La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuatro mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representan un monto superior a los tres mil 787 millones de pesos, la cifra más alta en los últimos 10 años.
De acuerdo con datos oficiales de la UIF, el año pasado se presentaron 98 denuncias por presuntos delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que representó una caída de 41 por ciento frente a los 166 casos registrados en 2023.
La disminución en el número de denuncias durante el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también es la primera que se registra desde el 2020. En total, las 98 denuncias implican a 854 sujetos.
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Rolando Quintana, experto en derecho fiscal, consideró que la baja en el número de denuncias se puede atribuir a por lo menos dos factores: el cambio de gobierno federal y una nueva estrategia de seguridad por parte de la UIF.
En entrevista, el especialista recordó que en los cambios de sexenios es común que los esfuerzos de las instituciones se enfoquen en cerrar proyectos prioritarios o preparar la transición para el próximo gobierno.
La caída en el número de denuncias podría ser indicativa de un cambio estratégico hacia investigaciones de mayor impacto
“Aunque la caída en el número de denuncias es significativa, el aumento en el monto de las cuentas bloqueadas podría ser indicativo de un cambio estratégico hacia investigaciones de mayor impacto”, precisó Quintana.
El año pasado, el organismo incorporó a 316 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), alcanzando un acumulado de seis mil 993 individuos relacionados con posibles actividades ilícitas.
El cambio de gobierno y la nueva estrategia de seguridad podrían explicar la baja en las denuncias, opina Rolando Quintana
Además, se mantienen bloqueadas 45 mil 890 cuentas bancarias, lo que impide el uso de recursos de procedencia dudosa.
“La UIF pudo haber adoptado un enfoque más focalizado, priorizando investigaciones de mayor relevancia o impacto financiero. Este enfoque puede implicar un análisis más profundo y demorado en lugar de un volumen elevado de denuncias”, agregó el especialista.
La semana pasada, el senador Javier Corral Jurado presentó un dictamen para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
El proyecto tiene como objetivo responder a las observaciones que México recibió en 2018 por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero a través de las organizaciones del narcotráfico y financiamiento al terrorismo.
En dicho informe, el GAFI reconoció que México cuenta con un marco legal e institucional sólido, así como un sistema maduro para la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.
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Sin embargo, el organismo internacional también señaló deficiencias respecto a la aplicación de medidas preventivas y la supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas en México, también conocidas como “actividades vulnerables”.
“México podría hacer más para garantizar que las autoridades pertinentes estén mejor equipadas con las herramientas correctas en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades, a fin de que sean capaces de detectar y desbaratar el financiamiento al terrorismo en forma efectiva”, de acuerdo con el documento.
En los próximos meses, el GAFI, que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, hará una quinta ronda de evaluaciones sobre las recomendaciones emitidas, al igual que revisará los avances en otras áreas de trabajo.
“El objetivo fundamental de la propuesta consiste en procurar la estabilidad del sistema financiero y la sanidad de la economía nacional; México fue sometido a un proceso de seguimiento intensificado conforme a los procesos de GAFI”, subrayó el morenista Corral Jurado.
