La ley de 2018 adelantaba la edad de jubilación de los jueces y permitía un filtro político del sistema judicial.
Es un episodio más del choque entre la Unión Europea y Polonia, uno de los estados miembros que levanta más dudas sobre su respeto al Estado de derecho.
En esta ocasión, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha establecido la ilegalidad de la ley polaca aprobada en el 2017, que adelantaba la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios y que, además, incluía una distinción entre la edad de retirada de hombres (65 años) y mujeres (60).
Una iniciativa que en su momento, la Comisión Europea interpretó que abría la puerta a un filtro político de la judicatura, más aún cuando daba poderes discrecionales al ministro de Justicia, miembro del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), para retrasar la edad de jubilación, examinando caso por caso la prórroga de los jueces que lo solicitaran.
Una interpretación que ha compartido por dos veces el Tribunal de Justicia de la UE. En junio declaró contraria a las leyes europeas la normativa que hacía referencia a los magistrados del Tribunal Supremo, y ayer extendió el concepto a los jueces de los tribunales ordinarios.
Los críticos denunciaron desde el primer momento que el Gobierno del PiS buscaba reemplazar a los jueces con figuras políticamente fieles para asegurarse el control de la judicatura. En cambio, desde el Gobierno se argumentaba que se quería mejorar la eficiencia del sistema judicial y remover los residuos de la era comunista.
Intervención política
El ministro de Justicia podía decidir la retirada de los jueces caso por caso
En su argumentación, el tribunal europeo considera que la norma establece condiciones discriminatorias basadas en el sexo, y rechazó el argumento del Gobierno polaco de que suponía una medida de discriminación positiva.
En un segundo punto, la sentencia establece que los poderes que se conceden al ministro de Justicia de autorizar o denegar a un juez de ejercer más allá de la edad de jubilación “engendran dudas legítimas respecto a la impermeabilidad de los jueces afectados con respecto a elementos exteriores y a su neutralidad.” Vocabulario jurídico para señalar un riesgo de interferencia del poder político sobre el judicial.
Desde Varsovia, el ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó considerando que la sentencia se refería a una situación del pasado, que no se corresponde con las normas actuales. “Las críticas de la Comisión Europea ya fueron tenidas en cuenta” en una ley de abril del 2018, según el Ministerio. En todo caso, la Comisión exige además que se corrija la situación de los jueces afectados por la norma durante el tiempo en que estuvo plenamente en vigor.
