La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.
Antilavadodedinero / Eleconomista
Con la finalidad de que las actividades vulnerables identifiquen de manera más acertada operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá su guía anticorrupción para los sujetos obligados a la ley antilavado.
De acuerdo con esta instancia, dicha guía tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.
“A través de ella se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas que, a nivel internacional han establecido los organismos intergubernamentales, como la debida identificación del cliente, beneficiario final y persona políticamente expuesta, así como la realización de una evaluación del riesgo”, indicó la UIF en una nota informativa.
Este paso de la UIF es similar al que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que emitió hace algunos meses la guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano y donde enfatizó en la importancia de poner una vigilancia especial en las personas políticamente expuestas, que son aquellas que por su labor en la función pública pueden representar algún riesgo de corrupción.
Para la UIF, la guía que emitirá para los sujetos obligados, y que se encontrará disponible en su portal, enlistará de manera enunciativa, más no limitativa, algunos factores de riesgo y mitigantes relevantes para la corrupción relacionados con las personas políticamente expuestas o personas relacionadas con ellas; jurisdicción o área geográfica; así como el producto, servicio y canal de envío o distribución.
Los sujetos obligados a la ley antilavado son aquellos que realizan alguna de las 16 actividades vulnerables, como el arrendamiento o comercialización de bienes inmuebles, venta de autos, joyas, entre otros, y que superen ciertos montos de acuerdo a su actividad.
