El informe de la recusación contra la jueza Kenya Romero, apoderada para conocer medida de coerción a los implicados en el caso Coral, ya fue remitido a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá decidir si procede o no.
Antilavadodedinero / ElCaribe
La recusación contra la magistrada fue hecha el pasado viernes por el abogado de uno de los imputados y este lunes la Coordinación de los Juzgados de Instrucción envió el informe a la Corte.
El tribunal de alzada, entonces, examinará la situación y decidirá si la recusación procede y se designa otro juez para conocer la audiencia, o por si el contrario, no tiene méritos y la magistrada Romero puede continuar. Su decisión, indica la normativa, no estará sujeta a recurso alguno.
El incidente tiene que ser decidido a más tardar el próximo miércoles, pues de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal debe resolverse dentro de tres días.
El informe detalla los motivos de este incidente, el acta de audiencia y la decisión de la magistrada de rechazar la recusación.
La jueza Romero fue recusada por el abogado del coronel Rafael Núñez de Aza (imputado en este caso). El jurista Félix Portes alegó que la celeridad con que la jueza quería conocer el proceso afectaba su imparcialidad.
La magistrada Romero lo rechazó e indicó que no tiene ningún interés en el caso por lo que su imparcialidad no está comprometida.
“Esta jueza al examinar la cuestión entiende que no tiene ningún motivo que merme su capacidad de juzgar de manera imparcial, no tiene interés, no conoce ninguna de las partes procesales, no tiene interés más que el que se desprende de nuestro rol de árbitro imparcial al examinar las decisiones que sí fueron tuteladas, el tribunal otorgó todas las herramientas, notificaron todas las partes procesales en el tiempo oportuno”, dijo.
Mientras este asunto no se resuelva la audiencia para conocer medida de coerción a los cinco implicados en este caso de corrupción queda suspendida.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y el cabo Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y, además, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público ha establecido que cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar, social y religioso para distraer fondos públicos del Cusep y El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
