El lavado de dinero y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización financiera y comerciales a nivel mundial. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos.
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El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones económicas, financieras y comerciales con el fin de incorporar ganancias ilícitas en circuitos legítimos. Por su parte, la financiación del terrorismo es cualquier forma de apoyo económico o material a los grupos terroristas. Ambas prácticas contemplan riesgos que pueden producirle pérdidas a la organización.
Por eso, para desarrollar un buen sistema de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo es necesario reconocer los posibles riesgos a los que se expone una empresa.
Aquí te explicamos los principales riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Riesgo reputacional
Es aquel que se presenta por el desprestigio, la mala imagen o la publicidad negativa de una organización. Cuando este riesgo se concreta, es posible que se genere desde una pérdida de clientes hasta una disminución de los ingresos de la empresa o incluso el enfrentamiento de procesos judiciales.
Riesgo legal
Ocurre cuando una entidad es sancionada, multada u obligada a indemnizar por haber incumplido normas, regulaciones u obligaciones contractuales.
Riesgo de contagio
Es la posible afectación reputacional, legal o económica que puede sufrir una empresa al estar relacionada con la acción o la experiencia de un actor asociado con ella.
Claro está que hay actividades económicas que son más propensas a ser utilizadas para el LA/FT. Las más proclives son las corporaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, así como las personas políticamente expuestas (PEP) y entidades que realizan operaciones económicas de alto riesgo.
Es fundamental contar con un sistema de prevención el lavado de activos y la financiación del terrorismo porque las entidades que no establezcan medidas para evitar formar parte de este tipo de delitos pueden incurrir en tres riesgos que afectan de forma grave su operación.
Además de los riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo que ya mencionamos, estas prácticas también producen efectos que perjudican no solo a una organización sino a la sociedad en su conjunto:
- Permiten que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales de armas o funcionarios públicos corruptos puedan operar y ampliar sus actividades ilícitas.
- Logran una ventaja competitiva que hace difícil, sino imposible, para los negocios legítimos competir con aquellos que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos legítimos.
- Pueden generar problemas de liquidez en las instituciones del sistema financiero, debido al ingreso y posterior retiro repentino de grandes sumas de dinero.
- Distorsionan la oferta de bienes y servicios. Asimismo, generan cambios inexplicables en la demanda monetaria, inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio, lo cual dificulta una política económica atinada.
- Disminuyen los ingresos tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudican indirectamente a los contribuyentes honrados, lo que significa tasas de impuestos más elevadas para cubrir el déficit fiscal (contrabando, defraudación tributaria).
- Perjudican la reputación del país y la de sus instituciones financieras, lo cual disminuye las oportunidades de desarrollo sostenible.
- Refuerzan la creencia sobre la rentabilidad del crimen, lo que incentiva su realización e incremento, con el aumento del daño social (daños a personas, miedo, gastos médicos, de seguridad y de reposición de bienes). Esto, a la postre, reduce la capacidad de ahorro de los ciudadanos y por ello su bienestar económico.
Por esas razones, las entidades tienen la responsabilidad de identificar las actividades y las fuentes financieras de sus clientes, así como determinar las características de las transacciones que estos realizan.
En este sentido, métodos como la segmentación de clientes, procesos o la gestión de operaciones inusuales son buenas prácticas para prevenir los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
