Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aumentó casi un 13 % los cultivos de hoja de coca hasta alcanzar el récord de 230.000 hectáreas, según el ultimo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Hasta 2021 el país tenía 204.000 hectáreas de plantíos de coca, un 43 % más que en 2020.
Aunque hubo una desaceleración en el crecimiento del último periodo, la cifra es la más alta registrada por la ONU desde que empezó su seguimiento de la producción de cocaína en 2001.
A la par con los narcocultivos creció la fabricación de droga que sale desde Colombia, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. De 1.400 toneladas de cocaína pasó a producir 1.738.
La tendencia al incremento se viene consolidando desde 2014, pese a la persecución del narcotráfico a lo largo de cinco décadas con la ayuda millonaria de Washington y la firma del acuerdo de paz con la poderosa guerrilla de las FARC en 2016.
Casi la mitad de los narcocultivos (49 %) están en tierras de comunidades negras, reservas forestales y resguardos indígenas, de acuerdo al informe.
Así, Colombia se mantiene de lejos como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia. Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana.
De acuerdo al informe, el «77 % del incremento neto se concentró en Putumayo (alrededor de 20.000 ha)» cerca de la frontera con Ecuador, un país cada vez más golpeado por la violencia ligada al narcotráfico.
«Fracaso» de la lucha antidrogas
El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha denunciado el «fracaso» de la lucha antidrogas y planteado a Estados Unidos que defina un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas.
Según el ministerio de Justicia del 2012 al 2022 se erradicaron forzosamente más de 840.000 hectáreas de coca, pero el área sembrada se incrementó en 327 %.
El sábado Petro lideró una cumbre sobre el tema con representantes de una veintena de países latinoamericanos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Desde la ciudad colombiana de Cali (suroeste), Petro y su homólogo mexicano acordaron unificar las voces en Hispanoamérica para exigirle al mundo un cambio que implique un tratamiento integral de la lucha contra las drogas.
Según los presidentes izquierdistas, la represión enriquece a las mafias, provoca más violencia y no ataca el consumo en las grandes potencias ni la pobreza en la que se incuban las organizaciones del narco.
«La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve», aseveró Petro en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas.
Pese al desarme de las FARC, la entonces guerrilla más poderosa del continente, en Colombia persiste una guerra que enfrenta a rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales.
Financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, los grupos armados se multiplican.
El primer presidente izquierdista en la historia del país aboga por una política de «paz total» para desactivar el prolongado conflicto por medio del diálogo con todos los actores ilegales.
En medio siglo la estela de violencia ha dejado 9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
El auge del Fentanilo
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en entrevista con Blu Radio este lunes que es un momento «estratégico» para cambiar a un enfoque «holístico» en la lucha contra los narcocultivos.
El jefe de la cartera aseguró que el país debe aprovechar la ventana que se abre cuando están cayendo los precios de la cocaína ante su colosal oferta y el auge de otras dogas como el fentanilo. Este es un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína, que entra por México a Estados Unidos y mata a casi 200 personas al día en ese país, según datos oficiales.
Las comunidades que se dedican a la plantación de coca sufren «vulnerabilidades», como carencia servicios básicos, y están «sometidas al estigma», dijo en rueda de prensa el lunes Candice Welsch, directora regional de UNODC.
La nueva política del gobierno consiste en ofrecerles a los campesinos, «que en su mayoría son pobres», otras alternativas: seguir cultivando coca pero para fines lícitos como la fabricación de cosméticos, textiles, alimentos, etc; vincularse a un proyecto comunitario y no individual para un cambio de economía en las regiones cocaleras; o «que pasen de ser cocaleros a guardabosques» en áreas protegidas y recibir un salario por cuidar el medio ambiente, explicó Osuna.
Hacia el fin de su mandato en 2026, el gobierno aspira a reducir la producción de cocaína a 900 toneladas y disminuir las hectáreas de hoja de coca en un 40 % a unas 150.000 hectáreas.
