La Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó varios allanamientos para lograr la captura de personas vinculadas a un caso que las autoridades afirman que está bajo reserva en Guatemala
Antilavadodedinero / Prensalibre
Extraoficialmente se sabe que los operativos van dirigidos contra extrabajadores de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De esa cuenta, las autoridades detuvieron a la abogada Leily Santizo, quien fue exmandataria de la Cicig y quien ahora ha ejercido defensa de exfiscales de la Feci que el MP busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.
Afirma que es inocent
La abogada Leily Santizo habló con periodistas cuando fue ingresada a la Torre de Tribunales y afirmó que su captura es una represalia en su contra.
“Son represalias que están emprendiendo, estoy tranquila que no he cometido ningún acto delictivo, no me fui, aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso porque no he cometido hecho delictivo”, dijo la exmandataria de Cicig.
Al consultarle si conocía el motivo de su detención, respondió que no, que sería el MP el que se lo tendría que informar porque lo desconoce.
“Me imagino que tal vez porque he estado vinculada con los casos que defiendo de los fiscales exCicig, no lo sé”.
Expresó que confía en la justicia porque: “no he cometido ningún ilícito, simplemente confío y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y cómo afronto esto”.
Condenan la captura
La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) publicó un comunicado en el que se refiere a la captura de Leily Santizo y afirma que las acciones del Ministerio Público son “alarmantes” y muestran que dicha institución continúa la criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa.
En el comunicado se detalla que negar el derecho a la legitima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años y eso pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender derechos humanos.
Explica que el MP detuvo este 10 de febrero a la abogada Leily Santizo, quien ejercía la defensa técnica de exfiscales de la Feci que el Ministerio Público busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.
“En esta ocasión, se castiga además a una abogada integra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros”, se lee en el documento.
Agrega que: “El patrón es claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente. Además, destaca que el Ministerio Público aduce la reserva del caso, al mismo tiempo que actores anónimos y radicales en redes sociales filtran la Información a la opinión pública”
En tal sentido, la agrupación señaló que:
“Condenamos al MP por este acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso. Coloca en riesgo el ejercicio libre de la profesión jurídica y el derecho de toda persona a defenderse ante un tribunal”.
“Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y dé seguimiento a la situación exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadanía a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petición como parte de la defensa técnica”.
El Juzgado Tercero Penal le hizo saber el motivo de detención a la exmandataria de Cicig, Leily Santizo, y quedó en prisión provisional en Mariscal Zavala. La audiencia tentativa está programada para el 15 de febrero.
Defensa de Xiomara Sosa presenta un memorial
Xiomara Sosa, exintegrante de la Feci, sobre quien pesa una orden de captura, presentó un memorial por medio de su equipo de abogados para proceder con “lo que en derecho corresponda”
Los defensores indicaron que ella no está capturada.
El caso contra el antiguo personal de Feci y Cicig lo conocerá el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez, del Juzgado Tercero Penal. Este juez fue denunciado por la antigua Feci por el Caso Comisiones Paralelas 2020, y es una de las personas que se habría reunido con Gustavo Alejos.
A Sosa como se presentó y adjuntó un memorial la citaron para el 15 de febrero a su casa.
En horas de la tarde, Sosa acudió de nuevo al juzgado Tercero de Primera Instancia Penal a ponerse a disposición por segunda vez.
“Realmente no tengo ningún conocimiento (del caso), porque no me han notificado nada. Yo tuve conocimiento únicamente por la orden de allanamiento que hicieron en la casa de mi mamá y en la Fiscalía donde trabajo, también llegaron a buscarme”, dijo en declaraciones a “La Hora”.
También dijo que “inmediatamente al enterarme de la orden de captura me puse a disposición del juzgado, sin embargo, me dijeron que no se ha fijado la audiencia de primera declaración, posteriormente me indicaron que quedó programada para el 15 de febrero”, explicó Sosa, quien considera que esta situación obedece a una persecución política.
