Somalia y Siria son considerados los países con mayor corrupción del mundo y Dinamarca y Nueva Zelanda los menos, según un informe publicado este martes por Transparencia Internacional (TI), que advierte de una «crisis democrática» por el surgimiento de líderes autoritarios y populistas.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), en el que suspende el 67 % de los 183 países analizados, Dinamarca y Nueva Zelanda obtienen 88 y 87 puntos, seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada uno.
En el vagón de cola se sitúan Somalia (10), Siria y Sudán del Sur (13), el Yemen y Corea del Norte (14).
España mantiene los 58 puntos del anterior informe y la posición 41, aunque queda claramente por debajo de la media europea, en 66 enteros.
TI subraya en el estudio el «vínculo entre corrupción y salud democrática» y lo corrobora con datos: la puntuación media de las consideradas «democracias plenas» es de 75, frente a 49 de las «democracias imperfectas», 35 de los «regímenes híbridos» y el 30 que, en promedio, obtienen los sistemas «autocráticos».
El informe destaca, además, la fuerte caída que ha experimentado Estados Unidos, que pierde cuatro puntos con respecto al estudio previo, hasta los 71, y cae hasta el puesto 22 (antes ocupaba el 18), un descenso notable en una clasificación de gran estabilidad que ha llevado a TI a denominar a la primera economía mundial «país en observación».
Entre las principales potencias emergentes, la India logra el puesto 78, con 41 enteros; China se sitúa en la posición 87, con 39 puntos, y Brasil le sigue en la 105, con 35.
Rusia, por su parte, queda relegada al lugar 138, con 28 puntos.
En América Latina, Uruguay (puesto 23, 70 puntos) y Chile (posición 27, 67 puntos) repiten como los países de la región percibidos como menos corruptos, mientras que en el extremo opuesto se encuentran Venezuela (lugar 168, 18 puntos) y Nicaragua (puesto 152, 25 puntos).
Para mejorar la lucha contra la corrupción y reforzar la democracia, TI recomienda a los gobiernos «fortalecer las instituciones» responsables de controlar al poder político, llevar a la práctica las leyes sobre delitos económicos, promover el activismo ciudadano y apoyar a los medios «libres e independientes».
ALD/EFE
