¿Pueden las plataformas digitales tener puertas traseras para que acceda la autoridad pública o debe privilegiarse al usuario para garantizar un máximo de privacidad a sus comunicaciones? Eric Iriarte, abogado especialista en derecho digital habla sobre este dilema que ha vuelve sobre la mesa con la detención en Francia del Jefe de Telegram.
La justicia francesa reprocha a Pavel Durov no haber tomado medidas contra el uso delictivo de su servicio de mensajería por parte de sus abonados, en particular por falta de moderación y cooperación con los investigadores. Telegram se ha comprometido a no revelar nunca información sobre sus usuarios. “A menos que crucen líneas rojas, no creo que debamos controlar la forma en que la gente se expresa», declaró Durov al Financial Times en marzo.
RFI: Durov se presenta como un heraldo de la libertad de expresión – su héroe es Edward Snowden- y defiende la confrontación de todas las ideas porque, de lo contrario, se corre el riesgo de caer rápidamente en el autoritarismo, dice. Al mismo tiempo, los gobiernos precisan de dichas informaciones encriptadas para luchar contra el cibercimen. ¿Cómo zanjar?
Eric Iriarte: Esta no es una discusión nueva y ha tenido momentos críticos desde cuando Snowden reveló que muchas plataformas habían otorgado puertas traseras a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) hasta lo que ha ocurrido recientemente con Telegram, la plataforma que mayor privacidad ofrecía para los usuarios en las comunicaciones privadas.
El tema es que existe una responsabilidad por parte de las compañías cuando la autoridad pública requiere de su ayuda para una investigación. Hay casos extraordinarios. En Brasil, WhatsApp no ayudó a una investigación por un tema de una menor. Por ello, un juez ordenó el cierre de WhatsApp. Y, claro, bloquearon WhatsApp y eso tuvo una gran afectación sobre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, tuvieron que levantar el bloqueo porque el impacto era mayor que la acción concreta de este juez cuando, además, podía haber otras vías.
Europa ha ido avanzando con el Acuerdo de Cooperación de Budapest para luchar contra la cibercriminalidad que privilegia mucho la preservación de los derechos humanos. Un derecho humano es la privacidad. Si un gobierno cualquiera abre una puerta trasera, ¿qué pasaría si dicho gobierno fuera un gobierno autoritario? ¿Esta puerta trasera no afectaría también a la ciudadanía?
No estoy en la cabeza del dueño de Telegram. No sé si él piensa en Derechos Humanos, o piensa en que nada le afecta el negocio, o en los competidores; pero, evidentemente, la decisión de detenerlo por la utilización de terceros en su plataforma, aduciendo que él no está colaborando, puede sonar bastante arbitrario de parte de los gobiernos, del Gobierno francés, en este caso. La posibilidad de generar abusos y afectar la libertad de expresión puede ser real y tangible.
RFI. No es que haya una negativa rotunda de Telegram a no colaborar en momentos específicos en que se la ha solicitado. La plataforma ha cooperado regularmente con las autoridades judiciales, en 2022, amenazada de bloqueo por el Tribunal Supremo brasileño, Telegram aceptó cerrar cuentas acusadas de desinformación. Ese mismo año, Alemania acogió con satisfacción las conversaciones «constructivas» con el servicio de mensajería, popular entre los activistas locales de extrema derecha y anti-vacunas.
Eric Iriarte: En efecto. Pero estas compañías tratan de mantener su oferta de valor sobre sus reglas de privacidad. Hubo un caso con un iPhone en San Bernardino donde el FBI pidió a Apple que abriera una puerta trasera para poder desbloquear un celular y la empresa respondió que no: “acá hay una regla de privacidad que nosotros estamos ofertando a la ciudadanía y además eso podría ser mal utilizado o nos lo podrían pedir otros gobiernos”.
Un problema que hay detrás de todo esto es que el Internet es un fenómeno global, pero las regulaciones son locales. Entonces, es como si tuviéramos pequeños pedazos de Internet y entonces si yo pongo unas reglas en un país, a lo mejor las del país del costado no son las mismas y dependerá de donde está basada la aplicación para que apliquen determinadas reglas o no.
Parte de lo que se está avanzando en Naciones Unidas es en un acuerdo global sobre el tema de ciber criminalidad. Y algunos organismos de sociedad civil preocupados en Derechos Humanos denuncian que con ello se le está dando mucho poder a las autoridades y alertan sobre el daño que podrían hacer con ese poder ilimitado o acceso a puertas traseras a los sistemas.
También es cierto de que las empresas que están en un determinado país, tienen que colaborar. Pero, por ejemplo, Google no tiene oficina en todos los países. ¿Qué pasa en los lugares donde el país hoy está haciendo una investigación y no puede levantar la mano y decirle oye, necesito unos datos? Es como “balcanizar” el internet. La regulación de mi país prima por sobre el tuyo. Es una discusión bastante larga que lleva casi un par de décadas desde que se hizo la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y, lamentablemente, no logra resolverse el tema de cuándo, a quién y cómo se tiene que abrir las puertas de los sistemas.
RFI: Después de dejar Rusia; Telegram se instaló en Berlín, Londres, Singapur, San Francisco, hasta que optó por Dubai. No es gratuito que haya escogido este Estado del Golfo, ¿no?
Eric Iriarte: Claro. Y una pregunta que habría que hacerle a Durov sobre su instalación ahí, aparte de los beneficios tributarios -con lo cual está pensando en hacer un buen negocio- y sabiendo que los países árabes no son muy neutrales en ciertos temas, ¿“no tuviste que dar una puerta trasera a ellos”?
