Además de este asunto, la FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, misma que fue librada por un juez federal en el Estado de México.
Un tribunal federal frenó la absolución de Rosario Robles en el caso conocido como la Estafa Maestra por el que permaneció tres años en prisión preventiva justificada.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación suspendió la resolución dictada el 30 de noviembre de 2023 en el que se canceló el proceso penal contra Robles por ejercicio indebido del servicio público por no hacer nada para evitar el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando ella encabezó Sedesol y Sedatu.
Esto, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un amparo directo contra la resolución que confirmó la absolución de Robles, por lo que el tribunal de Apelación suspendió su ejecución.
“Se recibe el escrito por el cual se promueve demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva señalada, se suspende de plano la ejecución de la citada resolución y se ordena emplazar a las partes”, señalaron los magistrados.
La demanda de garantías busca reactivar el proceso penal contra Robles que para cuando fue cancelado ya estaba en la etapa de juicio y fue admitida a trámite por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
La absolución de Robles fue emitida al aplicar un criterio que consideró que los hechos por los que la ex funcionaria fue procesada no son delitos sino faltas administrativas debido a que la fecha en la que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que fueron cometidos, no estaban contemplados en el Código Penal Federal.
Además de este asunto, la FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, misma que fue librada por un juez federal en el Estado de México.
Aunque la exsecretaria de Estado tiene una suspensión contra la orden de aprehensión, esta medida no impide a las autoridades ejecutarla porque delincuencia organizada es un delito grave.
Sin embargo, la FGR no ha ejecutado la orden ni ha precisado la razón de esta omisión.
