La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la entrada y registro de la vivienda y del despacho del abogado Gonzalo Boye, por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dedicada al narcotráfico, en una operación desarrollada esta mañana para desmontar la operativa de blanqueo de capitales de la organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco ,
Según fuentes jurídicas. La operación, que no tiene nada que ver con Carles Puigdemont, del que Boye es abogado, está dirigida por un equipo conjunto de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía.
El nombre de este letrado se hizo conocido por liderar la estrategia de defensa del expresident de Carles Puigdemont una vez huyó de la justicia. De hecho, la semana pasada se reactivó esta defensa después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivara la orden de detención europea e internacional contra el dirigente independentista.
La operación contra Boye se produce unos días antes de que Puigdemont tenga que comparecer ante la Justicia belga. Boye no ha sido arrestado y será citado para declarar en sede judicial el miércoles por la mañana junto a dos testaferros de la organización.
El viernes pasado estuvo acompañando al expresidente catalán, que se acudió a la autoridades belgas tras conocer la reactivación de la OEDE. Puigdemont fue puesto en libertad con medidas cauteles, como prohibición de salir de Bélgica, y se le comunicó que el próximo 29 de octubre el tribunal de primera instancia de Bruselas, sección neerlandesa, celebrará la vista para estudiar la nueva petición de Llarena de ser entregado por un delito de sedición y malversación de caudales públicos, una vez notificada la sentencia del Tribunal Supremo que condena por este delito a nueve dirigentes, en la misma causa que Puigdemont está procesado.
La reacción de Puigdemont
A pesar de que la operación no está vinculada a las actividades de Puigdemont, el propio expresident ha denunciado una campaña de lawfare que podría traducirse como guerra jurídica sucia contra su letrado y lo ha vinculado al pulso que está manteniendo y, según él, ganando con las autoridades española ante la justicia belga.
A pesar que Boye ha saltado a la palestra con la defensa de Puigdemont, tiene un pasado controvertido. De origen chileno, fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
Empezó a moverse en la la Audiencia Nacional como defensor de víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Después ha llevado la acusación en asuntos como el del caso de la caja B del PP contra su extesorero Luis Bárcenas. También ha llevado asuntos como el del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc.
El cantante mallorquín huyó a Bélgica tras ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Con la defensa de Boye, la justicia belga rechazó la entrada de Valtonyc a España para cumplir condena porque no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica.
Sito Miñanco, conocido narcotraficante
El conocido narcotraficante Sito Miñanco fue detenido y enviado a prisión en febrero de 2018. En aquella operación, Sito, no solo se iba a desmantelar de nuevo una organización dedicada al tráfico de drogas sino que se daba un paso más.
En aquel entonces dirigió la causa la magistrada Carmen Lamela -ahora sustituida por Tardón tras lograr plaza en el Tribunal Supremo-, quien quiso ir contra la operativa financiera de la organización.
De ahí que en aquel entonces se detuvieran a empresarios del sector inmobiliario y el de alquiler de vehículos, quienes habrían ayudado al narcotraficante a invertir sus beneficios ilícito.
