Según la Fiscalía, José Trinidad Minota, Asael Argüello y Jorge Luis Horta se habrían puesto de acuerdo con magistrados del Tribunal de Cúcuta para obtener fallos de tutela a su favor que terminaron ocasionando una pérdida de por lo menos mil millones a la estatal petrolera.
Dentro de la investigación que la Fiscalía ha llamado el Pozo de la Dicha, ya hay dos exmagistrados del Tribunal Superior de Cúcuta condenados. Se trata de un caso de corrupción en el que, según el ente investigador,abogados y magistrados del tribunal habrían recibido dinero para condenar a Ecopetrol a pagar grandes sumas de dinero en fallos de tutela. Dentro de esas pesquisas, el ente investigador le imputó cargos a tres abogados que se habrían puesto de acuerdo con funcionarios judiciales para condenar a la estatal petrolera.
Se trata de José Trinidad Minota Quintero, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco, quienes deberán responder por los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado ,como intervinientes y concierto para delinquir. Después de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía solicitó al juez del caso que enviara a los juristas a la cárcel, mientras enfrentan este proceso, y el togado aceptó la petición. Ninguno de los tres aceptó los cargos.
Además de enviarlos a prisión, el juez hizo un llamado atención a los procesados y sus defensores por “las maniobras dilatorias utilizadas para evitar que se cumplieran las audiencias, como recusaciones infundadas, acciones de tutela contra los funcionarios judiciales encargados del proceso, entre otras”, aclaró la Fiscalía. Según la investigación, los abogados se pusieron de acuerdo con los exmagistrados del Tribunal Félix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo.
La Corte Suprema de Justicia ya condenó a 20 años de cárcel a los dos extogados por haber participado en un carrusel de fallos de tutelas que causó detrimentos a Ecopetrol por más de $137.475 millones. El alto tribunal los halló culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.
Según la investigación de la Fiscalía, entre 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal –integrada por el entonces magistrado Galvis y su homólogo Castañeda Cantillo– concedió varias sumas de dinero a los tutelanes a través de sentencias que eran falladas en contravía de la ley y que la Corte Constitucional revocó un año después, en 2012.
El ente investigador encontró que con 18 fallos de tutelas a favor de aproximadamente 580 accionantes de manera irregular y en perjuicio de la petrolera. Para cometer esta irregularidades, detalló la Fiscalía, los funcionarios judiciales de esa época concertaron previamente con varios de jueces y abogados litigantes.
ALD/Elespectador
