Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo. Las personas sancionadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, con sus modificaciones, incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. Los funcionarios fueron designados por Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visas por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.
Funcionarios venezolanos DESIGNADOS
Las siguientes personas que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, “Bloqueo de propiedad y suspensión de entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del GOBIERNO DE V.
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es magistrado del TSJ, afín a Maduro, desde 2014 y actualmente se desempeña en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente se desempeñó como magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, según múltiples informes de prensa.
Además, según la cobertura de los medios, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Cámara Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro había ganado las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Malaquias Gil Rodríguez (Gil) es magistrado y se desempeña como presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ocupa un cargo en el Poder Judicial desde 2010.
Además, según fuentes fidedignas de los medios de comunicación, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es magistrado y se desempeña como vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del Ejército.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) encabeza el TSJ, alineado con Maduro. Rodríguez ha sido presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral.
Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los ex candidatos participantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estaba entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la afirmación infundada de victoria de Maduro.
Edward Miguel Briceno Cisneros (Briceno) es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo.
Además, según fuentes de prensa, Briceño giró una orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con opositores a quienes Maduro considera delincuentes.
Luis Ernesto Duenez Reyes (Duenez) es fiscal del Ministerio Público, una institución afín a Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela y se exilió en España el 8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y desde 2023 se desempeña como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, entidad alineada con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional alineada con Maduro desde enero de 2021.
Gil Pacheco ha obstruido la democracia al establecer una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al instituir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el Secretario General del CNE en funciones desde agosto de 2023.
Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los fiscales electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y demorando intencionalmente los procesos en los centros de votación. Antes de desempeñarse en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirmaba la inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es una fiscal que presta servicios en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según bases de datos de sanciones.
Pedro José Infante Aparicio (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas.
Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) es el Comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro, y se desempeña desde julio de 2021. Hernández se desempeñó anteriormente como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según diversas notas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.
Elio Ramon Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB acosó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado durante la campaña electoral, según numerosas fuentes de prensa. Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez (Larez) es el Comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez se desempeñó anteriormente como General de División de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández (Brito) es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente director de contrainteligencia de la delegación presidencial.
Brito es identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada llamada “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), alineado con Maduro, desde 2021.
El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales. Muñoz es uno de los principales líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo integrado por personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Grupo Pitbull tenía la tarea de hacer el «trabajo sucio» y no existían parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer. También se creía que el Grupo Pitbull era responsable de secuestros y asesinatos. Es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas a que le dieran dinero al Grupo Pitbull. El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos.
ACCIONES ANTERIORES DEL TESORO CONTRA FUNCIONARIOS VENEZOLANOS
La medida de hoy se suma a las múltiples medidas que la OFAC ha adoptado para sancionar a funcionarios venezolanos actuales o anteriores, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 en su forma enmendada, por tomar medidas antidemocráticas y violar los derechos humanos. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas, entre ellas:
Funcionarios venezolanos clave
- Nicolás Maduro Moros – sancionado desde 2017
- Tarek William Saab – sancionado desde 2017
- Jorge Elieser Márquez Monsalve – sancionado desde 2017
- Celia Adela Flores de Maduro – sancionada desde 2018
- Delcy Eloina Rodríguez Gómez – sancionada desde 2018
- Diosdado Cabello Rondón – sancionado desde 2018
- José David Cabello Rondón – sancionado desde 2018
- Marleny Josefina Contreras Hernández – sancionada desde 2018
- Vladimir Padrino López – sancionado desde 2018
- Jorge Jesús Rodríguez Gómez – sancionado desde 2018
- Remigio Ceballos Ichaso – sancionado desde 2019
- Nicolás Ernesto Maduro Guerra – sancionado desde 2019
Funcionarios militares y de inteligencia clave
- Gustavo Enrique González López – sancionado desde 2015
- Iván Rafael Hernández Dala – sancionado desde 2019
- Hildemaro José Rodríguez Múcura – sancionado desde 2019
- Rafael Enrique Bastardo Mendoza – sancionado desde 2019
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral
- Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso – sancionado desde 2017
- Carlos Enrique Quintero Cuevas – sancionado desde 2017
- Conrado Antonio Pérez Linares – sancionado desde 2020
- Fabio Enrique Zavarse Pabón – sancionado desde 2018
Funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia
- Gladys María Gutiérrez Alvarado – sancionada desde 2018
- Maikel José Moreno Pérez – sancionado desde 2018
- Calixto Antonio Ortega Ríos – sancionado desde 2018
- Luis Fernando Damiani Bustillos – sancionado desde 2018
- Arcadio de Jesús Delgado Rosales – sancionado desde 2018
- Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán – sancionada desde 2018
- Lourdes Benicia Suarez Anderson – sancionada desde 2018
- Juan José Mendoza Jover – sancionado desde 2018
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 13692. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC brindan más información sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta apropiada a una aparente violación.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de medidas coercitivas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona designada.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC no sólo se derivan de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
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