El siguiente paso para la puesta en práctica del paquete de leyes antilavado consiste en la actualización de las normativas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para generar reportes de operaciones sospechosas como ONG e inmobiliarias.
Por La Vanguardia/AL
Diego Marcet, director del Área Jurídica de Seprelad informó que el objetivo es identificar los riesgos de lavado existentes en estas actividades y ajustar las normas de prevención. Anunció que los resultados de los estudios sectoriales estarán listos a principios del 2020.
“Esta modificación de la ley 1.015, que afecta específicamente a la Seprelad en su proceso de actualización de todo el marco normativo de los sujetos para implementar el enfoque basado en riesgos, queremos que todos los sujetos obligados apliquen, en los sectores de mayor riesgo, mayor control; en los sectores de menor riesgo, menor control”, explicó.
Marcet agregó que, en el arranque del 2020, trabajarán también en decretos reglamentarios pendientes y continuarán con la evaluación nacional de financiamiento del terrorismo; esto último, por la incidencia de factores sensibles como el movimiento de la Triple Frontera y la incursión de organizaciones criminales.
Celebró que la legislación antilavado se encuentre ahora acorde a las exigencias internacionales, lo que aseguró que permitirá aplicar con sustento legal cada uno de los requerimientos que emanan de la Seprelad.
Esta actualización de la legislación antilavado se efectúa como respuesta al examen que aplica el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de cuyo resultado depende que Paraguay retorne o no a la lista de gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en diciembre de 2020.
