A pesar de que la Argentina abandonó el Grupo Lima por entender que se apoyaban sanciones contra el régimen de Maduro, la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvo una resolución para reportar operaciones sospechosas de los funcionarios venezolanos.
Antilavadodedinero / cronista
Las contradicciones de la política exterior encarada por Alberto Fernández no sólo son discursivas sino también pragmáticas. A pesar de que el Gobierno decidió la semana pasada abandonar el Grupo Lima que cuestiona al régimen de Venezuela, la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó que la Argentina mantendrá la alerta dictada en 2019 para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y narcotráfico de parte de los funcionarios que responden al presidente Nicolás Maduro.
Si bien Argentina decidió salir del Grupo de Lima que conforman más de 12 países de América latina por no avalar sanciones contra Caracas, mantendrá la resolución A-01-00000176-3/2019 de la UIF que instruyó a todas las entidades nacionales que emitan un «Reporte de Operación Sospechosa» (ROS) en los casos de operaciones «vinculadas con el Gobierno ilegítimo de Venezuela». Esa resolución señala en particular a operaciones con funcionarios de ese gobierno entre los que enumera a Nicolás Maduro, su vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre un centenar de nombres.
La nota de la UIF fue firmada en enero de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri por la entonces vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, y se envió a entidades y personas que puedan realizar actividades tales como la compra y venta de inmuebles u otros bienes.
La UIF indicó allí que «en el marco de la alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela (en adelante «alerta») dictada por esta Unidad de Información Financiera el día 17 de enero de 2019 y comunicada a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiación del terrorismo». A la vez instó a que «adopten una debida diligencia reforzada sobre los debidos sujetos enumerados en el Anexo I». Ese anexo contiene «los nombres de un centenar de funcionarios del gobierno de Venezuela así como otras 24 empresas de distintos rubros».
Allegados al actual presidente de la UIF, Carlos Cruz, expresaron que «No hubo cambios. No se pueden adelantar los pasos a seguir. Pero por el momento no habría cambios». La respuesta se dio ante una consulta puntual sobre la ratificación de la alerta que se dio durante la gestión de Macri desde la UIF contra el gobierno de Maduro y en función a los lineamientos que planteaba el Grupo Lima que ahora la Argentina abandonó.
La dicotomía entre la decisión de dejar el Grupo Lima y mantener la alerta de la UIF resulta visible. En el comunicado de la semana pasada que emitió la Cancillería al anunciar la decisión de Alberto Fernández de dejar atrás al Grupo Lima se advirtió que «en un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables». Así, la Cancillería cuestionó de manera directa el accionar del Grupo Lima que lideran Colombia, Chile y Perú bajo el auspicio de Estados Unidos.
Sin embargo, la UIF mantendrá la alerta que busca perseguir los movimientos sospechosos de al menos 96 funcionarios del régimen de Venezuela a los que el Grupo Lima denuncia con riesgo financiero. En la alerta de enero del 2019 de la UIF que aun está vigente y a la que accedió El Cronista se detalla que el seguimiento de los movimientos de cuentas bancarias y operaciones de los funcionarios de Venezuela se realiza «atento a los riesgos en que podrían incurrir si se realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Maduro y su entorno o cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional».
De esta manera, la UIF está facultada hasta ahora para seguir las operaciones financieras sospechosas del régimen de Maduro y eventualmente congelar activos de sus funcionarios en el caso de que afecten a bancos o entidades de la Argentina.
En el listado de las personas al que hace referencia el anexo de la alerta de la UIF se encuentra el propio presidente Maduro, seguido por la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramirez, el ex ministro de Educación Elías José Jaua y los poderosos Tareck El Aissami (vicepresidente) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Constituyente), entre otros.
También se hace referencia en la alerta sustentada por el entonces titular de la UIF, Mariano Federici, a 24 empresas venezolanas conectadas con el gobierno de Maduro, varias de ellas petroleras como Bariven o de agroalimentos como Bonuela, la Comercializadora de Suministros Regionales del Caribe y Venezolana de Exportaciones e Importaciones, entre otras.
El listado de empresas que se someten al seguimiento de operaciones sospechosas buscado por la UIF que coincide con el que armó el Grupo de Lima. Se pide a entidades bancarias y otros organismos públicos a reportar las operaciones sospechosas por «el riesgo que pudieran representar para la integridad del orden económico y financiero de la Argentina».
La mención del «gobierno ilegítimo» de Venezuela a la que hace referencia la alerta de la UIF que aún está en vigencia resulta ser contradictora con el mandato de Alberto Fernández que reconoce a Maduro como presidente venezolano y rechaza la presidencia interina de Juan Guaidó por tratarse de «ilegal».
Entre las misiones de la UIF desde su creación está la orden de «prevenir, detectar y contribuir al control penal del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, al recupero de bienes producto del delito y al desarrollo de propuestas político-criminales en la materia».
Apenas asumió en la UIF, Cruz destacó que bajo su gestión buscará «cumplir con todos los compromisos a nivel internacional asumidos por Argentina, con multiplicidad de organismos e instituciones internacionales de Naciones Unidas, los principios del Tratado de Roma, los acuerdos con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y los acuerdos de integración con el Grupo Egmont (la organización que nuclea a 164 UIF del mundo). Esa es la directriz en la cual nosotros pensamos enmarcar nuestra gestión», dijo. Al parecer, la persecución al régimen de Venezuela formará parte de este norte en la UIF a pesar de que ello se contraponga con la línea diplomática que encara el gobierno con el régimen de Maduro.
La misma UIF que lidera Cruz en marzo del 2020 ratificó una querella contra Lázaro Báez y pidió una una pena de nueve años de prisión para el empresario kirchnerista en el marco de la causa conocida como «la ruta del dinero K», donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de u$s 60 millones. Esta causa podría complicar también a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
