Al menos $113,8 millones ha detectado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) entre enero y mayo de este año relativos a operaciones sospechosas.
Antilavadodedinero / diarioextra
En total se hicieron 248 reportes de operaciones sospechosas (ROS), de los cuales 189 los presentaron bancos, lo que representa un 76,2%.
Estos reportes forman parte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La información la suministró la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) como parte de la inauguración de su sétimo congreso en esta materia.
En la actividad participan representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros porque es un espacio de actualización para quienes trabajan diariamente en este campo.
Nueve conferencistas internacionales de Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Guatemala brindarán una actualización sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, el refuerzo de los sistemas de inteligencia y los departamentos de cumplimiento.
“El sector financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso trabaja de manera permanente en este campo, no solo realizando responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria”, declaró María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.
DE NICARAGUA, VENEZUELA, EE.UU. Y COLOMBIA
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.
Estas deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD en forma confidencial.
De acuerdo con el ICD, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran servicios administrativos, consultorías, actividades informáticas, agentes inmobiliarios, contabilidad y auditoría, y actividades de transporte.
La mayoría de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San José, aunque también hay ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Estados Unidos (EE.UU.), entre otros.
Para una serie de sectores existe la obligatoriedad de adoptar mecanismos de prevención en materia de legitimación de capitales e implementar medidas para identificar los riesgos de lavado.
Entre estos se incluyen casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, algunas organizaciones sin fines de lucro.
También abogados, notarios y contadores, proveedores de servicios fiduciarios, cualquiera que preste facilidades crediticias, como casas de empeño y prestamistas, entre otros.
“Consideramos que es fundamental que todos los sectores, en especial los no financieros, asuman el compromiso. Hoy el reto está en el uso de nuevas tecnologías y sistemas que nos permitirán ejercer un mayor control”, agregó Cortés.
