El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de corrupción terminó el martes tras una orden judicial de que siga el proceso penal en su casa.
Lozoya acusó ante la FGR a ex presidentes, líderes partidistas y legisladores de la oposición de recibir sobornos como parte de su alegato para justificar que el dinero indebido que tenía fue para pagar votos de políticos para la aprobación de la ley energética del gobierno de Enrique Peña.
Después de dos años con tres meses y 17 días, el ex director de Pemex abandonó el Reclusorio Norte a las 7:39 p.m. Lozoya podrá seguir en libertad su proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho tras haber sido apresado en noviembre de 2021.
La resolución judicial consideró que ya no hay riesgo de que el ex director de Pemex pueda darse a la fuga.
Ahora sólo deberá usar un brazalete electrónico, no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente a firmar.
En el caso Odebrecht, la FGR acusó a Lozoya de haber recibido sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares, a través de un entramado de empresas offshore, a cambio de los contratos de obra de la Refinería de Tula, Hidalgo.
El 11 de agosto de 2020, el ex funcionario denunció que ese dinero habría sido para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, a cambio de que una vez en el gobierno fueran beneficiados precisamente con contratos de Pemex.
También acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, de participar en hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional.
La acusación del ex funcionario aseguraba que el dinero de Odebrecht se usó para pagar sobornos a líderes y senadores del PAN y PRI para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, en el marco del Pacto por México.
Estos dichos del acusado; sin embargo, fueron puestos sobre la mesa a cambio de que la FGR le concediera a Lozoya y a su familia la inmunidad penal, un beneficio que al final no le otorgaron.
El año pasado, un juez le había cancelado al ex director de Pemex otro proceso por el Caso Agronitrogenados, al considerar que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya estaba pagando la reparación del daño por la compraventa ilícita de la planta de fertilizantes.
Y en 2022, pagó 2.6 millones de pesos mexicanos (unos $150,000 dólares) a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que adeudaba en 2016, para que le cancelaran el proceso por defraudación fiscal.
La Fiscalía reclamó la decisión judicial y aseguró que el ex funcionario recibía “privilegios injustos, inequitativos y parciales”. Anunció que presentará un recurso de revisión.
El ex director de Pemex ya no tiene ninguna otra causa penal con la que puedan retenerlo en prisión.
