Un tribunal federal ordenó el cierre de una clínica de manejo del dolor en el área de Tampa y emitió sentencias contra los propietarios de la clínica y su ex médico para restringir su capacidad de recetar o distribuir opioides en un caso que alega violaciones de la Ley de Sustancias Controladas (CSA), según el Departamento de Justicia de EE.UU, anunciado hoy.
En una denuncia presentada en octubre de 2022, Estados Unidos alegó que la Dra. Vivian Herrero, Christopher Ferguson y Patricia Ferguson violaron la CSA al emitir recetas de sustancias controladas sin un propósito médico legítimo. La denuncia también alega que los Ferguson utilizaron Phoenix Medical Management Care Centers Inc., una clínica del dolor de Tarpon Springs, Florida, para distribuir ilegalmente sustancias controladas mediante la emisión de recetas ilegítimas. La denuncia alega además que dos pacientes de Phoenix murieron poco después de recibir recetas de opioides emitidas por el Dr. Herrero, y que la toxicidad de las drogas desempeñó un papel en esas muertes.
“Los profesionales médicos que facilitan el uso ilegal de opioides ignoran sus obligaciones bajo la ley”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para detener la prescripción, dispensación y distribución ilegales de medicamentos recetados potencialmente peligrosos”.
“La aplicación de la ley civil en virtud de la Ley de Sustancias Controladas continúa siendo una prioridad principal para nuestro distrito”, dijo el Fiscal Federal Roger B. Handberg para el Distrito Medio de Florida. “Perseguiremos a aquellos que busquen obtener ganancias financieras y de otro tipo de la distribución ilegal de sustancias controladas y, cuando corresponda, trabajaremos para sacarlos del negocio de las sustancias controladas”.
“Cuando los profesionales médicos no cumplen con las leyes federales establecidas en la Ley de Sustancias Controladas, ponen en peligro la seguridad y la salud de nuestras comunidades”, dijo la agente especial a cargo Deanne L. Reuter de la División de Campo de la DEA en Miami. “La División de Campo de la DEA en Miami sigue comprometida a trabajar con nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley para garantizar el cumplimiento de estas normas y reglamentos”.
La orden de la corte, ingresada el 29 de junio de conformidad con las estipulaciones acordadas, prohíbe permanentemente a los Ferguson trabajar en la distribución de sustancias controladas. La orden prohíbe a la Dra. Herrero recetar sustancias controladas durante 10 años y le prohíbe de forma permanente recetar sustancias controladas relacionadas con el manejo del dolor, además de otras restricciones. La denuncia alega que Herrero escribió recetas ilegítimas de poderosos opioides y otras drogas a pesar de signos evidentes de abuso o desviación y sin una base médica legítima. El tribunal también ordenó a los acusados que pagaran casi $20,000 en multas civiles según la capacidad de pago de los acusados.
El juez de distrito de EE. UU. Stephen Merryday ingresó el decreto de consentimiento en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.
El Escuadrón de Desviación Táctica de la DEA en la Oficina del Distrito de Tampa llevó a cabo la investigación. El caso fue manejado por los Fiscales Federales Auxiliares Lindsay S. Griffin y Kelley Howard-Allen y los Abogados Litigantes Scott B. Dahlquist y Thomas S. Rosso de la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia.
Las afirmaciones hechas en la demanda son simplemente alegaciones que Estados Unidos necesitaría probar si el caso llegara a juicio.
