“La pena para Báez tiene que ser más baja, seis años”, disparó el entonces director de Litigios Penales de la UIF, Claudio Castelli. “Es imposible, el piso mínimo es 12 años”, le contestaron los abogados que representaban al organismo antilavado en el juicio de la “ruta del dinero K”. Ocurrió en enero de 2020, al poco tiempo de asumir la actual gestión. Faltaban menos de dos meses para los alegatos y dentro del organismo se vivía un clima de tensión por el cambio de gobierno. Las presiones fueron creciendo hasta el día del alegato, según pudo reconstruir Infobae. Finalizado el juicio oral, uno de los abogados decidió renunciar y el otro acaba de ser echado.
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Aquella trama secreta acaba de salir a la luz a partir del desplazamiento del director de Litigios Penales, Claudio Castelli, jefe directo de los abogados que llevan adelante las causas judiciales. La tensión que reinaba en la Unidad de Información Financiera (UIF) se transformó ahora en una “guerra interna”, según definió Castelli en uno de los audios que desparramó antes de irse y a los que tuvo acceso este medio.
Castelli ya había tenido un paso por la UIF durante el kirchnerismo. Cuando asumió Mauricio Macri, se fue al Ministerio de Justicia. En diciembre de 2019 regresó de la mano de Carlos Cruz, con quien ya había trabajado en el Banco Central. “Venía para ser un asesor y llamativamente le dieron Litigios Penales”, contó un empleado que sigue en la UIF. En ese momento, el organismo anti lavado tenía 18 abogados para unas 180 causas penales.
Una de las primeras batallas internas fue por el juicio oral contra Lázaro Báez. Apenas llegaron Cruz y su equipo, los abogados que habían llevado adelante la querella de la UIF pusieron a disposición una copia impresa de los alegatos.
Hubo al menos tres reuniones durante ese verano. Desde el comienzo, Castelli planteó objeciones al pedido de pena para el empresario K. “La pena para Báez tiene que ser más baja”, disparó en el primer encuentro. El primer borrador del alegato, según pudo saber Infobae, estipulaba una pena mucho más alta. Los abogados de la UIF respondieron que no se podía pedir menos de 12 años, la pena que finamente recibió el empresario patagónico.
Las fuentes consultadas por este medio aseguran que en esa primera reunión estuvo presente el titular de la UIF, Carlos Cruz. El funcionario no habló de las penas, pero habría objetado la mención al juicio de la obra pública como delito precedente del lavado de dinero. En su entorno lo desmienten. Dicen que estaba en la Costa Atlántica.
A los pocos días hubo otro encuentro en la sede de la UIF. Otra vez estuvieron Castelli, los dos abogados que llevaban la causa, y se sumó el jefe de Gabinete de la UIF, Gabriel Rojas.
La tensión fue en aumento. Ante los pedidos de los funcionarios para aliviar la situación del empresario K, los abogados respondían con evasivas. La semana previa al comienzo de los alegatos estuvo plagada de discusiones internas. Incluso los amenazaron con despedirlos. Ese mismo día a la tarde, los volvieron a convocar y siguieron trabajando en los preparativos.
El alegato de la UIF finalmente arrancó el 26 de febrero, cuando el juicio todavía se hacía de manera presencial en Comodoro Py. “Se trata de alguien que administró millones y millones que corresponden a todos los argentinos y que ha mostrado un increíble desapego a las normas, apartando aquellos activos del control del Estado”, dijo en esa audiencia el abogado Fabián Mérola sobre Báez.
Pese a los reclamos internos, los abogados finalmente hicieron alusión al juicio de la obra pública y a una pericia clave dentro de esa causa sobre las obras que recibió Austral Construcciones. Fue solo una mención, casi de manera obligada, en el tramo referido a los delitos precedentes.
El miércoles 4 de marzo, finalmente se conocieron los pedidos de penas. Para Lázaro Báez, la UIF terminó solicitando 9 años de prisión, muy lejos de lo que figuraba en el primer borrador.
La querella de la UIF también pidió 8 años para Martín Báez, y 4 años y 6 meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña, que fue reivindicado por su aporte a la causa. “Esta querella sostiene que si la información brindada por el imputado colaborador (Fariña) se corroboró y fue útil para la corroboración de la verdad, y dejando fuera cualquier especulación moral o política que trajeron las defensas, se ha corroborado en gran parte lo que él ha dicho y vamos a tener por cumplida la Ley 27.304 (Ley del Arrepentido)”, dijo ese día el abogado Carlos Pujol.
Unas semanas antes, la AFIP había pedido 8 años de prisión para Báez, una pena muy baja de acuerdo al desarrollo del juicio. Solo quedaba pendiente el alegato de la Oficina Anticorrupción, pero llegó la pandemia y el desarrollo del debate se demoró varios meses.
