La ola de sanciones estadounidenses a los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y a los operadores políticos del Frente Sandinista, pero en especial, a las empresas y a los miembros del clan Ortega-Murillo, disminuye la fortuna de la familia presidencial en un monto que oscila entre 60 a 100 millones de dólares anuales.
Antilavadodedinero / ElSalvador
“Las pérdidas para la familia a cargo del régimen -en ganancias, no en volumen de ventas- se estiman entre 70 y 100 millones de dólares anuales”, aseguró el exdiputado liberal Eliseo Núñez, en una entrevista concedida a un medio televisivo y digital nicaragüense.
Un experto de la industria eléctrica que accedió a hablar con El Diario de Hoy a condición de no revelar su nombre para evitar represalias del régimen, admitió que le resultaba “un poco difícil dar una cifra, porque habría que ver cuál es el tamaño de las importaciones, específicamente de búnker”, que es uno de los negocios principales de la familia.
Además de importar y distribuir combustibles, la familia también es dueña de las plantas de energía termoeléctrica, con una capacidad instalada equivalente a casi 22% del total del país.
Este experto añadió que el cálculo ofrecido por el exdiputado Núñez no le suena descabellado.
En similares términos se expresó el líder de una organización empresarial, quien calcula que las pérdidas anuales de los Ortega Murillo oscilan entre los 60 y los 100 millones de dólares, aunque admite que no han hecho un estudio riguroso que les permita definir la cifra con exactitud.
Ser incluido en una lista de sancionados -sea al amparo de la Ley Magnitsky Global, o de la NICA Act- implica que se congelan los bienes (dinero, bonos, propiedades, entre otros), que una persona o institución tenga en Estados Unidos.
De paso, se prohíbe a los bancos estadounidenses tener cualquier tipo de relación con un banco o empresa de extranjeras, que tenga relaciones comerciales o financieras con cualquiera de los sancionados, sus cónyuges o hijos dependientes de ellos, (para evitar que burlen las sanciones, entregando a sus parientes el control de sus finanzas).
En la práctica, esto se convierte en una especie de ‘muerte civil’, porque al saber que alguien ha sido sancionado, los bancos los llaman para que lleguen a retirar cualquier ahorro que tengan con ellos, y a devolver las tarjetas de crédito que tengan en uso, lo que dificulta el día a día de estos poderosos, acostumbrados a manejar grandes cantidades de dinero cada día.
La magnitud del daño al patrimonio de la familia, ayuda a entender su ruego constante pidiendo a Estados Unidos que cese el castigo porque “el pueblo es el que sufre”, aunque la verdad es que las sanciones están dirigidas contra individuos y entidades del entorno de la pareja.
Cinco estocadas graves
El primer golpe a las finanzas del conglomerado de empresas que maneja el matrimonio Ortega Murillo llegó hace un año, en enero de 2019, cuando se sancionó a Alba de Nicaragua S.A., (Albanisa), empresa binacional de capital venezolano nicaragüense, y subsidiaria de la también sancionada Petróleos de Venezuela S.A., (Pdvsa).
Albanisa funcionó como holding de las empresas creadas por gente de confianza de la pareja gobernante, aprovechando para ello los más de 4 mil millones de dólares de la privatizada cooperación estatal venezolana, que se suponía destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos nicaragüenses.
Unos meses después, en abril de 2019 (un día antes que se cumpliera el primer aniversario del estallido de las protestas en el país), Estados Unidos sancionó al Banco Corporativo, al que también se conoce como ‘Banco del ALBA’, por haber sido creado con los fondos de la cooperación venezolana, y fungir como la entidad financiera del grupo de empresas de la familia.
Si bien sancionar al conglomerado empresarial y al banco del ALBA golpeó las finanzas de la familia gobernante, el más demoledor de los golpes fue el que recibieron -casi como un envenenado regalo de Navidad- en la primera quincena de diciembre.
El 13 de diciembre de 2019, el país se enteró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había ampliado la lista de sancionados, para incluir a Rafael Ortega, así como a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), a Inversiones Zanzíbar y a la empresa de vigilancia y seguridad El Goliat.
DNP es una empresa estatal que había sido entregada en concesión a la suiza Glencore S.A., durante la administración del presidente Arnoldo Alemán (1997 – 2001), hasta que en septiembre de 2009, la concesión se canceló de manera abrupta, y la empresa pasó a manos de Rafael Ortega y su esposa, Yadira.
Inversiones Zanzíbar es una empresa creada para administrar la red de gasolineras a las que DNP surte del combustible que venden a sus clientes, mientras que El Goliat es una empresa de vigilancia, también administrada por Rafael Ortega, que presta servicios de seguridad al conglomerado de empresas de la familia.
La ‘muerte civil’ decretada en contra de DNP e Inversiones Zanzíbar privó del negocio principal a la familia Ortega Murillo, que controlaba casi dos tercios del negocio de importación de diesel y gasolinas al país, proveniente de Estados Unidos.
Además de vender los combustibles en su propia red de gasolineras, (al menos 22, principalmente en el interior del país), también vendían producto terminado a las otras dos grandes comercializadoras que operan en el mercado nicaragüense.
El grupo también contaba con una gran capacidad de almacenamiento, al sumar los tanques construidos con dinero del ALBA, con los que le fueron confiscados a la multinacional ESSO en agosto de 2007, lo que da una idea de la magnitud del negocio que perdieron, en un país que consume alrededor de 10 millones de barriles anuales.
