Las autoridades británicas dieron un paso decisivo en uno de los mayores casos de fraude y lavado de dinero con criptomonedas al lograr que la ciudadana china Yadi Zhang, también conocida como Zhimin Qian, se declarara culpable de cargos por posesión y transferencia de bienes criminales. Su asistente, Seng Hok Ling, también de 47 años, admitió cargos por manejar criptomonedas con origen ilícito en un tribunal de Londres.
De acuerdo con un reporte publicado por Bloomberg, las declaraciones de culpabilidad se produjeron en la víspera de un juicio que se esperaba pudiese extenderse unos tres meses. Con este giro, la corte británica procederá directamente a la sentencia, fijada para el próximo 10 de noviembre. Ambas personas enfrentan penas que podrían marcar un precedente en la persecución del crimen financiero con activos digitales.
La incautación de Bitcoin más grande en el Reino Unido
El caso tiene su origen en 2018, cuando la policía británica decomisó alrededor de 61.000 BTC en una residencia del oeste de Londres. Al valor actual, ese monto equivale a casi USD $7.000 millones, representando una de las mayores incautaciones de criptomonedas realizadas por las fuerzas del orden en cualquier parte del mundo.
Zhang fue señalada como la figura central detrás de un esquema fraudulento que generó gran parte de esos fondos ilícitos. Por su parte, Ling cumplía un rol operativo, ayudando a transferir y ocultar el dinero en cuentas de criptomonedas. La magnitud de la operación captó la atención internacional y reavivó los debates sobre el uso de Bitcoin en delitos financieros a gran escala.
La historia se remonta a 2017, cuando la policía en Tianjin, China, investigó un proyecto de inversión fraudulento que terminó defraudando a más de 128.000 personas en todo el país. La estafa, vinculada a la empresa Tianjin Lantian, prometía retornos elevados, pero terminó robando un total de 40.000 millones de yuanes, equivalentes a USD $5.600 millones. Hasta la fecha, 14 ciudadanos chinos han sido condenados en relación con el caso.
Durante el proceso, se reveló que Zhang trasladó parte de esos fondos a Reino Unido, donde convirtió grandes sumas en Bitcoin. Su socia de entonces, Jian Wen, también fue condenada en 2023 por lavado de dinero y sentenciada a más de seis años de cárcel. Esta última pasó de trabajar en un local de comida rápida en el este de Londres a disfrutar de mansiones, viajes internacionales y un estilo de vida lujoso en cuestión de semanas.
Impacto legal y disputa por los fondos
La sentencia de Zhang y Ling pone fin a las investigaciones y procesos legales sobre el caso en Reino Unido. Sin embargo, el foco ahora se traslada a los procesos civiles que definirán el destino de los 61.000 BTC incautados. La disputa enfrenta a los inversionistas afectados en China que buscan recuperar parte de sus pérdidas y al propio gobierno británico, que podría quedarse con una porción significativa de los fondos.
El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) enfatizó en un comunicado la creciente amenaza que representan las criptomonedas en operaciones criminales. Robin Weyell, subdirector de la entidad, declaró que Bitcoin y otros activos digitales “son cada vez más utilizados por criminales organizados para ocultar y transferir bienes, con el fin de disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva”.
La Fiscalía británica anunció además que, mediante procesos de confiscación y demandas civiles, buscará garantizar que los activos criminales permanezcan fuera del alcance de los responsables y se destinen a mecanismos de compensación o a las arcas estatales.
Una advertencia para el futuro del ecosistema cripto
El caso Zhang subraya la dificultad de los sistemas judiciales para rastrear y procesar delitos financieros que involucran criptomonedas. A pesar de la transparencia inherente de las redes Blockchain, las estructuras internacionales y la velocidad de los mercados cripto complican la recuperación de fondos.
Analistas legales y expertos en cumplimiento ven en este caso un precedente que podría motivar a otros países a reforzar su capacidad de cooperación en materia de delitos financieros con activos digitales. Para los inversionistas, representa también una advertencia sobre los riesgos de proyectos que prometen retornos irreales, mientras que para las autoridades es una señal clara de que la vigilancia sobre el sector continuará aumentando.
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