El corazón de la consulta popular, propuesta por el gobierno, parecía estar en la séptima pregunta que trata sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: quitarle la carne y dejar solo los huesos. Eliminar sus atribuciones para designar las autoridades de control y convertirlo en un ente más dedicado a promover la participación ciudadana y el control social.
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Pero no. Tal y como van las cosas, el enfrentamiento de la consulta popular se dará seguramente alrededor de la extradición. La primera pregunta. Entre partidarios de que ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados con el crimen organizado transnacional puedan ser extraditados, y aquellos que se oponen. En los hechos, entre defensores y opositores de los narcos.
El correísmo ha empezado su campaña contra la consulta (“A Lasso dile No”) recurriendo a una coartada retórica que le será imposible sostener: oponerse en bloque a la consulta popular aduciendo que es un salvavidas del régimen, que son pretextos y distracciones o que esas preguntas no solucionan ninguno de los grandes problemas del país.
Correa ha puesto sendos trinos en ese sentido. Pero los ciudadanos son más perspicaces que la trolería correísta. Le será imposible obviar la primera pregunta bajo el supuesto de que ninguna vale; ninguna de las ocho. En las redes sociales ese argumento ya tiene respuestas. Una de ellas, quizá la más habitual: el correísmo rechaza la consulta porque es el defensor incondicional del narcotráfico.
El correísmo puede clamar alto y fuerte que son inventos y acusaciones falsas. Hay denuncias del pasado que acarrea adheridas como una segunda piel: el apoyo financiero de las FARC a la campaña de Correa, el refugio dado a Raúl Reyes en Angostura, las fotos de Pierina Correa con Ostaiza aquí y Redrobán en Italia. Hay también imágenes comprometedoras que han sido publicadas recientemente: Correa y Patiño con Leandro Norero, Marcela Aguiñaga con Xavier Jordán, Ronny Aleaga metido en una piscina con presuntos delincuentes… El vínculo político y gráfico existe, lo quieran o no los correístas. Y volverse ahora abogados, directos o no del narcotráfico no parece ser la mejor estrategia para disiparlo.
Tampoco parece que podrán echar mano de la fibra patriotera que tanto usaron: la dignidad nacional, el sometimiento a potencias extranjeras, la supremacía de la Constitución, la vergüenza de entregar nacionales… En ese registro son expertos. Pero este ya no es un tema abstracto.
Ahora el país sabe lo que significa el narcotráfico, su capacidad de destrucción, la corrupción que trae consigo, la onda de atentados que puede producir, la violencia que genera en las cárceles y en las calles, sus sicarios y sus arreglos de cuentas… En esas circunstancias, le será muy difícil al correísmo, o a cualquier otro abogado del narcotráfico, esconder sus intenciones bajo un manto de nacionalismo barato.
Correa, que es predecible, tiene serios problemas con la consulta popular. Y lo confiesa. En un trino habla de las dos consultas, la de 2018 y la de ahora, como ironías de la historia. Pero no lo fue para Lenín Moreno y parece -hasta ahora- que no lo será para Guillermo Lasso. Son ironías para él. Perdió la consulta de 2018 y en vez de destrozar al país (como escribe en su trino), lo dejó a él sin reelección indefinida. El destrozado fue él. Esta consulta podría acabar con su bodrio, llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y desde ahora, lo pone contra el muro en la primera pregunta.
En los hechos, y ante toda la opinión, él y los suyos podrían aparecer como los abogados incondicionales del narcotráfico. Un fenómeno tan corrosivo que nadie quiere ver instalado en el país. Y, de paso, aparecer como el opositor a una de las armas de disuasión más letales que tienen los Estados frente a los carteles del crimen organizado: la extradición, en particular, a Estados Unidos. Un temor innegable para los capos.
Correa pregunta en su trino “¿habremos aprendido algo?”. De su lado no parece. El dilema (ser o no defensor de los narcos), que por ahora responde afirmativamente, pesará no solo en la consulta popular. También en los candidatos para cargos seccionales que tendrán que anunciar sus posiciones. En Quito, por ejemplo, ¿Pabel Muñoz se hará vocero de esa causa? De darse, no faltarán contrincantes, en cualquier parte, que les acusen no solo de ser abogados de los narcos sino de recibir su financiamiento.
Como se ve, el correísmo está corriendo desenfrenadamente en una pista minada.
