Marcos Tinedo, jefe de riesgo y cumplimiento, de Optal Limited Group (UK) dijo que » Los esfuerzos de debida diligencia del cliente en una institución financiera se refieren a todas las acciones que realizan las funciones de soporte a los negocios para identificar y conocer de manera integral a los clientes que utilizan los productos y/o servicios de una institución financiera.
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Las instituciones financieras ejecutan dichas funciones de soporte para cumplir con una regulación específica de prevención de lavado de dinero y/o cumplimiento de la jurisdicción donde se encuentran, lo cual implica una inversión considerable en personal, tiempo y sistemas que debe realizar dicha entidad.
Sin embargo, debido a que en la mayoría de los países actualmente requieren la aplicación de sistemas de prevención de lavado de dinero con base a riesgo, esto constituye una oportunidad para optimizar el modelo de operaciones que posee cada institución y que a su vez permita cumplir con la regulación respectiva optimizando costos y tiempos para el banco.
Específicamente para aquellas entidades que cuentan entre sus clientes con entidades jurídicas denominadas fondos de inversión,[1] pueden establecerse criterios de simplificación basados en la calidad del regulador que revisa sus operaciones de manera periódica en la jurisdicción en la cual se encuentre, así como en la bolsa de valores en la cual cotizan sus títulos, de ser el caso.
De aquí, para establecer una lista de reguladores aceptados (LRA) para la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia del cliente, el banco necesita desarrollar una metodología que, en función de sus resultados, le permita determinar el nivel apropiado de debida diligencia requerido para estos fondos de inversión. Esta lista deberá ser actualizada y/o revisada por la entidad al menos una vez al año, debiendo realizar las actualizaciones respectivas para incluir cualquier cambio significativo que pudieran haber sufrido los integrantes de esta. Por lo tanto, una metodología sugerida para determinar el criterio de inclusión a esta lista deberá estar compuesta por los siguientes factores:
- Si la jurisdicción donde opera el regulador es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluso si la misma cuenta con un análisis de deficiencias estratégicas es previamente determinado;
- La calificación de riesgo geográfico del país en la cual el regulador opera;
- Si la jurisdicción donde opera el regulador se encuentra calificada como paraíso fiscal, así como su estado actual si se encuentra en proceso de regularización o aún sigue siendo considerada como tal;
- La calidad percibida del regulador en estudio, con base a los indicadores de gobernanza establecidos por el Banco Mundial;[2]
- El juicio de experto de los analistas especializados que conforman el equipo del banco que trabaja ejecutando estos procedimientos.
Del mismo modo, se recomienda establecer un listado de bolsas de valores aceptadas (LBVA) que permita determinar del mismo modo la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia del cliente cuando se trate de fondos de inversión. Al igual que la lista anterior, ésta debe ser actualizada y/o revisada por el banco al menos una vez al año, debiendo reflejar en la misma cualquier modificación sustancial que se registre durante este tiempo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la metodología para determinar el LBVA es más estricto, debido a que debe incluir niveles de corrupción percibida en las Bolsas de Valores ubicadas en jurisdicciones geográficas de alto riesgo, tomando en cuenta los siguientes factores:
- Si la bolsa de valores es supervisada o regulada por una autoridad respaldada por el gobierno que promueve altos estándares éticos y de cumplimiento que permitan mantener dentro de la jurisdicción que regula la justicia, eficiencia y solidez de los mercados financieros;
- Si la bolsa de valores bajo revisión exige a sus miembros, participantes y compañías listadas la identificación y revelación de los dueños, directores y otras partes que ejercen el control significativo en las mismas;
- Si la bolsa de valores requiere a sus miembros, participantes y empresas listadas altos niveles de transparencia con respecto a la revelación de su posición financiera;
- La calificación de riesgo geográfico del país en el cual la bolsa de valores opera;
- La calificación obtenida por el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (CPI, por sus siglas en inglés)[3] por el país en el cual la bolsa de valores realiza sus transacciones;
- Si la bolsa de valores es miembro o se encuentra afiliada a la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE, por sus siglas en inglés);[4]
- El juicio de experto de los analistas especializados que conforman el equipo del banco que trabaja ejecutando estos procedimientos.
Para aquellas bolsas de valores y reguladores que no califiquen para ser incluidos en las listas anteriormente mencionadas, pero existe un interés especial por parte del negocio y/o función de soporte respectiva de incluirlas para optimizar sus operaciones por estrategia y/o volumen de transacciones; se recomienda establecer un procedimiento interno de excepción de reconsideración dirigida a la directiva del banco que administre el programa de prevención de lavado de dinero respectivo. Según el procedimiento, se debe documentar las razones por la cuales se está solicitando dicha consideración, incluyendo el alcance e impacto de la solicitud y cualquier información o documentación adicional que pueda servir como soporte del caso específico para su inclusión en las listas mencionadas. Este procedimiento debe ser revisado y aprobado por las instancias correspondientes dentro de la entidad financiera.
[1] A nivel general, se conoce como fondo de inversión a una entidad jurídica conformada por un patrimonio constituido por el aporte de diversas personas, denominadas partícipes del fondo, administrado por una sociedad gestora responsable de su gestión y administración, y por una entidad depositaria que custodia los títulos y efectivo además de ejercer funciones de garantía y vigilancia ante las inversiones.
[2] Los Indicadores de gobernanza mundial (WGI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial proporcionan una clasificación de 215 países y territorios basados en seis dimensiones de gobernanza, incluida la estabilidad política, la eficacia del gobierno y el control de la corrupción. El informe es un proyecto agregado con clasificaciones a partir de 1996.
[3] El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un índice publicado anualmente por la Transparencia Internacional desde 1995 que clasifica a los países «por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, según lo determinado por evaluaciones de expertos y encuestas de opinión». El IPC generalmente define la corrupción como «el mal uso del poder público para beneficio privado». El IPC actualmente clasifica a 176 países «en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (altamente corrupto)».
Dinamarca y Nueva Zelanda son percibidos como los países menos corruptos del mundo, con una clasificación consistentemente alta entre la transparencia financiera internacional, mientras que el país corrupto más percibido del mundo es Somalia, con una clasificación de 9-10 de 100 desde 2017.
[4] La Federación Mundial de Bolsas, anteriormente Federación Internacional de los Campos de Valores, o Federación Internacional de Bolsas, es la asociación comercial de bolsas de valores, futuros y opciones reguladas públicamente, así como contrapartes centrales (CCP). Representa a más de 250 proveedores de infraestructura de mercado, incluidos CCP independientes que no forman parte de grupos de intercambio. Sus operadores de mercado son responsables de operar los componentes clave del mundo financiero. Tiene su sede en Londres, Reino Unido, y fue fundada en 1961.
