Singapur ha presentado este lunes ante el Parlamento una nueva propuesta legislativa con la que el Gobierno pretende combatir posibles injerencias extranjeras en asuntos de política interior, poniendo especial énfasis al control de los contenidos en redes sociales e Internet.
Antilavado de dinero / EuropaPress.
El Ministerio de Interior de Singapur ha explicado que esta propuesta, bajo el nombre de Ley de Interferencia Extranjera posibilita al Gobierno y a sus funcionarios para exigir a las grandes plataformas como Facebook o a los proveedores de Internet la eliminación de toda aquella información, que difundida por agentes extranjeros, se considere dañina para los intereses del Estado.
«El proyecto de ley fortalecerá nuestra capacidad para prevenir, detectar y desarticular la interferencia extranjera en nuestra política nacional a través de campañas de información hostiles y el uso de poderes locales», ha señalado el ministerio en un comunicado del que ha se hecho eco la agencia Bloomberg.
Se espera que la propuesta legislativa cuente ampliamente con el visto bueno del Parlamento, donde las fuerzas del conservador Partido Acción Popular (PAP) ocupan la práctica totalidad de los escaños de la cámara.
Este nuevo texto llega casi dos años después de una serie de leyes contra las noticias falsas, que permitieron al Gobierno ordenar a los proveedores de Internet bloquear contenido si no viene acompañado de una corrección de las autoridades o una nota adicional advirtiendo sobre los mensajes «engañosos» del mismo.
«Esto es especialmente necesario cuando el contenido puede causar un daño inmediato y significativo en Singapur, como incitar a la violencia o causar hostilidad entre grupos», argumenta la cartera de Interior.
Desde el Gobierno ha insistido durante mucho tiempo en la necesidad de sacar adelante una legislación de estas características bajo el argumento de que Singapur es «altamente vulnerable» a las campañas de desinformación que proceden del extranjero al tratarse de uno de los principales centros financieros no solo de la región, sino también a nivel mundial.
Ante la preocupación que ha levantado entre algunos sectores de la población, que consideran la ley un ataque a la libertad de expresión, el Gobierno ha recalcado que no se aplica contra aquellos ciudadanos que expresan su opinión libremente, salvo que actúen «por mandato de agentes extranjeros», ni contra los medios de comunicación de otros países «incluso si sus comentarios pueden ser críticos con Singapur o el Gobierno».
No obstante, las plataformas de redes sociales han expresado abiertamente su preocupación ante esta nueva ley, recordando que desde 2019, cuando se aprobaron las anteriores legislaciones contra las noticias falsas, el Gobierno ha estado sirviéndose de ellas para llevar a cabo la censura.
