Los expertos afirman que el gobierno del presidente Donald Trump podría estar facilitando que los criminales se salgan con la suya en casos de lavado de dinero y soborno, al abandonar la aplicación de leyes que apuntan a las empresas fachada y la corrupción corporativa.
La administración Trump anunció que dejaría sin efecto dos leyes clave en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), que buscaba frenar el lavado de dinero a través de empresas fachada, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), que prohíbe los sobornos en negocios internacionales.
El equipo de Trump también desmanteló varias unidades especializadas del Departamento de Justicia enfocadas en combatir la corrupción en el extranjero. Además, se reportó que planeaba hacer recortes drásticos a la unidad que investiga la corrupción en el interior de Estados Unidos.
El gobierno justificó estos cambios argumentando que las leyes imponían trámites innecesarios a las empresas y afectaban la competitividad de las compañías estadounidenses. Pero estas decisiones se contradicen con el discurso de Trump de mano dura contra el crimen organizado.
Estados Unidos es un centro financiero global importante para el crimen organizado en el que, según el Departamento del Tesoro, se lavan cerca de US$300.000 millones al año. Su papel crucial como centro financiero y sede de poderosas corporaciones sugiere que estos cambios tendrán un impacto significativo.
“Estamos retrocediendo en el tiempo y alejándonos de las mejores prácticas”, dijo a InSight Crime Scott Greytak, director de Incidencia Política de la oficina estadounidense de Transparencia Internacional. “Creo que pronto vamos a lamentar haber hecho esto”, agregó.
Hacer las empresas fachada grandes otra vez
Tal vez el cambio más significativo de la administración Trump haya sido debilitar la CTA, lo que, según los expertos, permitirá que los criminales continúen lavando dinero a través de empresas fachada en Estados Unidos sin temor a las autoridades.
Aunque es imposible saber con certeza cuánto dinero se lava a través de estas compañías, funcionarios y expertos independientes coinciden en que son uno de los mecanismos más importantes del crimen organizado para blanquear dinero. En América Latina, por ejemplo, organizaciones criminales han implementado esquemas de lavado multimillonarios mediante empresas fachada en los últimos años.
Las corporaciones estadounidenses se crean a nivel estatal, y la mayoría de los estados no exigen información sobre los verdaderos propietarios. Normalmente, solo se requiere un contacto legal. La CTA buscaba limitar la capacidad de los criminales de ocultarse detrás de estas empresas, exigiendo que informaran al gobierno federal quién es el verdadero dueño y gestor de la compañía y sus recursos.
Otras economías importantes del mundo ya han implementado requisitos similares para reportar la llamada “propiedad real”, y organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Mundial respaldan estas medidas.
Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 21 de marzo que no aplicaría los requisitos de la CTA sobre propiedad real a personas y empresas estadounidenses.
Ian Gary, director Ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency (FACTCOALITION), calificó la medida como “una subversión inconstitucional de la intención del Congreso”, mientras que la organización Global Financial Integrity la llamó “un retroceso importante en la lucha mundial contra el crimen financiero, la corrupción y los flujos financieros ilícitos”.
Durante su primer mandato, el Congreso aprobó la CTA pese a la oposición de Trump. Los detractores de la ley han argumentado que cumplir con la misma es confuso y representa una carga para las empresas. La Asociación Nacional de Pequeños Negocios (National Small Business Association, NSBA), por ejemplo, señaló que muchas compañías en Estados Unidos tienen un solo propietario/empleado, lo que dificulta entender quién debe reportar y cómo llenar los formularios.
Pero los defensores de la ley contra el lavado argumentan que los problemas pueden resolverse sin la necesidad de desecharla por completo. Proponen, por ejemplo, reducir el alcance de la definición de propietario real, simplificar los formularios o realizar más campañas educativas para pequeñas empresas.
“Había muchas formas en las que podían haber interpretado la ley de otra manera para que fuera más fácil cumplirla para las empresas”, dijo Greytak.
