura que el organismo hemisférico incumple con los fines para los que fue creado.
México dijo que rechaza «rotundamente (…) todo intento de perturbar desde el exterior el orden constitucional en cualquier país y no acepta que bajo ese argumento la OEA asuma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para intervenir en asuntos internos de nuestros Estados».
