El máximo tribunal electoral de Brasil desestimó por unanimidad las acusaciones que buscaban revocar el mandato parlamentario del exjuez Sergio Moro. Conocido internacionalmente por llevar a Luiz Inácio Lula da Silva a la cárcel y quien mantendrá su curul en el Senado.
Los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral concluyeron que el exjuez no incurrió en abuso de poder económico en las elecciones de 2022, en las que obtuvo un mandato de ocho años como senador. Esto confirmó la sentencia dada por la justicia regional electoral de Paraná en abril pasado.
Según el pleno del máximo tribunal no existen pruebas contundentes de que el exjuez haya hecho un uso inadecuado de los recursos públicos ni de los medios de comunicación en las elecciones de 2022.
Supuestas irregularidades de Moro
A Moro, que en su etapa como magistrado condenó y encarceló a Lula, hoy presidente, y después fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019 -2022), con quien terminó enemistado, se le acusó de supuestas irregularidades en los gastos de su campaña para las legislativas de octubre de 2022.
Según las acusaciones, el exjuez hizo gastos para su campaña al senado superiores a los permitidos, porque inicialmente planeaba disputar la Presidencia de la República y después hizo otros gastos en la campaña legislativa.
Las investigaciones iniciales contra el exjuez se solicitaron por parte del Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera Lula, y por el Partido Liberal (PL), que encabeza Bolsonaro.
Las dos bases antagonistas, que no ven con buenos ojos a Moro, apelaron la decisión de la justicia de Paraná en un recurso en el que se unieron el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde. En esta apelación, insistieron en que el exjuez tenía ventajas sobre otros candidatos.
Sin abuso de poder económico
Durante el juicio, el magistrado instructor del caso, Floriano de Azevedo Marques, tras una extensa argumentación en la que citó vacíos jurídicos, señaló que, pese a que algunos de los gastos de Moro podrían calificarse como “censurables”, no se pueden enmarcar como un caso de abuso de poder económico.
En su votación, el magistrado también destacó que tampoco se puede considerar una intención predeterminada de Moro de lanzar una candidatura simulada a la presidencia, con el objetivo de aumentar artificialmente el límite de gasto, para, posteriormente, obtener beneficios sobre sus competidores en la disputa por el Senado en representación de Paraná.
La decisión del juez instructor fue seguida por los otros seis miembros del tribunal, que justificaron sus posiciones con base en los gastos reportados durante la campaña por el exjuez, entre los cuales, los relacionados con alimentación, propaganda, alquiler de automóviles y contratación de bufetes de abogados.
