El testimonio de uno de los comandantes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia ante la justicia transicional colombiana esboza la relación de las redes criminales de este grupo con miembros de altas esferas políticas, económicas y militares del país.
Desde su lugar de retención en Estados Unidos, Salvatore Mancuso Gómez, uno de los principales comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), rindió audiencias de verdad plena entre el 11 y 16 de mayo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional que investiga las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia.
Mancuso estuvo detrás de la expansión de los grupos paramilitares hacia el norte de Colombia entre 1994 y 2004 y lideró varios bloques de las AUC en departamentos como Córdoba y Norte de Santander. En 2008 fue extraditado junto con otros líderes paramilitares a Estados Unidos, donde fue condenado a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.
En 2020, Mancuso solicitó someterse a la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997. Ahora busca una reducción de condena en Colombia, donde se le acusa de 5.200 delitos violentos, como homicidio, desaparición forzada y violencia de género, entre otros.
Las audiencias actuales representan su última oportunidad de que se le conmute la pena a través de la JEP, si puede demostrar, con nueva información, su papel como enlace entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Con esto, buscaría quedar en libertad en caso de ser extraditado a Colombia.
InSight Crime presenta los principales elementos desarrollados en estas audiencias, que dan cuenta de la dimensión que tuvo el fenómeno de las AUC en Colombia y las redes criminales que permitieron su expansión.
La fuerza política de las AUC
Durante las audiencias, Mancuso afirmó que las AUC intervinieron directamente en las elecciones presidenciales en Colombia de 1998 y 2002, llegando al más alto nivel de la política del país.
“Hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente [Andrés] Pastrana y a [Álvaro] Uribe”, dijo Mancuso a la JEP y pidió profundizar este tema en una audiencia reservada por motivos de seguridad.
Mancuso también afirmó que, tras el avance de la guerrilla de las FARC a las inmediaciones de Bogotá, Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010, le pidió la formación del bloque Capital de las AUC, un bloque que pretendía hacer presencia en la capital colombiana.
Ante esto, el expresidente Andrés Pastrana acusó a Mancuso de falso testimonio y lo denunció ante la fiscalía colombiana por injuria y calumnia. Álvaro Uribe, por su parte, publicó un comunicado en el que negó haber recibido ayuda de paramilitares en el marco de su campaña electoral y expresó que en su momento rechazó las presiones electorales que ejercían los paramilitares para votar a favor suyo, en regiones como el Magdalena Medio, al norte de Colombia.
Las afirmaciones hechas por Mancuso deberán ser corroboradas por la JEP, pero de resultar ciertas ilustrarían el grado de influencia y las redes políticas que ostentó el paramilitarismo, las cuales fueron claves para su expansión militar, política y económica.
Los vínculos políticos de los paramilitares no son desconocidos. Más de 250 dirigentes políticos, entre ellos 72 congresistas y 15 gobernadores, han sido condenados por nexos con las AUC, en un escándalo conocido como la parapolítica.
“Armamos una maraña de entramados que nos permiten legitimar el movimiento político, el discurso político, la actuación de la Autodefensa”, dijo Mancuso ante la JEP.
Los cementerios paramilitares en Venezuela
Durante las audiencias, Mancuso, quien lideró el bloque Catatumbo en el departamento fronterizo de Norte de Santander, mencionó que las víctimas de desaparición forzada de este bloque eran enterradas en fosas comunes en Venezuela.
“Allá hay cementerios de autodefensas, más de 200 despojos mortales de personas en San Cristóbal, en Ureña, en San Antonio, en la Fría y en Boca de Grita”, señaló Mancuso y afirmó que para esto hubo coordinación no solo con militares colombianos, sino con las fuerzas armadas venezolanas.
La desaparición forzada fue una orden que vino desde altos mandos militares en Colombia a Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las AUC, según comentó Mancuso, y explicó que esto buscaba mantener bajo el conteo de víctimas y evitar afectaciones en los ascensos de rango de militares en las zonas de injerencia paramilitar.
InSight Crime visitó recientemente Norte de Santander, donde fuentes expertas en derechos humanos confirmaron que esta práctica sigue vigente entre los grupos armados que operan en la zona, con el fin de no generar alertas sobre aumentos en las cifras de homicidios o para evitar que los cuerpos sean recuperados.
Falsas desmovilizaciones
Mancuso se refirió a la desmovilización de una facción de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la zona de Urabá en 1996. Sobre esta mencionó que fue una desmovilización ficticia y que la mayoría de las armas y hombres de este proceso terminaron en las filas de las AUC, algo que –según el excomandante paramilitar–, fue de conocimiento del gobierno de aquel entonces.
“Cambiamos unos armamentos, nos quedamos con el mejor armamento que traía el EPL y se le entregó el armamento más viejo de las autodefensas”, dijo Mancuso. “Se da esta desmovilización con unos visos de legalidad, pero lo que realmente se hizo fue pasar las guerrillas del EPL a la fuerza de las autodefensas”.
Mancuso expuso el caso de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien hasta su captura en octubre de 2021 fue el principal líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como los Urabeños, uno de los principales grupos criminales colombianos que tiene sus orígenes en las cenizas de la desmovilización de las AUC. Otoniel y su hermano, Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanny”, hicieron parte del EPL y luego del proceso de desmovilización mencionado por Mancuso se sumaron a las filas de las autodefensas.
En las palabras del propio Otoniel ante la Comisión de la Verdad, “la llegada del EPL fue el crecimiento de [las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá] en todas partes. Ahí fue la expansión de la autodefensa, porque llegó mucho comandante de experiencia”.
Colaboradores del paramilitarismo
En las audiencias, Mancuso reabrió la discusión sobre el rol de empresas, nacionales y privadas, en la financiación y expansión del paramilitarismo.
Como ya había afirmado en el pasado, mencionó que el gigante de las gaseosas Postobón y la cervecera Bavaria apoyaron al paramilitarismo con pagos mensuales o aportes a través de las redes de distribución a nivel nacional.
Sobre Ecopetrol, petrolera del Estado colombiano, afirmó que les permitía a los paramilitares robar combustible de tubos alimentadores, incluso compartiéndoles los horarios de bombeo. El combustible era posteriormente vendido en estaciones de servicio en territorios bajo control paramilitar.
En cuanto a las bananeras, Mancuso expresó que estas empresas pagaban 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, ganancias que eran distribuidas entre paramilitares, las cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir y los mandos militares.
También se refirió a empresas carboneras como la multinacional Drummond, la cual ha sido investigada en el pasado por presuntos nexos con el paramilitarismo. Mancuso indicó que los paramilitares recibieron del jefe de seguridad de esta empresa, listas de nombres de sindicalistas de Drummond que fueron asesinados por las AUC.
Esto ya había sido denunciado ante la JEP por el exparamilitar Jairo de Jesús Charris, quien mencionó que los directivos de Drummond tenían conocimiento del desarrollo de estas dinámicas. Frente a esto, Drummond publicó un comunicado en abril de 2023 en el que negó cualquier vínculo con grupos al margen de la ley y expuso que hay un cartel de falsos testigos en contra de la empresa.
A la fecha, ninguna de las empresas se ha referido a las recientes afirmaciones de Mancuso.
