Un posible juego de intimidación se comenzó a gestar en el corazón del expediente Odebrecht. Así lo denunció el juez 25 penal, Romel Arévalo, luego de que la Fiscalía –en medio de una rueda de prensa– anunció a los nuevos imputados por presuntos nexos con este megaescándalo de corrupción internacional.
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Lo que detonó la indignación del togado y prendió las alarmas dentro del caso es que los 16 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) son precisamente los testigos de la defensa del hoy imputado Luis Fernando Andrade, exdirector de esa entidad.
Según la Fiscalía, el caso está relacionado con presuntas irregularidades en las adiciones del proyecto Ruta del Sol II. Sin embargo, para el juez se trata de una maniobra que amenaza el desarrollo del juicio; pero, ¿por qué tanta molestia?
Resulta que los señalados integraron durante 2012 y 2015 el Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI, razón por la cual la defensa de Andrade los citó en calidad de testigos para las audiencias que se realizaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 para que explicaran hechos que van desde la proyección hasta la celebración del contrato, así como la suscripción de cuatro otrosíes.
Un mes después de la última audiencia, esos testigos fueron imputados, alegando que desconocieron leyes de contratación y al mismo tiempo permitieron que el contratista asumiera los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar).
“Se dice que los van a citar por los hechos por los que voluntariamente decidieron rendir testimonio. Inicialmente, teníamos entre 10 y 12 testigos, pero llegaron solo ocho porque tienen miedo de represalias. La intención era atemorizarlos y lo lograron”, explicó Danna Salgado, abogada de Andrade.
El exdirector de la ANI y su defensa recordaron las irregularidades que han tenido que enfrentar desde el inicio y denunciaron que ha sido un proceso que han tratado de manipular desde diferentes aristas. A esa alerta se sumó el juez Arévalo, quien expuso las amenazas que ha recibido por el caso y los intentos de hackeo que ha sufrido.
“El escenario no puede ser más grave. Esto no es normal, es la primera vez que sucede en mi carrera”, expresó el togado.
Con la nueva imputación a los testigos, la defensa reclamó que la Fiscalía busca coaccionarlos, violando el derecho a la defensa. “De por sí es complejo buscar testigos, ahora es peor porque tienen miedo de los procesos judiciales que les vayan a iniciar aún sin tener nada que ver”, agregó Salgado.
Frente a esto, Andrade renunció a su derecho a guardar silencio e intervino para leer un comunicado en el que expresó su preocupación y advirtió que “los hechos anunciados por la Fiscalía para justificar las nuevas imputaciones son falsos, las pruebas entregadas por mis abogados son contundentes”.
Este diario intentó contactar a la Fiscalía por lo menos en dos oportunidades; sin embargo, nunca hubo respuesta.
Lo cierto es que para el juez Arévalo, el ente acusador busca afectar y frenar el proceso judicial, razón por la cual se despachó contra el fiscal del caso. “Me parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez de decidir sobre este caso. ¿Acaso me están enviando un mensaje?, ¿me están diciendo que si absuelvo, entonces, seré objeto de investigación o que si condeno también?, ¿qué es lo que quiere la Fiscalía?”, señaló.
Frente a la arremetida del togado, el delegado de la Fiscalía, Juan Delgado, dijo que no tenía conocimiento de nada. “Que los testigos estén intimidados seguramente puede pasar por la situación que se presenta”, explicó, indicando que Odebrecht tenía una modalidad de reclutamiento de funcionarios para enlodarlos con favores y pagos, pero aclaró que no se refería a los nuevos imputados.
El juez del caso concluyó que el proceso está quebrantado por las actuaciones del ente y sentenció que “nadie se siente tranquilo con la Fiscalía”.
Por ahora, la defensa de Andrade espera que para las audiencias programadas para abril los testigos acepten declarar de manera libre, sin necesidad de acudir a órdenes de un juez. “El problema es que nuestro sistema le permite a la Fiscalía hacer este tipo de cosas, si quieren seguir llamando testigos después de las audiencias, lo van a hacer”, aseguró Salgado.
“Es una persecución de la Fiscalía”
¿A partir de qué momento inició todo esto?
En 2018 fui detenido irregularmente con medida de aseguramiento domiciliaria. Comenzaron a aparecer drones en la ventana y nos escuchaban. Contraté una firma de seguridad y encontraron aparatos al otro lado de la calle con los que podían escuchar a través de los vidrios. Son herramientas de alta tecnología a las que solo tiene acceso el Estado.
¿Por que decidió exiliarse en Estados Unidos?
Las cosas se pusieron más graves cuando tuve contacto con Jorge Enrique Pizano. La información que recibí es que mi seguridad estaba en peligro y regresé a Estados Unidos. Por eso estoy vivo. Estoy seguro y puedo participar libremente en el juicio.
¿Ha pensado en regresar?
Me encantaría, me sacrifiqué mucho. Pero si la Fiscalía quiere, me tendrán en juicio hasta la eternidad.
