Tortura, muerte, extorsión, alcohol, drogas: 35 años de fracaso de la Policía en cárceles.
antilavadodedinero / noticiasfides
Transcurrieron 35 años desde la promulgación de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas cuando la policía inició el control de las cárceles del país, y desde entonces las denuncias contra los efectivos por diversos delitos como cobros ilegales, extorsión, trato cruel y tortura, venta de drogas y alcohol, abuso de autoridad, entre otros, han sido parte de los titulares de prensa.
La situación se ha ido agudizando por la falta de preparación de los efectivos que nunca tuvieron el interés por capacitarse para la labor penitenciaria y rehabilitadora, por el contrario, por sus malas prácticas constituyen un mal ejemplo para los privados de libertad.
“Yo tengo la relación de todos esos años, la policía involucrada en corrupción, narcotráfico, prostitución, había fábrica de cocaína, fugas, entonces la policía se quema y se quema cada vez y no porque quiera, sino porque hay un nivel de corrupción tan grande que te absorbe”, dijo el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos a ANF.
Agregó que los titulares de los periódicos han evidenciado la corrupción en las cárceles y esto también lo demuestra el 71% de reincidencia, entonces, “no se rehabilita en cárceles, esa es la evidencia del fracaso de la policía”.
Llanos recordó que con la aprobación de la Ley 1008 empiezan a entrar a las cárceles los narcotraficantes y con ellos mucho dinero y es ahí que la policía tiene interés en los recintos, no tanto porque le importe la rehabilitación, sino por la plata.
“Este es el inicio de la policía en cárceles para obtener recursos económicos, y a partir de eso no hay año o mes que no haya un titular que hable de la corrupción de la policía en cárceles”, remarcó.
El especialista indicó que, si bien las cárceles siempre fueron problemáticas, antes de la administración policial había orden, disciplina, no había droga ni alcohol ni ingresaba nada prohibido, “porque les interesaba la rehabilitación, hacían ejercicio en las mañanas, era un manejo penitenciario”.
Y era porque las cárceles estaban manejadas por civiles, por agentes, para la policía no había academia sino Escuela de Agentes de Policía, entonces “las cárceles eran manejadas por esos civiles, pero después llega la Policía y el control se les va de las manos”.
La Dirección de Seguridad Penitenciaria informó el pasado viernes que 15 policías carcelarios afrontan procesos disciplinarios y penales por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, aunque no especificó cuáles. El martes de esta semana, tres efectivos policiales del Centro de Reinserción Social para Jóvenes “Qalauma” fueron aprehendidos por traficar marihuana en ese recinto. En el penal de Chonchocoro otro efectivo fue procesado por trato cruel contra un interno. En octubre de 2021 policías del mismo penal se vieron implicados en la tortura y muerte de otro interno. La lista de delitos es larga y se repite año tras año. Sin embargo, no se conoce que haya sanciones penales contra los efectivos, por lo general son sanciones administrativas con cambios de destino o sin días de haber. La corrupción continúa.
Los cobros ilegales y extorsivos están naturalizados de la mano de la policía y los delegados de sección que aplican golpes y asfixia, según las denuncias constantes de los internos que llegan a ANF.
“Es decir, no hay el mínimo respeto a la condición del ser humano, y ahí interviene la política, los directores del régimen penitenciario, que hacen ver a esa institución como recaudadora de dinero en favor de algunos sectores”, dijo a ANF el abogado Jorge Quiroz.
Para el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca Apaza, la Policía se aplazó en la administración de las cárceles, debido a que nunca cumplió sus propios compromisos de un mayor control de los centros penitenciarios y mucho menos en su función rehabilitadora. Atribuyó el fracaso policial a su falta de formación académica en el tema penitenciario.
“Si hacemos una calificación del 1 al 10 decimos que la Policía se ha aplazado con un cuatro, siendo buenos todavía, el tema es que no ha cumplido sus propias expectativas, entonces eso depende de una estructura de formación académica, desde los centros académicos de oficiales o suboficiales y estudios posteriores, pero también está el tema de permanencia en el lugar, entonces no lo van a poder hacer porque el cambio continuo de destinos es su talón de Aquiles”, enfatizó.
