Un tribunal federal de Delaware fijó el 23 de octubre como fecha de inicio de una subasta en que se ofrecerán acciones en una de las empresas matrices del refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, para pagar a acreedores que tienen laudos en contra del país sudamericano.
El proceso de subasta, que contempla un cronograma según el cual cualquier venta podría darse en un período de un año, podría definir la ruptura del séptimo mayor refinador de petróleo de los Estados Unidos, según informó Reuters
El juez Leonard Stark en Delaware esta semana aceptó una recomendación de un funcionario designado por la corte para organizar la subasta. Los ingresos por cualquier venta de acciones se usarían para pagarle a acreedores previamente aprobados por la corte.
Cualquier venta de Citgo sin la participación de Venezuela “nos debe doler”, dijo el viernes el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, a periodistas en Caracas. “No es el activo de Pdvsa, es el activo de todos los venezolanos”, agregó.
La lista de acreedores incluye a la minera Crystallex International, al productor petrolero ConocoPhillips a Siemens Energy y a la firma Red Tree Investments, quienes buscan recobrar unos US$ 2.700 millones reconocidos por laudos y tribunales de arbitraje internacional.
El Departamento del Tesoro estadounidense extendió este mes por tres meses hasta el 19 de octubre una licencia que protege a Citgo de los tenedores de un bono 2020 en incumplimiento de PDVSA. La licencia no congela la subasta, pero requeriría la aprobación de Estados Unidos para cualquier ganador en el proceso.
Tras una larga ola de expropiaciones ordenadas por el fallecido presidente, Hugo Chávez, y el incumplimiento del pago de billones de dólares en bonos emitidos por la estatal petrolera PDVSA, acreedores han acudido en masa a tribunales estadounidenses para obtener la ejecución de sus laudos en contra del país.
Un grupo separado de seis compañías recientemente ganó un caso ante una corte de apelaciones en Estados Unidos y se anexaría al caso en Delaware. Las empresas son O-I Glass Inc OI.N, Huntington Ingalls Industries HII.N, ACL1 Investments, Rusoro Mining RML.V, Gold Reserve GRZ.V y dos unidades de Koch Industries, quienes buscan recobrar unos US$ 3.460 millones.
El juez Stark desestimó el intento de Venezuela de detener la subasta. Venezuela había argumentado que las condiciones de la subasta no garantizarían el mejor valor para los activos y que el proceso debería retrasarse hasta que se resuelvan otros litigios pendientes.
“La objeción de las partes de Venezuela resulta poco convincente, particularmente a la luz de la larga historia de este caso”, escribió. “Simplemente no hay razón para retrasar más el inicio del proceso de venta”.
