Mediante un seguimiento diario e investigaciones de campo, hemos identificado por lo menos 37 unidades criminales relacionadas con la mafia ex-FARC. Además, tenemos buenas fuentes de inteligencia que indican que los disidentes de las FARC, bajo el comando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte“, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco“, han llegado a un acuerdo con elementos del ELN comandados por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, para dividirse territorios de los Llanos Orientales e incluso de Venezuela.
Hay actualmente en desarrollo una nueva amenaza criminal que pone en riesgo la seguridad nacional, y el gobierno puede estar alentando su crecimiento con sus decisiones políticas.
En una reciente conversación con un exguerrillero de las FARC quedó claro que hay cientos de excombatientes que podrían estar pensando en abandonar el proceso de paz —o que ya lo han hecho— para volver al monte y a las economías criminales que alguna vez controlaron.
“Para muchos de nosotros el proceso de paz ha terminado. Como muchos lo predijeron, fuimos traicionados por el gobierno. Supusimos que si el gobierno firmó un acuerdo, verificado por instancias internacionales, entonces ese acuerdo se cumpliría. Obviamente, estábamos equivocados”, dice un veterano exintegrante de las FARC.
Muchos partidarios del gobierno podrían aducir que el presidente Iván Duque y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe, lideraron los ataques contra el acuerdo de paz y ganaron el referéndum mediante el cual fue rechazado en octubre de 2016. Sin embargo, una actualización de los acuerdos fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Constitucional, con la condición de que no puede ser modificada en los siguientes 12 años.
Esto significaría que la administración actual debe cumplir con los acuerdos. Sin embargo, las amenazas al acuerdo y el debilitamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parecen indicar que la palabra del gobierno colombiano no es sólida.
Si a esto se suma la negativa a respetar las condiciones acordadas previamente y con respaldo internacional en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional(ELN), la credibilidad de este gobierno queda en cuestión. Esto tiene enormes implicaciones nacionales e internacionales, y no solo en relación con el proceso de paz.
En lo que aquí nos ocupa, una de las implicaciones es que muchos miembros de las FARC, que entraron en el proceso de paz de buena fe, están siendo inducidos de nuevo hacia la vida criminal. Esto no significa necesariamente que se levantarán en armas contra el Estado, sino que van a regresar a la economía criminal que anteriormente financiaba el conflicto civil que durante cinco décadas adelantaron las FARC.
Permítaseme hacer una predicción: si el presidente Iván Duque no se compromete con los acuerdos de paz con las FARC y no cumple sus condiciones en la medida de sus capacidades (y sus recursos), y si además de eso no fortalece la JEP, la mafia ex-FARC, en alianza con elementos del ELN, establecerá una hegemonía criminal en diversas partes de Colombia y se convertirá en una nueva amenaza para la seguridad nacional dentro de tres años.
Y si un gobierno elegido con base en la promesa de mejorar la seguridad permite que esto suceda, entonces se trata de una traición a los que votaron por él.
El presidente Juan Manuel Santos tiene parte de la culpa, dado que él firmó un acuerdo e hizo una serie de promesas que no cumplió durante su administración, delegando un reto de proporciones titánicas a su sucesor. Sin embargo, eso es asunto del pasado, y estamos hablando del presente y de lo que viene a futuro.
Exploremos un poco más la naturaleza de esta creciente amenaza criminal, que en InSight Crime hemos denominado “mafia ex-FARC”.
Esta tiene tres componentes: los disidentes de las FARC (a los que el gobierno llama Grupos Armados Organizados Residuales), que profesan algún tipo de ideología y se consideran a sí mismos como la continuación del ejército guerrillero desmovilizado; las Farcrim, o grupos de antiguos miembros de las FARC que están involucrados en actividades criminales, pero que no tienen pretensiones ideológicas; y las “FARC ocultas”, compuestas por guerrilleros que nunca entraron en el proceso de paz, sino que permanecieron en el campo de batalla, controlando las economías criminales.
Aprovechando la continua expansión de la producción de cocaína, la minería ilegal y la extorsión, la mafia ex-FARC está creciendo, controlando rutas de drogas en Venezuela, Ecuador y Brasil, y ganando suficiente dinero para financiar un crecimiento exponencial, en caso de que logren reclutar suficientes miembros y se reconecten con otras células de la mafia ex-FARC en todo el país.
Creemos que si la mafia ex-FARC logra encontrar un líder con prominencia nacional y habilidades excepcionales (vienen a la mente nombres como los de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”) podrá reunir unos 4.000 criminales experimentados, que, si se unen al significativo número de 4.000 miembros del ELN, podrían establecer una hegemonía criminal no solo en los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela, sino en toda Colombia, creando una red criminal de alcance nacional.
ALD/Semana