Para Llanos, que cita a la criminología ambiental, hay policías que llegan a las cárceles con muchas ganas de cambiar las cosas, pero “no logran cambiar esa realidad, sino que a ellos los cambian, el barrio lo cambia, la zona lo cambia, la cárcel lo cambia; esa es la historia de los policías en las cárceles”.
El director de Seguridad Penitenciaria, Hernán Romero, informó a los medios sobre el traslado de 12 reclusos, luego de conocerse de la muerte de un interno en la cárcel de San Pedro, dijo que los uniformados ingresarán en un compromiso firme de no quebrantar la norma y de cumplir con la máxima seguridad, no permitirán al interior de San Pedro ni grescas ni agresiones ni más decesos.
Pero el quebrantamiento de la norma se da día tras día con los cobros no establecidos a los familiares, a las visitas, a los abogados, a los internos, y mirar a otro lado en casos de golpizas. Para Llanos, el anuncio de Romero es solo nominal. El trasladado de los 12 internos “es solo para aparentar que están haciendo, decir que se va a cambiar para no cambiar nada”.
Aseguró que “la Policía no han podido, no puede y no podrá administrar las cárceles debido a que no está preparada”.
Nadesdha Guevara, exdirectora del Servicio de Prevención para la Tortura (Sepret), consideró que se debe seguir el lineamiento del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) cuando se refiere a la transformación de las instituciones policial y militar respecto a su relación con la ciudadanía.
“Creo que ese es el principal reflejo que se ha dado desde una institución internacional de Derechos Humanos como es la CIDH para poder reflejar la situación de Bolivia respecto a los centros penitenciarios y particularmente sobre la función policial”, dijo Guevara a ANF.
Recordó que el Comité contra la Tortura en 2021 emitió nuevamente las recomendaciones de 2018 indicando que “la Policía debía seguir una transformación en esencia y en espíritu para tener no solamente más sensibilidad humana respecto a los privados de libertad sino también mayor formación técnica de las condiciones penitenciarias que deben de existir” debido a que “venimos décadas de funcionarios policiales que han asumido una posición de contradecir a todas las normativas de Derechos Humanos, funcionarios policiales que han hecho de los centros penitenciarios un espacio de corrupción y que no brindan realmente un servicio a la comunidad”.
Guevara remarcó que toda esta situación lo que ha ido haciendo es agudizar la problemática penitenciaria que también responde a una crisis de la justicia y “esta parte termina teniendo un resultado en torturas, tratos crueles, extorsiones, cogobiernos y esencialmente corrupción”.
Pero los policías no quieren formarse en temas penitenciarios, asegura Llanos, porque pese a que la Ley de Seguridad Ciudadana da la opción de quedarse en cárceles hasta la jubilación, “ningún policía lo ha pedido hasta ahora”.
Por el contrario, “ellos van a ir por momentos a las cárceles, por un año aprovechan todo lo que pueden y piden sus cambios, hacen sus fechorías y se van, entonces nunca se van a formar, no quieren formarse, no quieren ser penitenciaristas porque no es su vocación”.
Guevara indicó que las capacitaciones van a tener un efecto mínimo si es que se sigue teniendo impunidad en las torturas cometidas por los policías.
Recordó que hasta la fecha no se ha realizado la reforma del artículo del tipo penal de tortura ni se lo ha adecuado a los estándares internacionales de Derechos Humanos, sugerencia del Comité contra la Tortura hecha hace más de 20 años.
Además, dijo, que la Dirección de Régimen Penitenciario en sus acciones con privados de libertad no aplica en su integridad la Ley de Ejecución Penal.
“El tema fundamental es que tienen que tener una formación en derechos humanos profundamente humana, que entiendan la problemática de los privados de libertad y que siga el objetivo principal que es el de la rehabilitación”, enfatizó.
