Se trata de Alhec Tours, vinculada a varios casos de corrupción. El juez Daniel Rafecas levantó el secreto fiscal de sus dueños y le pidió información a la AFIP y a otros organismos estatales.
El expediente judicial que investiga la trama de coimas revelada por el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco acaba de reactivarse a partir de una serie de informes financieros que llegaron desde el exterior. El juez federal Daniel Rafecas recibió datos concretos desde el Principado de Liechtenstein y Hong Kong sobre cuentas bancarias que se habrían utilizado para el pago de esos sobornos. En el centro de la investigación aparece Alhec Tours, la financiera supuestamente elegida por Julio Grondona para cobrar esas coimas.
En primer lugar, el Principado de Liechtenstein confirmó el vínculo deGlobal Speciality Trading INC., titular de una cuenta bancaria en el Valartis Bank, con los dueños de Alhec Tours: Kresimir Bielic, Marta Rondinella de Bielic y Carlos Rivera. A partir de ese dato, Rafecas levantó el secreto fiscal de esas tres personas y le pidió a la AFIP “que tenga a bien remitir todos los datos de actividades profesionales desempeñadas y declaraciones juradas que registre sobre los nombrados, desde el año 2010 al 2017, inclusive”.
Además, el juez le mandó oficios a la ANSES, a la Inspección General de Justicia, y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros organismos, para que aporten todos los datos sobre los dueños de Alhec Tours
Esa financiera, ahora en proceso de disolución, fue investigada en varias causas judiciales. Uno de esos expedientes, por irregularidades en el pase de 400 jugadores de fútbol al exterior, estuvo a cargo del entonces juez federal Norberto Oyarbide, pero luego la Cámara Federal anuló toda la investigación y se perdió toda la prueba.
Alhec también era una de las cuevas preferidas de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner. “El dinero al exterior lo mandaba mi ex marido (Todisco) con Parolari al principio y luego se ocupó él. Solamente lo acompañé en una oportunidad a mandar dinero y lo hizo en la casa Alec (está mal escrito en el fallo) ubicada a media cuadra de la calle Florida, cerca de galerías Pacífico”, confesó Elizabeth María Ortiz Municoy en la causa de los cuadernos.
Los dueños de la financiera tenían estrechos vínculos con el mundo de la política y del fútbol. De hecho, Carlos Rivera era muy cercano a Carlos Liuzzi, el número 2 de Carlos Zannini que fue investigado por su enriquecimiento patrimonial y terminó sobreseído en tres causas.
Por la financiera Alhec Tours habrían pasado los pagos ilegales a Julio Grondona. “Nosotros llevamos los dólares en una bolso, en su sobre a su casa, o se la dábamos a su secretaria privada, o al chofer, o lo depositábamos en la financiera elegida por él en Argentina”, dijo Burzaco cuando declaró en Estados Unidos, según la traducción oficial que se acaba de incorporar al expediente local y a la que tuvo acceso Infobae.
“¿Qué significa Alhec Tours?”, le preguntaron al ex CEO de Torneos. “El nombre parece el de una agencia de turismo, aunque no se dedicaban al turismo, era principalmente una financiera para administrar, mantener, invertir tierra, dinero, principalmente dinero, bajo el radar fiscal y la usaban en gran medida muchos ejecutivos del fútbol y los agentes que compran y venden jugadores de fútbol”, respondió.
Burzaco también mencionó a Pablo Paladino, ex coordinador general de Fútbol para Todos, y al abogado Jorge Delhon, que trabajaba en esa repartición y tomó la trágica decisión de suicidarse.
Delhon era muy amigo de Carlos Rivera. De hecho, algunos sospechan que Paladino lo convocó a trabajar en el FPT justamente por ese vínculo.
La causa local sobre las coimas en el fútbol arrancó en 2015, luego de la explosión del FIFA-Gate, a partir de una denuncia de la PROCELAC contra los empresarios Hugo Jinkis, su hijo Mariano Jinkis, y Alejandro Burzaco, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero. En concreto, se los acusaba de haber sobornado a directivos de la FIFA y la Conmebol para vender ilegalmente al Estado nacional los derechos de televisión, marketing y publicidad del Mundial de Brasil (USD 18 millones) y la Copa América 2015 (USD 8 millones), entre otros torneos.
En 2019, el juez Rafecas desestimó la denuncia respecto a los Jinkis, porque no participaron de la venta de los derechos al Estado nacional, y avanzó sobre el rol de Burzaco y el supuesto pago de coimas a funcionarios argentinos.
Según reveló el periodista Facundo Pastor en el libro “El gran arrepentido de la mafia del fútbol”, los pagos de Burzaco a Grondona arrancaron en USD 600 mil por año y en 2012 la cifra trepó al doble. “Aumentó al mismo tiempo que aumentó para Nicolás Leoz. Aumentó a USD 1 millón por año y a partir de 2012, aumentó a 1 millón doscientos por año hasta su fallecimiento”, detalló Burzaco cuando colaboraba con la Justicia de Estados Unidos y el FBI.
Los investigadores apuntan ahora a confirmar cada uno de los datos aportados por Burzaco como colaborador. En ese contexto, Rafecas recibió un informe de Hong Kong sobre la empresa Eminent Partner Investments Limited, utilizada para el pago de las coimas mediante una cuenta en el banco Hang Seng Bank. El dinero ingresado en esa cuenta, según se desprende de la causa, habría sido enviado desde una cuenta radicada en el banco Julius Baer de Suiza.
Con esos datos, el juez le pidió información a la AFIP y a la IGJ sobre tres personas vinculadas a esa firma: Luis Caffarone, Marcos Guemes y Alejandro Peralta Ramos. También mandó un nuevo exhorto a Hong Kong para saber si esas mismas personas “registraron participaciones en otras empresas allí constituidas, así como también productos bancarios en dicha jurisdicción, ya sea por sí o través de esas empresas”.
“La solicitud de asistencia jurídica internacional a Hong Kong SAR será de utilidad para continuar la investigación sobre la hipótesis de que funcionarios públicos argentinos, específicamente relacionados con el Programa Fútbol para Todos, bajo la entonces coordinación general de Pablo Paladino, habrían recibido dinero, por parte del Grupo Torneos, para celebrar los contratos a través de los cuales el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación, marketing y publicidad, de las competencias en las que participó la Selección Argentina de Fútbol entre los años 2010 y 2015″, explicó el juez Rafecas en el exhorto.