Incluso antes de la suspensión, la CTA enfrentaba varios obstáculos. El Departamento del Tesoro no tenía los recursos suficientes para examinar adecuadamente la información sobre la propiedad real de decenas de millones de empresas. Además, el acceso a la base de datos estaba limitado a las autoridades judiciales, de inteligencia y seguridad, lo que excluía a periodistas, académicos y otros actores que podrían contribuir a detectar irregularidades.
Asimismo, los opositores a la CTA ya estaban presentando demandas para anular la ley, casos que probablemente serán resueltos por una Corte Suprema mayoritariamente alineada con el enfoque desregulador de Trump. Mientras tanto, los defensores de la ley han lanzado sus propias acciones legales para intentar preservarla, pero por ahora, el retroceso sigue en pie.
La cancelación de las medidas anticorrupción
Los expertos señalan que la administración Trump también desmanteló otras iniciativas clave contra la corrupción en Estados Unidos.
El 10 de febrero, Trump ordenó al Departamento de Justicia suspender durante 180 días la aplicación de la FCPA, mientras se elabora una nueva guía de cumplimiento enfocada en promover la “competitividad estadounidense”. La FCPA, vigente desde 1977, prohíbe el pago de sobornos en el extranjero con fines comerciales.
América Latina y el Caribe han representado históricamente una gran parte de los casos enmarcados en esta ley: el 44% de los procesos desde su aprobación involucraron sobornos pagados en la región, según un registro de la Facultad de Derecho de Stanford y la firma global Sullivan & Cromwell.
Estas investigaciones suelen apuntar a casos de corrupción que, de otro modo, no serían procesados debido a debilidades institucionales en los países donde se producen. Grandes empresas estadounidenses y multinacionales –como Walmart, la firma de residuos Stericycle y el laboratorio Eli Lilly– han pagado sumas millonarias para resolver investigaciones por posibles violaciones de la ley.
Uno de los casos más notorios en los últimos años fue el de la constructora brasileña Odebrecht y su filial Braskem, que pagaron una multa récord de US$3.500 millones tras revelarse que las empresas habían sistematizado operaciones de sobornos que corrompieron a funcionarios en una docena de países.
Los expertos discrepan sobre si la suspensión del cumplimiento de la FCPA facilitará los sobornos internacionales. Una encuesta del centro de estudios de la Universidad de Chicago mostró que muchos economistas destacados creen que la medida aumentará la corrupción. Pero las firmas legales y los estudios de abogados señalan que otras leyes –dentro y fuera de Estados Unidos– todavía ponen en riesgo a las empresas que paguen sobornos.
“La idea de que estaríamos cómodos exportando corrupción al resto del mundo es absurda”, afirmó Greytak. “Pero tampoco creo que tenga el impacto real que dice tener el gobierno”, agregó.
El desmantelamiento de las unidades especializadas
Al mismo tiempo, la administración Trump tomó medidas para eliminar las unidades del Departamento de Justicia enfocadas en combatir la corrupción.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando el 5 de febrero ordenando el recorte de los equipos “anticleptocracia”, dedicados a construir casos contra funcionarios corruptos en el extranjero.
Durante el primer mandato de Trump y el inicio de la presidencia de su sucesor, Joe Biden, estos equipos trabajaron con aliados en América Latina y el Caribe para investigar esquemas de corrupción que derivaron en condenas y multas en países como Honduras, Panamá y Perú.
El memorando de Bondi instruyó al Departamento de Justicia a priorizar las investigaciones y los procesamientos contra “carteles y organizaciones criminales transnacionales”, aunque no está claro si eso incluye las redes de corrupción de las élites que antes eran objeto de estas investigaciones, y que son comunes en América Latina y el Caribe.
Recientemente, varios medios importantes en Estados Unidos señalaron que el Departamento de Justicia también planea recortar recursos a su unidad de integridad pública, que investiga casos de corrupción interna. Esta unidad ha procesado a altos funcionarios estadounidenses acusados de aceptar sobornos de entidades extranjeras, como el caso en curso contra el congresista demócrata Henry Cuellar, de Texas, acusado de recibir sobornos de un banco mexicano a cambio de influir en las decisiones del Congreso a favor del negocio.
