Las acusaciones de la Comisión del Senado brasileño que investiga la gestión de la lucha contra la pandemia son duras. Pero es poco probable que se acabe imputando cargos al presidente Bolsonaro, considera Thomas Milz.
Antilavado de Dinero / DW.
Hasta ahora, más de 600.000 brasileños han muerto a causa del coronavirus. En su informe final, una comisión del Senado acusa al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos en relación a su fallida gestión política de la pandemia. Incluyendo charlatanería médica, incitación al delito y crímenes de lesa humanidad. También se hacen acusaciones graves contra otras 65 personas.
Bolsonaro reaccionó . En un evento dijo que el comité no había producido «nada más que odio y resentimiento». De nuevo defendió el uso de antipalúdicos y vermicidas que han demostrado ser ineficaces para combatir el COVID-19. Después de todo, es decisión de cada médico cómo trata a sus pacientes, según Bolsonaro.
Un informe final puramente político
El presidente sabe que legalmente tiene poco que temer del informe final de la comisión, de 1.200 páginas. Por un lado, no es más que un borrador. En la próxima semana se discutirá en el Comité del Senado y probablemente será enmendado. Después, todavía tendrá que ser aprobado por la mayoría de los once miembros del comité.
Todavía existe margen de maniobra. Lo demuestra la rápida eliminación de dos pasajes controvertidos. Las denuncias contra Bolsonaro por asesinato y por genocidio de población indígena fueron retiradas en el último momento bajo la presión de senadores críticos con Bolsonaro. No había base legal alguna, adujeron, por lo que estas acusaciones dañarían la credibilidad del informe en su conjunto.
Pero incluso aunque las principales acusaciones se mantengan en la versión final y aprobada del informe, no tendrán ninguna consecuencia legal para el presidente, al menos en un primer momento. En última instancia, corresponde al Ministerio Público comprobar si existe realmente alguna prueba sólida de la comisión de los delitos mencionados.
Además, Bolsonaro tiene todavía un as en la manga. Corresponde al fiscal general Augusto Aras presentar cargos contra el presidente. Aras, designado por Bolsonaro en 2019, ha demostrado desde entonces ser un protector fiel del presidente. El hecho de que aspire a ser nombrado por Bolsonaro como magistrado de la Corte Suprema podría aumentar aún más su lealtad hacia su círculo. No se espera que Aras procese a Bolsonaro. Más bien, podría ser que archive el informe de la comisión «en un cajón», como se dice en Brasil.
Herramienta política
Por supuesto, la oposición, que tiene mayoría en la comisión de investigación, lo sabe. Por eso, está apostando a que al menos perjudique políticamente a Bolsonaro. En un año, los brasileños elegirán un nuevo presidente. El comité tiene toneladas de material para la campaña electoral de la oposición.
No le ha sido difícil recopilarlo: los fracasos del gobierno en la gestión de la pandemia son demasiado obvios, así como la abierta falta de voluntad de Bolsonaro para actuar. Al presidente parecía no importarle cuánta gente muere. Ni temía decirlo abiertamente. Lo más asombroso es la cantidad de brasileños que siguen siendo leales a Bolsonaro. Creen en la narrativa del presidente de que se trata simplemente de una campaña de venganza de la oposición.
Las comisiones, un mero espectáculo político
Tienen buenas razones para ello. No en vano, es cierto que las comisiones de investigación parlamentarias se han utilizado por la oposición como una herramienta política para cuestionar al gobierno. En la historia de Brasil, casi siempre han servido como un mero espectáculo político puramente partidista sin ninguna consecuencia real. En este sentido, el comité sobre la pandemia podría ser un punto de inflexión.
Es mérito de la comisión de investigación haber descubierto detalles previamente desconocidos del fracaso del gobierno. Quedó al descubierto la red de corrupción que rodea la compra de vacunas y medicamentos, en la que se han enredado políticos, funcionarios y empresarios progubernamentales. Es probable que estos pequeños peces se conviertan en peones sacrificados.
¿Y el pez gordo? A quien tiene que temer es a los votantes. Porque, una vez perdidas las elecciones y desalojado del cargo, Bolsonaro y compañía podrán ser procesados por la justicia ordinaria. Entonces se volvería a discutir quién fue exactamente el responsable de la falta de oxígeno en los hospitales amazónicos y quién es el responsable de la muerte de cientos de personas allí.
