El dominicano Luis Velázquez-Cordero (alias “El Pequeño”), imputado como el principal colaborador de César Emilio Peralta (César el abusador) fue procesado formalmente hoy en Nueva Jersey por lavado de 80 millones de dólares procedente del narcotráfico en los últimos cuatro años mediante una organización internacional que operaba desde la República Dominicana.
Antilavadodedinero / Elnuevodiario
“El Pequeño” fue procesado luego de ser extraditado a los Estados Unidos, anunció el fiscal federal de ese país, Craig Carpenito.
Velázquez-Cordero de 35 años, está acusado de cinco cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el lavado de millones en ingresos ilícitos proveniente de drogas. La acusación incluye una sentencia de decomiso de dinero por $ 80 millones, que representa una parte de la propiedad involucrada en el plan de lavado de dinero, de acuerdo a la acusación de las autoridades estadounidenses.
Velázquez Cordero fue arrestado en la República Dominicana el 28 de julio de 2020 y extraditado a los Estados Unidos. Fue procesado hoy por videoconferencia ante la jueza federal de distrito, Katherine Hayden.
Otros ocho implicados han sido acusados en un tribunal federal de Nueva Jersey por lavado de dinero y otros cargos relacionados con la misma conspiración internacional.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal desde agosto de 2016 hasta julio de 2020, Velázquez Cordero ordenó a los conspiradores que operaban en Nueva Jersey, Nueva York y Florida que recogieran millones en ganancias de drogas en efectivo de organizaciones de narcotráfico que operan en los EE. UU. e intercambiaran el efectivo por cheques de caja en bancos de EE. UU. Velázquez Cordero les proporcionó el monto de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que debían depositarse los cheques.
Agrega que luego, los cheques se depositaban en las cuentas de los beneficiarios, muchas de las cuales estaban controladas por corporaciones fantasma y se utilizaban exclusivamente como un medio para facilitar el lavado de las ganancias ilicitas de las drogas.
El esquema fue diseñado para ocultar la naturaleza, fuente, propiedad y control de las ganancias de las drogas ilegales a fin de evitar el escrutinio de las instituciones bancarias y de las fuerzas del orden público, y supuestamente resultó en $ 80 millones en efectivo de la venta de drogas ilegales que se transfirieron de nuevo a organizaciones en otros países dedicadas al tráfico de drogas.
Cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $ 500,000 dolares o el doble de la cantidad involucrada en el delito, la que sea mayor.
El Fiscal Federal Carpenito reconoció la labor de los agentes especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, División de Nueva Jersey, bajo la dirección de la Agente Especial a Cargo Susan A.
Gibson, así como a la División de Operaciones Especiales de la DEA; agentes especiales del IRS-Investigación Criminal, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Michael Montanez; oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, bajo la dirección de Troy Miller, Oficina de Campo de Nueva York; el Departamento de Policía de Morristown, Nueva Jersey, bajo la dirección del Jefe Interino Darnell Richardson; el Departamento de Policía de Clifton, Nueva Jersey, bajo la dirección del Jefe Interino Tom Rinaldi; el Departamento de Policía de Passaic, Nueva Jersey, bajo la dirección del Jefe Luis A. Guzman; el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, bajo la dirección del Comisionado Dermot Shea; la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York, bajo la dirección de la Fiscal Especial de Estupefacientes Bridget G. Brennan; la Fiscalía del Condado de Passaic, bajo la dirección de la Fiscal Camelia M. Valdes; y la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen, bajo la dirección del Fiscal Mark Musella, con la investigación que condujo a los cargos de hoy.
También agradeció a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (Dirección Nacional de Control de Drogas) y a su presidente, el almirante José Manuel Cabrera Ulloa; al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ), por su asistencia y colaboración en la investigación.
Este caso se está llevando a cabo bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones más serias de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, y las principales responsables del suministro de drogas ilegales del país.
El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Jonathan M. Peck de la Unidad de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero de la División Criminal en Newark.
Los cargos y acusaciones contenidos en la acusación son acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.
