Desde el inicio del sexenio, el cambio de coordenadas en materia de seguridad ha sido una de las prioridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la relación bilateral con EE UU. Durante 14 años ha estado vigente la llamada Iniciativa Mérida, un plan acordado en 2018 entre el Gobierno de Felipe Calderón y George W. Bush, volcado hacia las labores policiales, con entrega de equipo militar estadounidense y formación de las autoridades fronterizas. La hoja de ruta de López Obrador era terminar con Mérida y dedicar los antiguos recursos —casi 3.000 millones de dólares durante la primera década— para un nuevo plan más basado en la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El resultado es el Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente esta semana tras una reunión conjunta de ambas delegaciones lideradas por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el embajador de EE UU en México, Ken Salazar.
Antilavado de Dinero / El País.
El nuevo marco supondrá sobre todo una vuelta a la normalidad en la relación entre ambos países materia de seguridad. Durante los dos últimos años, la instrucción de López Obrador a todas las dependencias del Gobierno federal había sido echar el freno a los programas financiados por la Iniciativa Mérida. Un bloqueo que propició que la financiaron estadounidense se canalizara directamente con Estados y municipios. Fuentes conocedoras de las negociaciones reconocen que “ha sido una situación anómala que además generaba graves problemas para auditar ese dinero. En EE UU están muy contentos de volver al ámbito federal”.
“Hoy es el acta de nacimiento e inicio de operaciones de una nueva etapa entre México y EE UU”, anunció Ebrard durante la reunión del llamado Grupo de Alto Nivel de Seguridad. El pistoletazo de salida no contó de momento con cifra alguna sobre la financiación conjunta del plan. La puesta en escena se limitó a comunicar cinco subgrupos de trabajo: reducción de la violencia, crímenes transfronterizos, persecución de redes criminales, Defensa y Marina y un comité binacional de cooperación como brújula del trabajo administrativo entre los dos Estados.
El diseño de la operación es una de las primeras grandes diferencias con el plan anterior. Mérida se organizaba por bloques temáticos de trabajo -armas, migrantes, lavado de dinero- mientras que ahora la arquitectura operativa está basada en prioridades. Es decir, habrá temas transversales que recaigan en varios de los grupos. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México a su vecino del norte, es una de las cuestiones que ha ganado peso y presencia transversal. A la transferencia de tecnología, se añaden ahora un puñado de acciones: identificación de aduanas internacionales donde más volumen de tráfico existe, operativos policiales simultáneos en las dos orillas de la frontera y un nuevo registro nacional de armamento.
México ha redoblado su apuesta contra el tráfico de armas durante los últimos años. Además de la insistencia de la Cancillería en cada una de las reuniones bilaterales, o la reciente mención del tema por parte de López Obrador en su discurso en la ONU, el Gobierno demandó en agosto a 11 compañías estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal. El cambio de inercia se percibió también durante la reunión de esta semana.
El embajador Salazar reconocía expresamente que: “es una responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos que estas armas están viniendo desde EE UU”. Más de 200.000 armas de fuego, según estimaciones oficiales, ingresan cada año ilegalmente a México. El hincapié en los delitos cibernéticos, con la creación de un registro específico, y la atención al lavado de dinero, con mucho más peso del brazo más fuerte contra la corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son otras de las apuestas mexicanas en el nuevo marco.
El ya finiquitado Plan Mérida, volcado en la labores policiales, entró en vigor pocos meses después del arranque de llamada guerra contra las drogas. La salida de los militares a patrullar las calles decretada por el Gobierno de Calderón dejó un saldo de al menos 121.000 homicidios con armas de fuego y casi 40.000 desaparecidos. López Obrador pretende imprimir un giro hacia la prevención y el trabajo con las comunidades. “Se ha puesto mucho énfasis en la parte policial de Mérida, pero también ofrecía muchos programas en prevención y justicia. Por ejemplo, toda la asesoría del nuevo sistema de justicia o las salas de justicia social”, apunta Eunice Rendón, experta en seguridad.
La transición, advierten los expertos consultados, no será de golpe. Existen programas de Mérida que aún tendrán recorrido. Por ejemplo, en el marco aun de esa Iniciativa una empresa estadounidense acaba de renovar por cinco años una licencia para financiar proyectos de la sociedad civil mexicana en materia de seguridad. El rubro de la financiación y la transparencia son, sin embargo, las mayores incógnitas ahora mismo entre los analistas. Otro de los acuerdos recientes entre ambos países, el programa Quédate en México (Remain in Mexico) por el cual los solicitantes de asilo en EE UU deben esperar en el lado mexicano de la frontera, también está sufriendo de momento escasez de recursos. Y a nivel nacional, los expertos también reclaman que programas clave como el Sistema Nacional para la Prevención de Adicciones también está teniendo problemas de financiación.
