La imputación a un empresario radicado en Miami, señalado de participar en una multimillonaria red de tráfico de oro, arroja nueva luz sobre el rol de las islas del Caribe en el tráfico transnacional de oro.
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En un comunicado emitido el 23 de junio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense acusó a Jesús Gabriel Rodríguez Jr., propietario de la firma de transporte de valores Transvalue, del sur de la Florida, por «facilitar una operación de tráfico transnacional de oro ilícito por US$140 millones con el propósito de lavar dinero con presuntos vínculos con actividades criminales”.
Entre marzo de 2015 y septiembre de 2016, Rodríguez presuntamente usó una red de contactos para importar a Estados Unidos miles de kilos de oro extraído ilegalmente desde la isla caribeña de Curaçao, según una declaración jurada desclasificada que cita el comunicado del DOJ. La declaración jurada indicaba que el oro probablemente se «extraía y sacaba ilegalmente de Venezuela».
Los fiscales también alegan que Rodríguez contrataba intermediarios para asegurarse de que los cargamentos de oro pasaran la aduana del aeropuerto internacional de Miami —una tarea que implicaba el envío de documentación falsa que certificaba que el oro provenía de las Islas Caimán en lugar de Curaçao.
A su llegada a Estados Unidos, la firma de Rodríguez usaba sus vehículos blindados para transportar el oro importado, junto con dinero en efectivo, a una refinería cercana de propiedad de NTR Metals, subsidiaria en Miami de Elemetal, una de las mayores negociadoras de oro de Estados Unidos. La empresa al parecer tenía implementadas políticas internas para impedir el lavado de activos, incluida la prohibición de comprar oro de Curaçao, según el DOJ.
El oro importado era adquirido posteriormente con dinero «limpio» por cómplices que ganaban comisiones por adquirir el producto ilícito para NTR Metals, según el mismo comunicado.
Este no es el primer caso de tráfico de oro que implica a NTR Metals. En 2017, tres exempleados de la compañía se declararon culpables de lavado de dinero después de comprar miles de millones de dólares de oro ilícito procedente de Latinoamérica y el Caribe, según otros boletines de prensa del DOJ.
Las islas del Caribe como Curaçao y las islas Caimán, además de Aruba, se han convertido en convenientes puntos de tránsito para el oro de fuentes ilícitas con destino a Estados Unidos y otros lugares.
Por su ubicación estratégica entre países productores de oro en Suramérica y los lucrativos mercados de oro en Estados Unidos y Europa, estas islas sirven como rutas prácticas de paso para cargamentos de oro ilícito aéreos y marítimos con destino a clientes extranjeros.
Pero hay otras ventajas. Tal vez la más importante es que encaminar el oro de origen ilícito por medio de diversos intermediarios e islas del Caribe da a las redes traficantes una forma de encubrir el origen ilícito del metal.
En el caso de la red de la Florida, por ejemplo, se cree que el oro importado se extrajo de países suramericanos como Colombia, Venezuela y Perú, según declaraciones de Walter Norkin, fiscal adjunto del DOJ en el distrito sur de la Florida, citadas por EFE. Al llegar a Curaçao, el oro supuestamente se llevaba en avión a Estados Unidos, y luego a las Islas Caimán, para devolverlo nuevamente a Estados Unidos, en un intento obvio de ocultar los orígenes ilícitos del cargamento.
De hecho, cerca del 90 por ciento del oro que salió de Aruba y Curaçao entre 2014 y 2018 procedía de Venezuela, según un reportaje publicado en 2019 por el Miami Herald, que a su vez citaba fuentes del gobierno y documentos filtrados por la aduana arubeña. Gran parte de este, supuestamente llegaba al Caribe por medio de aviones privados, que hacían vuelos cortos entre islas. Aunque el oro importado parecía tener los papeles en regla, funcionarios de la isla afirmaron que su condición legal era cuestionable, según informó el Miami Herald.
En 2019, Curaçao prohibió la importación, exportación y tránsito de oro venezolano, y Aruba siguió el ejemplo poco después. Pero los investigadores creen que este sigue ingresando a las islas, luego de pasar por Colombia y otros países latinoamericanos, donde se “legaliza”, según informaciones de medios locales.