Luego de la sentencia, en febrero de este año, los abogados a cargo de la querella quedaron afuera de la UIF. Uno se fue de manera voluntaria y el segundo acaba de ser despedido. Infobae intentó contactarse con ambos, pero rechazaron la posibilidad de hacer comentarios. En la UIF se limitaron a decir que “la estrategia procesal en la causa de Báez fue definida en sus inicios y durante todo su desarrollo por la gestión de (Mariano) Federici”.
No fueron los únicos abogados despedidos dentro de la UIF. La interna en el área de Litigios Penales explotó con la salida de Carlos Castelli. Su desplazamiento desató una “guerra interna”, según dijo él mismo en algunos de los audios de WhatsApp que mandó antes de irse. En esos mensajes, a los que tuvo acceso Infobae, anticipaba que iba a hacer pública la interna.
En el primer audio, cuyo contenido fue adelantado por el diario Clarín, Castelli se dirige a Gustavo Rojas, jefe de Gabinete de la UIF: “Te mando yo Gustavo los audios que le mandé a Leandro porque yo sé que vos estás detrás de todo esto, junto con Leandro, junto con Daniela, me quiere hacer a mi… Vos no entendés nada de la administración pública, tampoco Gustavo, estás en la rencilla interna, en el manejo perverso, no es así como funciona esto, algún día lo entenderás… pero te lo mando….Si vamos a librar una pelea, libremosla, esto va a ser duro para todos eh, no solamente para mí. Te digo más, yo me voy de acá y voy a hacer público todo esto, y vamos a ver quién vuelve a la UIF y quién se va”.
Otro de los audios fue enviado a uno de los abogados del área de Litigios Penales que sigue en la UIF. Castelli -acusado de hostigar a varios de sus empleados- critica duramente la gestión de Cruz y habla de un organismo paralizado. “Afuera todo el mundo está diciendo que la UIF está parada. ¿Por qué no le pregunta Carlos (Cruz) a Cristina Caamaño (la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia) qué piensa? ¿Por qué no le pregunta a muchos del gobierno del desaguisado que está haciendo con la UIF? Yo soy solo un mensajero y quiero mejorar las cosas, pero vos estás en las rencillas de poder internas, un absurdo, no entendés cómo funciona esto, yo lo lamento, yo te di directivas por dónde ir, vos enganchabas rápido, pero rápidamente entraste en las rencillas internas … pregunten afuera qué piensan de la UIF, está parada, no sacan ninguna resolución, no hacen ninguna supervisión. Si no presentamos una querella es porque yo esperé a que saliera el poder, y en segundo lugar a que pusieran más gente, vos sabés que necesitamos más gente, no es cuestión de presentar la querella, es llevarla a la causa. Lamento que no hubieras entendido cómo funciona la administración pública, cómo es esto de la delegación, cómo es un director que tiene que manejar las cosas, te quedaste en la rencilla, en el chisme, hay una diferencia y una estatura moral entre vos y yo y Marcela, dejémoslo así”.
La “parálisis” de la UIF denunciada por Castelli es ratificada por otros empleados consultados por Infobae. “La Dirección de Análisis es el corazón del organismo y casi no funciona. Desde marzo de 2020, no se resignan los ROS (reporte de operación sospechosa), solo se trabaja por requerimientos de la Justicia en causas que ya están en trámite”, apuntó una fuente en estricto off the record. Y agregó: “Solo están preocupados por lo que pasa en la Hidrovía”, uno de los puntos de tensión entre el albertismo y el kirchnerismo duro, que viene reclamando por la estatización.
Los audios que se filtraron en las últimas horas son recientes. “Quieren guerra la tendrán, puedo perder una batalla, vamos a ver quién gana la guerra”, se escucha decir a Castelli en otro de los mensajes en alusión a la interna silenciosa entre Carlos Cruz y su segunda, la abogada Mariana Quevedo, que responde al Instituto Patria y a La Cámpora.
Aunque llegó de la mano de Cruz, Castelli alardeaba de un supuesto respaldo del kirchnerismo duro. De hecho, en la UIF cuentan que ya había trabajado en la Dirección de Asuntos Jurídicos, durante la gestión del José Sbatella, cuando el área estaba a cargo de Quevedo.
Su situación actual es incierta. “Está desplazado”, aseguran dentro del organismo. Esas mismas fuentes detallan que tiene una licencia médica, lo que impide formalizar su salida definitiva. “Se están analizando distintas responsabilidades derivadas de situaciones conflictivas que involucran a Castelli”, dijo una alta fuente de la UIF.
Castelli parece resistir. En su cuenta de Twitter, todavía sigue firmando como “Director de Litigios Penales”.
