El acuerdo internacional fiscal sobre Gibraltar, firmado por España y Reino Unido en marzo de 2019, y condicionado a la ratificación posterior de sus respectivos parlamentos, entre hoy en vigor con su publicación en el BOE, tras dos años de tramitación y mucha inestabilidad política en ambos países.
Antilavadodedinero / ElMundo
Con este tratado se ha intentado por primera vez poner freno a la evasión de impuestos en el Peñón, de personas y empresas radicadas allí, que después operan en España, dentro del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Considerado durante décadas paraíso fiscal y un territorio idóneo para el blanqueo de capitales, España le mantiene esta consideración desde 1991 aunque ya no aparecía en el listado europeo publicado en 2017.
Ahora, con su aplicación, Gibraltar espera que el Gobierno le saque de su lista de paraísos fiscales ya que el acuerdo incluye el intercambio de información en materia fiscal y un mayor control de los conflictos sobre residencia, para luchar contra las falsas residencias.
A partir de ahora se entenderá que una empresa está radicada en España cuando tenga una «relación significativa» con el país, que se determinará por localización de la mayoría de sus activos, la obtención de la mayor parte de sus ingresos en territorio español o si la mayoría de sus propietarios o su directivos son residentes.
El tratado prevén la creación de órganos de enlace y un comité conjunto de coordinación para controlarlo, y compartir datos de determinadas categorías de renta. En su tramitación parlamentaria Vox presentó una enmienda a la totalidad con el argumento de que el texto renuncia a reconocer la soberanía sobre Gibraltar. Algo que el Gobierno ha negado reiteradamente.
