El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en pedir a Cabo Verde garantías para el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en ese país desde hace un año por un caso de lavado de dinero abierto contra él en EE.UU.
Antilavadodedinero / swissinfo
«Ante los planes de Estados Unidos para ejecutar el secuestro del embajador Alex Saab, como parte de sus continuos ataques a la soberanía de nuestro país, Venezuela le hace un llamado a las autoridades de Cabo Verde para garantizar la integridad y seguridad del ciudadano venezolano bajo su custodia», dijo en un comunicado la Cancillería, que ha pedido en otras oportunidades su liberación.
Asimismo, reiteró su solicitud a Cabo Verde de «dar cumplimiento a la decisión adoptada el pasado 8 de junio por Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la que instruye a garantizar los derechos humanos» de Saab, incluyendo la «suspensión de su extradición» a EE.UU.
La administración venezolana recordó también el fallo del Tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) contra la extradición del empresario colombiano a EE.UU.
Las instituciones de Cabo Verde «han hecho caso omiso» al fallo, dijo la Cancillería al señalar que la Cedeao «exige su liberación inmediata».
El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio del año pasado cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras su detención, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.
El nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según un funcionario del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
